El a?o de frenar la pesadilla del alquiler
Los poderes p¨²blicos, especialmente local y auton¨®mico, tienen los datos y las herramientas para actuar con decisi¨®n contra la crisis
El efecto en el mercado del alquiler de las casi 400.000 viviendas tur¨ªsticas que, seg¨²n el INE, hay en las ciudades espa?olas, es evidente pero dif¨ªcil de precisar. Sin embargo, un estudio de la Universidad de M¨¢laga ha logrado cuantificar el punto de inflexi¨®n (un 10% del parque de viviendas) a partir del cual estos alojamientos alteran de forma significativa al alza los precios de los alquileres. El estudio calcula que los pisos tur¨ªsticos son directamente responsables del 31% del alza de los precios en M¨¢laga y del 33% del alza en Sevilla. En el barrio malague?o de La Merced, donde m¨¢s viviendas tur¨ªsticas hay en la ciudad, el precio del metro cuadrado alquilado se ha m¨¢s que duplicado en solo ocho a?os, una cifra inasumible para la clase media asalariada espa?ola y que se replica en todas las grandes ciudades.
Seg¨²n el portal inmobiliario Idealista, que solo tiene en cuenta precios de oferta, en 2024 el precio de los alquileres se increment¨® en Espa?a un 11,5%. Seg¨²n los expertos, volver¨¢n a crecer entre un 7% y un 10% en 2025, muy por encima de la inflaci¨®n prevista.
La espiral descontrolada del mercado del alquiler est¨¢ haciendo imposible la vida de los no propietarios, especialmente j¨®venes, cerca de los centros econ¨®micos. Los factores de presi¨®n sobre los precios son m¨²ltiples, pero algunos, como los pisos tur¨ªsticos, est¨¢n perfectamente identificados y hay que saludar cualquier iniciativa para combatirlos. La UE ha impuesto un registro unificado que exige el registro de estos inmuebles en una base de datos centralizada. A partir del 1 de julio, solo las viviendas inscritas podr¨¢n ser alquiladas. El objetivo es sacar del mercado tur¨ªstico (o, por lo menos, regularizar) las viviendas no registradas; en Madrid se calcula que son el 90% del total.
Este mi¨¦rcoles ha entrado en vigor tambi¨¦n el nuevo ¨ªndice de referencia de arrendamientos previsto en la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno. Impone un l¨ªmite de subida del 2,2% a la revisi¨®n de los contratos en enero, en lugar de hacerlo al IPC. Su efecto ser¨¢ inicialmente limitado porque solo se aplica a los contratos firmados despu¨¦s del 25 de mayo de 2023. El nuevo ¨ªndice se suma al sistema nacional de precios de referencia del alquiler para empujar a los caseros a pedir por sus propiedades precios razonables. Pero las administraciones que pueden tener un impacto m¨¢s directo y r¨¢pido son la local y la auton¨®mica, y ah¨ª el ciudadano est¨¢ al albur de la ideolog¨ªa o los intereses de turno, cuando el estrangulamiento de los inquilinos es una emergencia social y econ¨®mica.
Los datos son cada vez m¨¢s elocuentes. Hay que insistir cuanto sea necesario en que la vivienda no es un producto de inversi¨®n como otro cualquiera: el acceso a una vivienda digna es un requisito constitucional. Los poderes p¨²blicos pueden y deben intervenir en el mercado para asegurarlo. La ciudadan¨ªa lo est¨¢ exigiendo, y de forma cada vez m¨¢s ruidosa.
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