Limitar la acci¨®n popular, pero no as¨ª

El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso una proposici¨®n de ley org¨¢nica que restringe al m¨¢ximo el ejercicio de la acusaci¨®n popular en los procesos penales. La iniciativa lleva un enunciado campanudo: ¡°De garant¨ªa y protecci¨®n de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas¡±. La Constituci¨®n establece que cualquier ciudadano puede ejercer la acci¨®n penal sin necesidad de haber sido perjudicado por el delito del que se trate. Este derecho es el que se pretende limitar ahora con el pretexto de que han emergido sectores ¡°autoritarios¡± que buscan ¡°la exclusi¨®n de la vida p¨²blica de los que mantienen posiciones contrarias¡±, sectores que abusan de la acusaci¨®n popular para poner en marcha procesos contra sus adversarios.

El PP intenta desprestigiar la iniciativa llam¨¢ndola ley Bego?a por entender que se ha presentado con el objetivo de librar a la esposa del presidente del Gobierno del procedimiento en el que est¨¢ imputada, activado por una acusaci¨®n del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que present¨® una querella basada en recortes de prensa que no acreditaban ning¨²n delito y en noticias directamente falsas. El juez la admiti¨® a tr¨¢mite y lleva 10 meses buscando, sin ¨¦xito, alg¨²n indicio contra Bego?a G¨®mez. El PP, indignado estos d¨ªas, es el mismo que intent¨® impulsar una reforma parecida en 2017 para evitar ¡°la perversa y espuria utilizaci¨®n de la figura penal de la acusaci¨®n popular con fines exclusivamente pol¨ªticos¡±. Entonces el PSOE estuvo en contra. Ahora pretende expulsar de la acci¨®n penal a los partidos pol¨ªticos y a las asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, limitar los tipos penales en los que se puede activar y hacer que solo pueda ejercerla alguien con inter¨¦s directo en la causa para evitar la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica.

No existe una figura equivalente a la acci¨®n popular en el derecho europeo. Espa?a es la excepci¨®n. Sus defensores argumentan la importancia de que la ciudadan¨ªa pueda participar en el proceso judicial: hay causas que sin su impulso habr¨ªan avanzado menos, como el caso G¨¹rtel. Pero el modo en el que se concreta esa participaci¨®n es un debate necesario y abierto desde hace tiempo. Tal y como est¨¢ regulada hoy, la acusaci¨®n popular se convierte en un problema cuando los jueces no impiden su uso abusivo. Las asociaciones judiciales se oponen a limitarla, pero evitan la autocr¨ªtica. Corresponde a los jueces evitar el espect¨¢culo de algunas instrucciones que solo da?an la imagen de la justicia.

El gran problema de la reforma es el contexto en el que se propone y algunos de sus detalles, empezando por una justificaci¨®n que deber¨ªa ser m¨¢s sobria, menos frentista. Varios de los ejemplos del citado uso perverso afectan hoy a familiares del presidente del Gobierno envueltos en procesos penales sin fundamento, pero que los jueces instructores alargan de manera innecesaria. Es inevitable que la iniciativa parezca destinada a borrar esas imputaciones abusivas. Desde esa perspectiva, no puede ser m¨¢s inoportuna. Adem¨¢s, reformar una ley org¨¢nica que afecta a un derecho reconocido en la Constituci¨®n es algo demasiado sensible como para tramitarse como proposici¨®n de ley, es decir, sin el control previo de ¨®rganos como el CGPJ, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal.

La iniciativa parlamentaria tambi¨¦n naufraga en su disposici¨®n transitoria ¨²nica, que se?ala que una vez aprobada la reforma se aplicar¨¢ ¡°a los procesos en curso¡±, un a?adido torpe adem¨¢s de gratuito: por ser beneficiosa para los encausados se aplicar¨ªa inmediatamente. El olor a proposici¨®n cocinada para favorecer los casos que afectan a quien la propone es tan intenso que, en caso de que comenzara a tramitarse en el Congreso, la primera enmienda necesaria ser¨ªa eliminar esa disposici¨®n.