El CNI y el C¨¦sar
En un momento de conflicto b¨¦lico frente a Rusia y a semanas de que Madrid acoja la cumbre de la OTAN m¨¢s importante en d¨¦cadas, estos esc¨¢ndalos da?an la credibilidad del Estado espa?ol

Suele ser p¨¦sima se?al que los servicios secretos acaparen titulares. En los ¨²ltimos a?os, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido objeto de vivas pol¨¦micas, como el affaire Villarejo o su actuaci¨®n con relaci¨®n al proceso separatista catal¨¢n. Ahora, la crisis del software esp¨ªa Pegasus, que realmente son dos: el espionaje a l¨ªderes independentistas y el espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, entre otros altos cargos. Por comisi¨®n o por omisi¨®n.
Del primero, el CNI ha reconocido el espionaje, con autorizaci¨®n judicial, a 18 pol¨ªticos, si bien, el alcance real del bautizado como catalangate est¨¢ por determinar, m¨¢s a¨²n con las dudas tan razonables que, sobre su consistencia y qui¨¦nes estar¨ªan detr¨¢s, ha se?alado el polit¨®logo Jos¨¦ Javier Olivas. Del segundo, se sospecha de la potencial intervenci¨®n de terceros pa¨ªses; que el espionaje se produjese durante la crisis migratoria instigada por Marruecos parece una infeliz coincidencia. Ante la falta de evidencias y hechos ciertos, la puerta a la especulaci¨®n y a la (sobre)actuaci¨®n pol¨ªtica est¨¢ abierta.
Por este motivo, y con el cese de la directora del CNI, merece la pena detenerse en determinadas configuraciones y decisiones institucionales que han exacerbado la magnitud de las crisis. Sean una oportunidad para reparar (en) algunas de esas cuestiones que afectan de lleno a los servicios de inteligencia y, en sentido m¨¢s amplio, a la arquitectura de seguridad nacional. Sin duda, resulta menos espectacular que los ¡°juegos de esp¨ªas¡±, pero es m¨¢s ¨²til. As¨ª, pueden observarse dos puntos: la dependencia pol¨ªtico-administrativa del CNI y el control del Ejecutivo y del Legislativo sobre el centro.
Respecto del primero, en el esquema de seguridad nacional que se lleva construyendo desde hace casi una d¨¦cada (pero que, en el caso del CNI, se retrotrae hasta su propia ley reguladora de 2002), el Gobierno es actor privilegiado, y el presidente, el C¨¦sar de este sistema. Es coherente con las finalidades del servicio, es decir, con las de informar, analizar y estudiar las amenazas a la integridad, el inter¨¦s o la estabilidad del pa¨ªs, sus instituciones y su Estado de derecho. Por tanto, el CNI deber¨ªa ubicarse directamente en el entorno de Presidencia. No es un organismo militar.
Sin embargo, bajo el Gobierno del presidente Pedro S¨¢nchez, a diferencia de los gobiernos de Mariano Rajoy, pero continuando la tradici¨®n institucional, pas¨® a ubicarse en el Ministerio de Defensa. Por tradicional no deja de ser an¨®mala. Confiere este encaje una posici¨®n sobresaliente al titular de la cartera ministerial, dado que ello le permite ¡°susurrar a la oreja del C¨¦sar¡±. Es una herramienta de poder e influencia, que introduce en el sistema elementos de competici¨®n burocr¨¢tica con otros ministerios, pues coloca a Defensa como una suerte de primus inter pares a lo que inteligencia se refiere.
Por el contrario, la ventaja que tiene su alejamiento de Presidencia es crear un cortafuegos para el presidente, pr¨¢ctico en caso de que estalle una crisis: ¡°El C¨¦sar no sab¨ªa¡±. Por ello, lo sorprendente de las crisis del caso Pegasus es que haya sido el propio Gobierno el que haya denunciado haber sido espiado y lo haya puesto en conocimiento judicial. Esto es, que el C¨¦sar se revela d¨¦bil y v¨ªctima, como poco, de la omisi¨®n de sus servicios. Esto es llamativo aqu¨ª, porque se sabe que el CNI (en particular, el Centro Criptol¨®gico Nacional) alert¨® hace meses de la existencia del software y de su potencial uso por parte de terceros, adem¨¢s de las sospechas fundadas ya existentes de empleo previo contra otros gobiernos europeos. El ¨²ltimo elemento llamativo de esta denuncia es apreciar que, realmente, esa seguridad del presidente la habr¨ªa de proveer la Secretar¨ªa General de la Presidencia, no el CNI.
El otro punto por observar se relaciona, en efecto, con el control pol¨ªtico del Parlamento y del Gobierno, y c¨®mo determinadas alteraciones institucionales in extremis alientan la sospecha social de la utilizaci¨®n pol¨ªtica de los servicios de inteligencia. En primer lugar, el cambio en la composici¨®n y mayor¨ªas necesarias de la Comisi¨®n de Control de los Cr¨¦ditos Destinados a Gastos Reservados (o de secretos oficiales) del Congreso de los Diputados llevado a cabo por su presidenta ad hoc y despu¨¦s de que el ministro de la Presidencia se reuniese con la consejera catalana de Presidencia. Si la situaci¨®n de bloqueo de la comisi¨®n era indeseable y la necesidad de control parlamentario del servicio de inteligencia es imprescindible, la apremiante raz¨®n y, sobre todo, el modo de la reforma institucional arrojan mucha desconfianza sobre su deseabilidad. Dudas acrecentadas debido a los comentarios revelados por algunos de los nuevos miembros de la comisi¨®n seg¨²n abandonaban la misma.
En segundo lugar, hay que recordar que el actual Gobierno facilit¨® v¨ªa decreto ley, a prop¨®sito de la urgencia provocada por la pandemia, que el vicepresidente del Ejecutivo formara parte de la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. En esa nueva composici¨®n se acab¨® incluyendo tambi¨¦n al jefe de gabinete del presidente. Atendiendo a las responsabilidades y competencias pol¨ªticas de uno y otro, ninguna l¨®gica funcional y de seguridad ten¨ªan aquellos nombramientos, aunque s¨ª pol¨ªtica. Los equilibrios del C¨¦sar. Finalmente, el Tribunal Constitucional declar¨® su inconstitucionalidad por forma y fondo.
En definitiva, hay una dimensi¨®n legal acerca del trabajo del CNI que se debe aclarar, irrenunciable en todo Estado de derecho. Que el CNI provea de informaci¨®n y an¨¢lisis sobre amenazas a los intereses o a las instituciones no deber¨ªa ser noticia ni esc¨¢ndalo. Si acaso, sea esto un recordatorio de la perentoria necesidad, esta s¨ª, de reformar la Ley de Secretos Oficiales (de 1968). Sin embargo, otros problemas no requieren de reformas procelosas, sino de respeto institucional: sustraerlas de intereses espurios y cortoplacistas, precisamente por mejor control democr¨¢tico de los servicios de inteligencia. Una ¨²ltima cuesti¨®n a?adida: en un momento de conflicto b¨¦lico frente a Rusia y a semanas vista de que Madrid acoja la cumbre de la OTAN m¨¢s importante en d¨¦cadas, estos esc¨¢ndalos da?an la credibilidad del Estado espa?ol. Que es el C¨¦sar quien, adem¨¢s de serlo, tiene que parecerlo.
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