Desalojos, agresiones e indemnizaciones rid¨ªculas: el ¡°efecto perverso¡± de la extracci¨®n de cobalto y cobre en la vida de los congole?os

¡°No podemos luchar contra el cambio clim¨¢tico en detrimento de los derechos de las comunidades que est¨¢n en primera l¨ªnea de la explotaci¨®n de las materias primas que sustentan la transici¨®n energ¨¦tica¡±, dice, casi a modo de presentaci¨®n, Jean-Mobert Senga, investigador de Amnist¨ªa Internacional, en una entrevista con este diario desde Kinshaha. Pero en Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, la extracci¨®n del cobalto, usado para la mayor¨ªa de bater¨ªas de iones de litio, y del cobre, esencial en las tecnolog¨ªas de energ¨ªas limpias, ha provocado y provoca ¡°desalojos forzados de comunidades sin indemnizaciones adecuadas, quema de casas y otras violaciones de los derechos humanos¡±, seg¨²n un informe que la ONG publica este martes.

La investigaci¨®n, Powering Change or Business as Usual?, (¡±?Impulsar el cambio o seguir como siempre?¡±), realizada junto a la organizaci¨®n congole?a Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH, por sus siglas en franc¨¦s), se centra en la regi¨®n de Kolwezi, una ciudad de medio mill¨®n de habitantes situada al sur del pa¨ªs convertida en el coraz¨®n de la explotaci¨®n de estos minerales, en la que participan empresas de China, Canad¨¢ o Dubai. Sus autores han realizado 130 entrevistas con personas vinculadas a seis proyectos mineros y estudiado documentos, fotograf¨ªas, v¨ªdeos, im¨¢genes de sat¨¦lite y datos suministrados por las empresas a las que se cuestiona.

¡°Esto es solo una muestra, significativa y pertinente, de las expulsiones forzadas que se est¨¢n llevando a cabo. Pero hay otras empresas y otras violaciones de los derechos humanos como explotaci¨®n de los trabajadores o contaminaci¨®n. Este informe se centra especialmente los abusos que representan los desalojos violentos¡±, explica Senga.

La Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo posee aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producci¨®n mundial de este mineral, materia prima esencial para fabricar las bater¨ªas de iones de litio que se usan para alimentar una amplia variedad de dispositivos, desde autom¨®viles el¨¦ctricos hasta tel¨¦fonos m¨®viles. Por ejemplo, la bater¨ªa de un veh¨ªculo el¨¦ctrico requiere unos 13 kilogramos de cobalto, y la de un tel¨¦fono m¨®vil unos 7 gramos, seg¨²n este informe. Adem¨¢s, el pa¨ªs africano posee las s¨¦ptimas mayores reservas de cobre del mundo y es el tercer mayor productor. Los dos minerales son claves en la construcci¨®n de coches el¨¦ctricos, turbinas e¨®licas, paneles solares y bater¨ªas, es decir, son indispensables para que el mundo abandone los combustibles f¨®siles y avance hacia otras fuentes m¨¢s sostenibles, frenando as¨ª el calentamiento global. Pero no son muy frecuentes y sus principales reservas se encuentran en ?frica, Am¨¦rica Latina, Australia y el Sureste asi¨¢tico.

Una transici¨®n ¡°justa¡±

La descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa mundial ¡°debe ser justa y no dar lugar a otras violaciones de derechos humanos¡±, ha insistido Agnes Callamard, secretaria general de Amnist¨ªa Internacional, refiri¨¦ndose a este informe. Uno de los casos investigados describe lo ocurrido en un barrio en el centro de Kolwezi, en el que viven 39.000 personas. Cientos de ellas recibieron orden de abandonar sus viviendas o no tuvieron otra opci¨®n que mudarse tras la reapertura en 2015 de una gran mina a cielo abierto que el a?o pasado produjo unas 128.000 toneladas de cobre y 2.500 toneladas de cobalto. Las indemnizaciones que recibieron no les han permitido comprar una vivienda con agua corriente o electricidad en otro lugar y su calidad de vida se ha visto muy mermada. El proyecto es gestionado por la empresa Compagnie Mini¨¨re de Musonoie Global SAS (COMMUS), que a¨²na a la china Zijin Mining Group Ltd y la congole?a G¨¦n¨¦rale des Carri¨¨res et des Mines SA (G¨¦camines).

La situaci¨®n empeora a?o tras a?o porque la demanda es cada d¨ªa mayor y las comunidades est¨¢n cada vez m¨¢s expuestas a todo tipo de riesgos

Jean-Mobert Senga, Amnist¨ªa Internacional

¡°Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el Gobierno llegaron y nos dijeron: ¡®Aqu¨ª hay minerales¡±, dijo a los investigadores Edmond Musans, de 62 a?os, que tuvo que marcharse y hoy ha creado un comit¨¦ que representa los intereses de m¨¢s de 200 familias en riesgo de desalojo.

¡°Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les enga?an para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias¡±, denuncia Donat Kambola, presidente de la IBGDH, que desde hace casi 10 a?os investiga, denuncia y protege a las comunidades afectadas por la miner¨ªa en la provincia de Lualaba, cuya capital es Kolwezi.

COMMUS garantiz¨® a Amnist¨ªa Internacional que ten¨ªa intenci¨®n de mejorar la comunicaci¨®n con las partes afectadas. La empresa debe ¡°publicar urgentemente sus planes de desarrollo para la mina y cualquier evaluaci¨®n de impacto ambiental y social que haya realizado o encargado, y los planes de reasentamiento para las comunidades m¨¢s expuestas¡±, pide el informe.

Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les enga?an para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias.

Donat Kambola, IBGDH

El Banco Mundial calcula que la demanda de cobalto aumentar¨¢ un 500% hasta el a?o 2050, pero este dato no implica que los habitantes de esta regi¨®n, coraz¨®n de la producci¨®n de este mineral, disfruten de sus beneficios financieros. ¡°Los consumidores, las empresas y los gobiernos tienen que tomar conciencia de este efecto perverso de la transici¨®n ecol¨®gica¡±, insiste Senga. El investigador explica que el cobalto que sale de esta mina de Kolwezi, viaja en primer lugar a China, pero no es el punto final del viaje. ¡°All¨¢ puede pasar por un primer proceso de refinado y despu¨¦s llega a Europa, Estados Unidos y otros pa¨ªses¡±, afirma.

Cada vez m¨¢s expuestas

Otro de los casos estudiados describe c¨®mo los soldados congole?os llegaron una ma?ana a un pueblo, llamado Mukumbi, cerca de la mina Mutoshi, gestionada por la firma Chemicals of Africa SA (Chemaf), filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubai, y comenzaron a incendiar casas y a golpear a los residentes que intentaron imped¨ªrselo. ¡°Dos ni?os me dijeron que los militares estaban quemando las casas¡¯¡±, record¨® Ernest Miji a los investigadores. ¡°Sal¨ª y vi a soldados de la Guardia Republicana prendiendo fuego a las casas y pregunt¨¦ al capit¨¢n por qu¨¦. Me dijo que cumpl¨ªan ¨®rdenes. Me dio una antorcha y me dijo que prendiera fuego a la iglesia. Como me negu¨¦, comenz¨® a golpearme¡±, describi¨®.

Im¨¢genes de sat¨¦lite respaldan este relato y muestran que Mukumbi termin¨® arrasado el 7 de noviembre de 2016. En 2019, Chemaf accedi¨® a pagar 1,5 millones de d¨®lares v¨ªa las autoridades locales, pero hubo residentes que recibieron apenas 300 d¨®lares. Chemaf niega toda irregularidad y responsabilidad en la destrucci¨®n de Mukumbi.

En otro de los proyectos mineros estudiados, una mina de cobalto y cobre, situada a 5 kil¨®metros de Kolwezi y operada por una filial de Eurasian Resources Group (ERG), que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el Gobierno de Kazajist¨¢n, una veintena de agricultores declararon los soldados llegaron y arrasaron sus campos en febrero de 2020, sin previo aviso. Una mujer embarazada explic¨® adem¨¢s que tres soldados la capturaron y la violaron mientras otros miraban. En su respuesta a los autores del informe, ERG afirm¨® que no ten¨ªa ning¨²n control sobre el despliegue de los soldados, pero, ante el contenido de la investigaci¨®n publicada este martes, inst¨® a las autoridades locales a investigar.

Los autores del informe piden a las autoridades congole?as, que en la mayor¨ªa de los casos ¡°han llevado a cabo o facilitado¡± los desalojos, que pongan fin de forma inmediata a los desalojos forzosos, promuevan una comisi¨®n de investigaci¨®n imparcial y hagan cumplir las leyes locales sobre la actividad minera y desalojos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Adem¨¢s, las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparaci¨®n significativa y tomar medidas para impedir nuevos da?os.

¡°La situaci¨®n empeora a?o tras a?o porque la demanda es cada d¨ªa mayor y las comunidades est¨¢n cada vez m¨¢s expuestas a todo tipo de riesgos. Esperamos que este informe alerte a los consumidores, que tienen que saber qu¨¦ est¨¢ pasando, y exponga p¨²blicamente a estas empresas¡±, agreg¨® Senga.

Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo posee la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producci¨®n mundial de este mineral, materia prima de las bater¨ªas de iones de litio

Por ¨²ltimo, Amnist¨ªa Internacional e IBGDH documentaron el caso de la mina Kakula, considerada ¡°la mayor reserva de cobre descubierta en ?frica¡±, situada a 25 km de Kolwezi y operada por una compa?¨ªa llamada Kamoa, en la que hay capital canadiense y chino, entre otros. De las 40.000 personas que viv¨ªan en el pueblo de Kamoa, m¨¢s de 1.300 perdieron sus casas, negocios o campos debido a la miner¨ªa. El informe estudi¨® el caso de 45 familias instaladas por la empresa en otro vecindario despu¨¦s de que la expansi¨®n de la mina les obligara a dejar sus hogares, y comprob¨® que las casas que recibieron a cambio no tienen nada que ver con las que desalojaron y no ten¨ªan por ejemplo duchas, agua corriente o electricidad. Kamoa confirm¨® que los ba?os no estaban conectados a una red de alcantarillado y argument¨® que quiso aplicar ¡°las mejores pr¨¢cticas internacionales¡±, pero que era dif¨ªcil en una regi¨®n en la que no hab¨ªa por ejemplo electricidad. El informe subraya, no obstante, que la compa?¨ªa s¨ª supo superar estos obst¨¢culos pr¨¢cticos en la mina en la que operaba.

¡°Las empresas mineras internacionales implicadas tienen abundantes recursos econ¨®micos y pueden costear f¨¢cilmente la introducci¨®n de los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren la vida de las personas de la regi¨®n y proporcionar reparaci¨®n por los abusos sufridos¡±, concluye Donat Kambola, de la organizaci¨®n local IBGDH.

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