Ciudad de M¨¦xico: ?para la gente o para el mercado?

El gobierno local de Ciudad de M¨¦xico ha lanzado recientemente una consulta p¨²blica para que actores sociales, econ¨®micos y pol¨ªticos presenten sus opiniones y propuestas para el Programa General de Ordenamiento Territorial 2035, que guiar¨¢ el futuro de la ciudad a medio plazo.

La consulta estar¨¢ abierta durante cuatro meses y prev¨¦ foros, mesas de trabajo, debates acad¨¦micos y la entrega f¨ªsica y virtual de sugerencias para ordenar y orientar el futuro de una metr¨®poli de 21 millones de habitantes, de los que solo nueve residen en Ciudad de M¨¦xico.

Con cuatro a?os de dilaci¨®n, las autoridades han iniciado la discusi¨®n de este programa, que por mandato de la Nueva Constituci¨®n local, vigente desde 2018, debe realizarse de forma participativa. La elaboraci¨®n y consulta ciudadana se ha retrasado, pero las autoridades locales han continuado otorgando autorizaciones para la construcci¨®n de grandes proyectos urbanos. El mensaje es claro: la ciudad real, la de los grandes negocios inmobiliarios, no puede detenerse. En cambio, las elucubraciones participativas sobre el orden y el futuro urbano pueden esperar.

La corrupci¨®n ha imperado en las ¨²ltimas d¨¦cadas en esta ciudad: muchos proyectos se construyeron sin respetar los usos del suelo, las alturas permitidas y otras normas urbanas. Sin embargo, en gran medida, han sido la flexibilidad y ambig¨¹edad del marco jur¨ªdico (consignado por el legislativo local) lo que ha permitido que los inversionistas inmobiliarios construyan lo que quieren en cualquier parte de la ciudad, a pesar de la oposici¨®n ciudadana, como ocurre en Xoco y Palo Alto.

En mi opini¨®n, el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial que se ha propuesto para consulta no contiene ninguna visi¨®n ut¨®pica, ni radical, ni audaz, sobre la Ciudad de M¨¦xico del futuro, como se esperar¨ªa de un gobierno que se autonombra de izquierda. No hay aqu¨ª una propuesta para la gesti¨®n del agua que aproveche los seis meses de lluvia y frene la necesidad de importarla de cuencas lejanas; tampoco sugiere c¨®mo reducir la cantidad de autom¨®viles en las v¨ªas p¨²blicas, as¨ª como la contaminaci¨®n.

En este plan contrasta el discurso de la visi¨®n, misi¨®n y objetivos ¨Cla ciudad de derechos, igualitaria, pr¨®spera, sostenible y de paz y justicia¨C con la bater¨ªa de 16 instrumentos y mecanismos dise?ados para continuar facilitando los negocios inmobiliarios. Estos encarecen el suelo y la vivienda, profundizan las hist¨®ricas desigualdades y la segregaci¨®n socio-espacial, desplazan a la poblaci¨®n, los comercios y servicios de barrio, y amenazan la integridad de muchas edificaciones y ¨¢reas urbanas designadas como patrimonio.

Diversas organizaciones de residentes demandan que el Programa General de Ordenamiento Territorial de Ciudad de M¨¦xico sirva para detener los procesos de gentrificaci¨®n y encarecimiento de las rentas urbanas

Esta bater¨ªa de instrumentos de ordenamiento territorial ofrecen, en realidad, nuevas formas para que los inversionistas construyan m¨¢s de lo que estipulan las normas urban¨ªsticas y densificar bajo el discurso del desarrollo urbano sustentable. Dos de las propuestas m¨¢s pol¨¦micas son las llamadas Vialidades intraalcald¨ªas y los conocidos como Espacios p¨²blicos de propiedad privada. El primero permitir¨ªa incrementar la altura de los edificios en las principales v¨ªas de la urbe (los llamados Anillo Perif¨¦rico, Circuito Interior y Ejes Viales), desde ocho hasta 40 niveles; y el segundo habilita a aumentar en un 15% la superficie construida, cuando a nivel de suelo se genere ¡°espacio p¨²blico¡±, como una plaza o jard¨ªn. Este instrumento parece ilustrar did¨¢cticamente la tesis de Manuel Delgado de que el espacio p¨²blico es una ideolog¨ªa al servicio de la apropiaci¨®n capitalista de la ciudad.

La industria de la construcci¨®n tiene un importante peso econ¨®mico en el Producto Interno Bruto local y el impuesto sobre bienes inmuebles (predial en M¨¦xico) es una de las principales fuentes de ingresos de la capital mexicana. Sin embargo, la visi¨®n de futuro que este programa ofrece como ¨²nica v¨ªa de desarrollo es que los inversionistas inmobiliarios construyan m¨¢s y m¨¢s de lo que estipulan las normas urban¨ªsticas, a cambio de un pago o de generar una vivienda incluyente, en realidad inalcanzable por su precio para la mayor¨ªa. As¨ª, este programa garantiza continuar con la producci¨®n del despilfarro urbano.

Adem¨¢s, fiel a la praxis de la izquierda que desde hace 25 a?os gobierna esta ciudad, los instrumentos de participaci¨®n ciudadana institucionalizados no son vinculantes y dejan la toma de decisiones a las autoridades. As¨ª, uno de los art¨ªculos transitorios de esta convocatoria de consultas se?ala que ser¨¢n integradas ¨²nicamente las opiniones y sugerencias ciudadanas ¡°que resulten viables, t¨¦cnica y legalmente¡±. Pero ?qui¨¦n decide que lo son?

Diversas organizaciones de residentes demandan que este programa sirva para detener los procesos de gentrificaci¨®n y encarecimiento de los alquileres. En este sentido, es imprescindible defender el uso de suelo habitacional ¨Cfrente al uso comercial constituido por el alojamiento temporal manejado por plataformas digitales¨C, as¨ª como la promoci¨®n de una oferta de vivienda en alquiler moderado que garantice la permanencia de los residentes en los barrios mejorados por la pol¨ªtica p¨²blica.

Un ¨²ltimo aspecto que constituye una demanda central de la poblaci¨®n es la necesidad de transparentar las normas urban¨ªsticas, que han permitido la edificaci¨®n de megaproyectos en pr¨¢cticamente cualquier sitio y dejan en estado de indefensi¨®n a los residentes frente al c¨¢rtel inmobiliario.

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