La ley, mejor que el pacto

La esperada proposici¨®n de Ley Org¨¢nica de amnist¨ªa ¡°para la normalizaci¨®n institucional, pol¨ªtica y social en Catalu?a¡± fue registrada este lunes en el Congreso de los Diputados con la firma en solitario del PSOE. El hecho de que el Grupo Socialista solicite su tramitaci¨®n por el procedimiento de urgencia supone reducir a la mitad los plazos de elaboraci¨®n de la ley ¡ªque precisar¨ªa de todo el debate y del mayor consenso posible¡ª, pero no impedir¨¢ que cada grupo parlamentario tenga la oportunidad de ofrecer sus argumentos a favor o en contra de una iniciativa que corresponde aprobar a las Cortes como expresi¨®n de la soberan¨ªa popular.

El texto conocido este lunes pone fin a semanas de especulaciones en torno a una medida de gracia exigida por Esquerra Republicana y Junts como condici¨®n imprescindible para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez. La proposici¨®n de ley contiene una larga exposici¨®n de motivos, 16 art¨ªculos, dos disposiciones adicionales y una final. Las citadas disposiciones adicionales reforman el C¨®digo Penal y la ley del Tribunal de Cuentas para incorporar expresamente la amnist¨ªa como mecanismo de extinci¨®n de la responsabilidad penal y contable. Se percibe ah¨ª la voluntad de evitar cualquier hueco judicial que pudiera utilizarse para dejar sin efecto una norma criticada desde mucho antes de darse a conocer.

La amplia exposici¨®n de motivos parece redactada para justificar la proposici¨®n ante la ciudadan¨ªa tanto o m¨¢s que ante los legisladores o ante los tribunales que puedan estudiar futuros recursos en contra. Adem¨¢s, hace hincapi¨¦ en que constituye una excepci¨®n a las normas ¡°plenamente vigentes¡± para desmentir a quienes apuntan que la amnist¨ªa deja impunes potenciales actos futuros como los cometidos en el pasado en Catalu?a.

La alusi¨®n no expl¨ªcita al art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n certifica, de hecho, que su aplicaci¨®n ante la declaraci¨®n ilegal de independencia de Catalu?a en 2017 fue perfectamente leg¨ªtima. Y que, por lo tanto, llegado el caso, volver¨ªa a serlo. Tampoco menciona expl¨ªcitamente ninguna de las ilegalidades cometidas durante el proc¨¦s, pero la norma conocida este lunes no da la raz¨®n a quien en su momento incumpli¨® la ley, aunque le exima de la responsabilidad penal, administrativa o contable en nombre del inter¨¦s general y de la convivencia.

Al contrario que en el relato de antecedentes que acompa?¨® el jueves pasado el pacto pol¨ªtico del PSOE con Junts, en el pre¨¢mbulo de la ley puede verse reflejada una amplia mayor¨ªa de espa?oles, incluidos los catalanes no independentistas.

Si en aquel texto se entregaba la presentaci¨®n del pacto a un argumentario lleno de lagunas hist¨®ricas y ret¨®rica procesista que ignora a la mitad de los catalanes, ahora el pre¨¢mbulo afirma inequ¨ªvocamente que ¡°desde el a?o 1978 Espa?a cuenta con un texto constitucional homologable al de los pa¨ªses de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideol¨®gicos y pol¨ªticos de todos¡±. Sobre las tentaciones unilaterales se muestra igualmente claro: las metas que conseguir dentro del marco constitucional son plurales, pero ¡°todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jur¨ªdico nacional e internacional¡±.

Esta es la ley de amnist¨ªa que votar¨¢n quienes le den su aprobaci¨®n en el Congreso, en la que no aparece ninguna referencia al lawfare, la persecuci¨®n judicial por motivos pol¨ªticos, que s¨ª se menciona en el pacto pol¨ªtico, cuya confusa redacci¨®n provoc¨® la alarma de todo el mundo jur¨ªdico.

En definitiva, y a la espera del debate parlamentario y del pronunciamiento del Tribunal Constitucional por los m¨²ltiples recursos que se anuncian, la ley llamada a iniciar una nueva etapa en Catalu?a es s¨®lida y mejora considerablemente los mimbres pol¨ªticos del acuerdo entre el PSOE y Junts.

Estamos, sin duda, ante el proyecto m¨¢s controvertido de la legislatura de Pedro S¨¢nchez y no solo porque condiciona su puesta en marcha. Ahora que ya se conocen su articulado y su factura t¨¦cnica, ser¨ªa un error que el Gobierno renunciara a explicar a fondo la oportunidad y la finalidad ¨²ltima de la medida, as¨ª como el alcance de sus consecuencias.

Sus promotores deber¨¢n transmitir con claridad a la ciudadan¨ªa las razones que los llevan a internarse en una v¨ªa de esta trascendencia. Tratar a los ciudadanos como adultos supone reconocer de entrada algo que no tiene lugar en el pre¨¢mbulo de una ley: que la medida de gracia se tramita ahora porque a Pedro S¨¢nchez le hacen falta los votos de Junts para reeditar el Gobierno de coalici¨®n. El candidato tendr¨¢, por lo tanto, que enmarcarla en los objetivos generales de la legislatura.

Cuando en septiembre pasado exigi¨® la amnist¨ªa como una de las condiciones para apoyar la investidura del candidato socialista, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reivindic¨® un acuerdo en el que la sociedad catalana pudiera reconocerse. Ten¨ªa raz¨®n. Pero toda la sociedad catalana. No hay que olvidar que m¨¢s de la mitad de esa sociedad no quiere la independencia, pero una inmensa mayor¨ªa apuesta por la concordia. Tambi¨¦n el conjunto de la sociedad espa?ola deber¨ªa poder reconocerse en el nuevo escenario pol¨ªtico. A pesar de tener enfrente a una oposici¨®n empe?ada en una espiral de hip¨¦rboles apocal¨ªpticas, corresponde al Gobierno velar por que sea as¨ª.