Desgobierno de los jueces

El Partido Popular bloquea desde hace m¨¢s de cinco a?os la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un ¨®rgano clave para el buen funcionamiento de la democracia, ya que supervisa las leyes fundamentales, castiga a los jueces que burlan la norma y nombra a los cargos principales de todos los tribunales. Debido al bloqueo, actualmente hay en Espa?a casi un centenar de vacantes en los principales ¨®rganos judiciales: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores auton¨®micos y las audiencias provinciales, con el trastorno que eso supone para los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la justicia.

El consenso entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) ha presidido la renovaci¨®n de este ¨®rgano durante la etapa democr¨¢tico, pero este se desmoron¨® en 2018, cuando caduc¨® el mandato del actual Consejo, debido a la estrategia que marc¨® primero Pablo Casado y ahora defiende N¨²?ez Feij¨®o. En 40 a?os, ni las asociaciones conservadoras de jueces, principales beneficiarias de la norma, ni la derecha pol¨ªtica hab¨ªan exigido un cambio en el modo de elegir a los 20 vocales por el Congreso y el Senado. De hecho, el PP prometi¨® en la campa?a electoral de 2011 que los jueces elegir¨ªan directamente a los vocales del CGPJ, pero no tom¨® iniciativa alguna para impulsar la reforma prometida cuando gobern¨® con mayor¨ªa absoluta. Ahora vaticina el fin de la separaci¨®n de poderes cuando el Gobierno busca soluciones al bloqueo.

La necesidad de contar con el voto de tres quintos de la C¨¢mara baja para la renovaci¨®n ha permitido a los populares hacer un uso torticero de la norma: sin sus votos, el bloqueo est¨¢ garantizado. Lo parad¨®jico es que el PP recurri¨®, sin ¨¦xito, ante el Constitucional una reforma del Gobierno socialista que oblig¨® a que los nombramientos de cargos judiciales por parte del CGPJ se hicieran por una mayor¨ªa de tres quintos y no por mayor¨ªa simple como defend¨ªa el PP, que argumentaba entonces que la nueva aritm¨¦tica de nombramientos introduc¨ªa una minor¨ªa de bloqueo. Justo la minor¨ªa que aprovecha ahora para no renovar el CGPJ contra lo ordenado por la Constituci¨®n y reclamado por la UE, cuya mediaci¨®n exigi¨® el PP y acept¨® el PSOE en diciembre pasado para ver luego c¨®mo los populares buscaban nuevas excusas.

La reacci¨®n de Pedro S¨¢nchez es, por otro lado, desconcertante. Primero, anuncia una reforma legal si antes del pr¨®ximo 30 de junio el PP no se aviene a renovar el Poder Judicial con la ley vigente a sabiendas de que Feij¨®o se ha atrincherado en una idea: primero reformar la ley para cambiar la elecci¨®n del CGPJ y despu¨¦s renovarlo. Por otro lado, S¨¢nchez apunta, sin detalle, que su idea para salir del laberinto es que una de las tres funciones del CGPJ ¡ªel nombramiento de cargos judiciales¡ª ya no dependa del Consejo. El presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, nombrado a propuesta del PP, ya plante¨® en EL PA?S una f¨®rmula parecida: que los presidentes de audiencias provinciales, tribunales superiores y salas de la Audiencia Nacional sean elegidos por los propios miembros de esas salas o tribunales sin mediar la intervenci¨®n del CGPJ. Y que una comisi¨®n especializada, dependiente del CGPJ, pero de composici¨®n diversa, elija a los magistrados del Supremo.

La idea de S¨¢nchez, en parte tomada de Guilarte, es a¨²n imprecisa, pero no resolver¨ªa el actual bloqueo, un problema creado por el PP para seguir controlando el Poder Judicial a trav¨¦s de magistrados conservadores a los que eligi¨® hace m¨¢s de 10 a?os, cuando ten¨ªa mayor¨ªa en el Congreso.

Hay quien plantea como soluci¨®n que, dado que ya existen 43 candidatos, elegidos por los propios jueces y las asociaciones y que desde hace cinco a?os optan a esas plazas, el Congreso y el Senado convoquen las sesiones parlamentarias para votar el nuevo Consejo. El reglamento de las c¨¢maras permite activar el procedimiento, pero seguir¨ªa faltando el consenso. Se conseguir¨ªa, eso s¨ª, subrayar algo que ya sabemos: que el PP prefiere mantener la actual situaci¨®n, con la derecha judicial dominando el CGPJ.

Defender las instituciones, salvaguardar la separaci¨®n de poderes, preservar a la justicia de un uso partidista pasa hoy, al contrario de lo que proclaman quienes desde dentro y fuera de la pol¨ªtica miran la realidad con una plantilla anacr¨®nica o con el ¨²nico objetivo de un relevo en La Moncloa, por adoptar las medidas legislativas para no prolongar m¨¢s el bloqueo del CGPJ. Ese bloqueo en el gobierno de un poder del Estado es el verdadero c¨¢ncer del sistema. H¨¢gase con todas las garant¨ªas, pero el respeto a la institucionalidad consiste hoy en actuar. Abstenerse de hacerlo es tolerar que se perpet¨²e una grave anomal¨ªa de la democracia.