La ley de amnist¨ªa se convierte en una pesadilla para la UE

Una crisis pol¨ªtica se est¨¢ gestando en Europa en torno al abuso de las leyes con fines pol¨ªticos. El casus belli es el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno espa?ol, Pedro S¨¢nchez, con Junts, el partido independentista catal¨¢n liderado por Carles Puigdemont, antes de la votaci¨®n de investidura la pasada semana. Los acontecimientos encierran el riesgo de extenderse mucho m¨¢s all¨¢ de Espa?a. Incluso podr¨ªan echar a pique la adhesi¨®n a la UE de una Escocia independiente.

El elemento central del acuerdo entre S¨¢nchez y Puigdemont es una ley de amnist¨ªa para los dirigentes catalanes. Normalmente, no es algo que un Parlamento tenga capacidad para decidir. Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, escribi¨® una carta al Gobierno espa?ol en la que expresaba su alarma ante la idea de que una amnist¨ªa pol¨ªtica invalide una resoluci¨®n legal de un poder judicial independiente. La oposici¨®n espa?ola coincide con Reynders. Pero, hoy en d¨ªa, todo el mundo interfiere en los procesos judiciales.

Richard Nixon es famoso por haber respondido a una pregunta de David Frost: ¡°Bueno, si lo hace el presidente, significa que no es ilegal¡±. La ley de amnist¨ªa espa?ola tiene algo de nixoniana. El pacto amnistiar¨ªa a los catalanes independentistas que colaboraron con el refer¨¦ndum de 2017. Tambi¨¦n levantar¨ªa la orden de detenci¨®n contra Puigdemont, que era presidente de Catalu?a en el momento del refer¨¦ndum. El s¨ª obtuvo una victoria aplastante, con una escasa participaci¨®n. La votaci¨®n desencaden¨® una feroz reacci¨®n de las autoridades espa?olas (otro caso de pol¨ªticos incoando procesos judiciales). Puigdemont huy¨® del pa¨ªs tras una ins¨®lita persecuci¨®n en coche y un cambio de veh¨ªculo bajo un puente. Actualmente es diputado del Parlamento europeo y no ha vuelto a Espa?a desde entonces.

El reglamento de procedimiento de la Uni¨®n Europea, que tiene tres a?os de antig¨¹edad, otorga a la Comisi¨®n el derecho a injerirse en la pol¨ªtica de un Estado miembro si sospecha que se ha infringido la ley europea. La Comisi¨®n siempre ha sido la guardiana del Derecho europeo, pero carece de derechos de aplicaci¨®n efectivos. La Comisi¨®n no ha adoptado un procedimiento de infracci¨®n contra Espa?a. Todav¨ªa estamos en la fase de redacci¨®n de cartas. La UE se enfrenta ahora al dilema de seguir sus propias normas o dificultar los apoyos parlamentarios del Gobierno de un gran Estado miembro. Tambi¨¦n se arriesga a desaprovechar la oportunidad de dar una soluci¨®n pol¨ªtica al conflicto catal¨¢n.

La principal arma de los procedimientos de infracci¨®n de la UE es el derecho a retener los pagos del presupuesto comunitario. No se trata de un procedimiento jur¨ªdico, como su nombre da a entender. Es un procedimiento pol¨ªtico. La Comisi¨®n Europea adopta primero una decisi¨®n y despu¨¦s somete el asunto a votaci¨®n de los ministros de la UE. Estos pueden bloquear la decisi¨®n si obtienen una mayor¨ªa suficientemente amplia. La intenci¨®n es proteger al poder judicial de la pol¨ªtica, pero son los pol¨ªticos quienes ponen en marcha el procedimiento.

Se dise?¨® para lo que la UE considera gobiernos d¨ªscolos, como los de Polonia y Hungr¨ªa. Sin embargo, las infracciones de la legislaci¨®n de la UE no son el dominio exclusivo de los gobiernos rebeldes. Los Estados miembros de la UE tienen tradiciones judiciales diferentes. El Gobierno polaco saliente, dirigido por el partido Ley y Justicia, someti¨® a sus jueces y magistrados a procedimientos disciplinarios claramente contrarios al Derecho de la UE. Viktor Orb¨¢n, primer ministro h¨²ngaro, ha ido mucho m¨¢s lejos que Polonia en su supresi¨®n de la libertad de expresi¨®n y el sometimiento del sistema judicial. Espa?a, en cambio, es una democracia estable. Es uno de los pilares de la UE moderna. Sin embargo, los gobiernos espa?oles tambi¨¦n tienen un historial de maltrato a su poder judicial independiente. En concreto, no han renovado el mandato del Consejo General del Poder Judicial, ¨®rgano de 20 miembros que nombra a los jueces espa?oles y garantiza la independencia de la judicatura. Ese mandato expir¨® hace cinco a?os. La Comisi¨®n Europea ha instado a Espa?a a que renueve el Consejo, pero sin ¨¦xito.

El embrollo pol¨ªtico espa?ol plantea importantes dilemas: ?ser¨¢ la Comisi¨®n tan dura con Espa?a como lo fue con Polonia, por ejemplo? En caso afirmativo, ?est¨¢ dispuesta la UE a provocar una crisis pol¨ªtica en un gran Estado miembro? Si la respuesta es negativa, la UE se arriesgar¨ªa a ser acusada de hipocres¨ªa al aplicar los procedimientos de infracci¨®n ¨²nicamente contra los adversarios pol¨ªticos.

No creo que los fans del Estado de derecho lo pensaran bien. Angela Merkel se mostr¨® esc¨¦ptica desde el principio. Lo que los partidarios del imperio de la ley siempre han subestimado es que los atacados contraatacar¨¢n. Orb¨¢n chantajea ahora a la UE vinculando la reanudaci¨®n de los pagos presupuestarios al desembolso de la ayuda financiera a Ucrania. ?C¨®mo puedes disciplinar a los Estados miembros si dependes de ellos para tu pol¨ªtica exterior?

Espa?a tendr¨ªa muchos m¨¢s recursos para chantajear a la UE si esta se pusiera a ponerle piedras a su nuevo Gobierno por motivos legales.

Aparte de todo esto, el conflicto repercute tambi¨¦n en la postura de la UE frente a los movimientos independentistas en otros lugares. En Escocia ha habido mucha complacencia con respecto a la posible adhesi¨®n a la UE tras un hipot¨¦tico voto afirmativo en un refer¨¦ndum de independencia. Y en la UE no son pocas las personas que apoyar¨ªan la entrada de este pa¨ªs.

Pero tampoco ellos lo han pensado bien. No es concebible que un Gobierno espa?ol acepte la adhesi¨®n de una Escocia independiente al tiempo que niega el mismo derecho a los catalanes, sobre todo ahora que Espa?a y Catalu?a han dejado atr¨¢s sus conflictos del pasado.

La UE no puede mostrarse a la vez hostil hacia Catalu?a y cordial con Escocia. Tampoco puede consentir que se infrinja la ley en unas partes de Europa, pero no en otras. No puede mostrar animadversi¨®n hacia Orb¨¢n y al mismo tiempo permitir que S¨¢nchez pisotee el poder judicial espa?ol. Todos estos son dilemas autoinfligidos.