Evitar una universidad clasista
La proliferaci¨®n de centros privados amenaza con provocar una segregaci¨®n de alumnos en funci¨®n del poder adquisitivo
Si los proyectos que est¨¢n en tramitaci¨®n llegan a buen puerto, dentro de poco habr¨¢ en Espa?a m¨¢s universidades privadas que p¨²blicas. Existen 50 universidades p¨²blicas desde 1998, mientras que desde entonces se han abierto 33 universidades privadas. Ya suman un total de 46, a las que se a?aden otras 10 en proyecto. Aunque la universidad p¨²blica sigue teniendo el 78,2% de los estudiantes de grado, la privada la supera ya en alumnos de m¨¢ster, con el 63% de las plazas ofertadas y el 50,2% de los alumnos. Esta expansi¨®n est¨¢ favoreciendo ofertas de baja calidad. Existen excelentes y antiguas universidades privadas. Pero ahora se est¨¢ llegando incluso a aprobar proyectos con un informe t¨¦cnico negativo del Ministerio de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades. Esta evaluaci¨®n es preceptiva, pero no vinculante. La decisi¨®n final corresponde las comunidades aut¨®nomas. Desde 2018 se han aprobado 11 universidades con informes t¨¦cnicos negativos.
La universidad no cumple solo una funci¨®n docente. Es una instituci¨®n de producci¨®n de conocimiento, de liderazgo intelectual de la sociedad. Muchos de estos centros no tienen actividad de investigaci¨®n alguna. Que se permita una oferta universitaria de baja calidad es algo incomprensible para los est¨¢ndares europeos. Perjudica, en primer lugar, a los alumnos, pero no solo. Si la educaci¨®n superior en Espa?a se percibe como una m¨¢quina expendedora de t¨ªtulos, caer¨¢ la credibilidad de todo el sistema. Un decreto aprobado en 2021 fij¨® los requisitos que ha reunir una universidad, pero ya hay expertos que lo consideran obsoleto. No se puede llamar universidad a lo que es en la pr¨¢ctica una mera academia especializada.
La mayor¨ªa de las universidades privadas est¨¢n vinculadas a la Iglesia cat¨®lica, pero tambi¨¦n los fondos de inversi¨®n buscan negocio aprovechando la falta de plazas p¨²blicas en las carreras m¨¢s demandadas, por las que cobran 10 veces m¨¢s que la p¨²blica. Igualmente, la matr¨ªcula de un m¨¢ster privado resulta mucho m¨¢s cara, pero ese dinero permite ofrecer pr¨¢cticas remuneradas, una v¨ªa para meter la cabeza en el mundo laboral independientemente de la calidad de la formaci¨®n. A la larga, esta din¨¢mica permitir¨¢ la segregaci¨®n de los alumnos, no por los m¨¦ritos, sino en funci¨®n del poder adquisitivo de sus familias. Eso dar¨¢ ventaja a los que puedan pagar frente a los que estudien en la p¨²blica y consolidar¨¢ un sesgo clasista en el acceso a las profesiones m¨¢s demandadas.
Deber¨ªa ser una prioridad del Gobierno y de las comunidades aut¨®nomas que la oferta universitaria p¨²blica disponga de los recursos necesarios para atender la demanda de acuerdo con las necesidades de la econom¨ªa productiva y aclarar qu¨¦ es una universidad y qu¨¦ no. Solo un sistema p¨²blico robusto y unos est¨¢ndares claros pueden garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de la ense?anza superior y ejercer la imprescindible funci¨®n de elevador social.
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