El Gobierno asume la b¨²squeda y exhumaci¨®n de desaparecidos de la Guerra Civil

"No puede ser que personas con m¨¢s de 90 a?os se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un Ayuntamiento¡±, declar¨® la ministra de Justicia, Dolores Delgado, este mi¨¦rcoles en el Congreso. ¡°Es inaceptable que Espa?a siga siendo el segundo pa¨ªs en n¨²mero de desaparecidos despu¨¦s de Camboya¡±. Quedan por abrir m¨¢s de 1.200 fosas comunes, seg¨²n el mapa disponible en el Ministerio.??

Durante el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, con la ley de memoria hist¨®rica, el Ejecutivo dio subvenciones a las asociaciones de v¨ªctimas del franquismo para que fueran ellos, los familiares, quienes se encargaran de buscar y abrir las fosas reclutando a profesionales. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo a cero esas partidas presupuestarias y las fosas se abrieron entonces con donaciones de sindicatos noruegos de electricistas, la dotaci¨®n de premios desde EE UU, o exhortos enviados desde la justicia argentina, a 10.000 kil¨®metros de la escena del crimen.

El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez asumir¨¢ ahora de principio a fin esa tarea: desde la reci¨¦n creada direcci¨®n general de memoria hist¨®rica, dependiente del Ministerio de Justicia, elaborar¨¢ un plan nacional de b¨²squeda de desaparecidos y contar¨¢ para ello con un grupo de expertos arque¨®logos, abogados, forenses y representantes de las asociaciones de v¨ªctimas. Los resultados se publicar¨¢n en el BOE anualmente o en los boletines oficiales de las comunidades donde se haya hecho la exhumaci¨®n, y se elaborar¨¢ un censo oficial de v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El primero. Hasta la fecha, solo los datos reunidos por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n en su intento de investigar los cr¨ªmenes del franquismo abarcaban todo el territorio nacional.

Delgado record¨® durante su comparecencia el ¡°demoledor¡± informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que en 2014 visit¨® Espa?a y denunci¨® el abandono total de las victimas del franquismo por parte del Estado.

¡°Me parece una magn¨ªfica noticia¡±, declara a EL PA?S De Greiff, que dej¨® hace un mes el cargo de relator de la ONU. ¡°La privatizaci¨®n de las exhumaciones era una pol¨ªtica condenada a p¨¦simos resultados. Son procesos dif¨ªciles: Argentina y Chile han logrado maravillas, pero 30 a?os m¨¢s tarde de lo que pensaban. Esto debe ser una pol¨ªtica de Estado, tiene beneficios para todos¡±, a?ade.

La ministra insisti¨® en que ¡°hablar de memoria es hablar de justicia¡± y declar¨® que el Gobierno quiere realizar una ¡°reforma integral¡± de la ley de memoria hist¨®rica para cubrir las carencias denunciadas estos diez a?os por las asociaciones de familiares de v¨ªctimas de la Guerra Civil y la dictadura. As¨ª, el Ejecutivo pretende declarar nulas las sentencias franquistas ¡ªen 2007 se declararon ileg¨ªtimos los tribunales, pero no se anularon sus resoluciones¡ª; crear una comisi¨®n de la verdad e imponer sanciones econ¨®micas a quienes no retiren la simbolog¨ªa de exaltaci¨®n franquista.

Desde la oposici¨®n, el PSOE present¨® en varias ocasiones estas propuestas, y fueron rechazadas. La ¨²ltima vez, por ¡°motivos presupuestarios¡±.

Fundaci¨®n Franco

Asimismo, como avanz¨® este diario, el Ejecutivo estudia c¨®mo ilegalizar a ¡°asociaciones u organizaciones que hagan apolog¨ªa del franquismo¡±. La Fundaci¨®n Nacional Francisco Franco, que pone flores frescas cada d¨ªa en la tumba del dictador, custodia archivos y recoge en su web m¨²ltiples art¨ªculos de elogio a Franco y menosprecio de la dur¨ªsima represi¨®n que llev¨® a cabo, lo que el hispanista Paul Preston llama ¡°el holocausto espa?ol¡±. Entre las posibilidades a estudio por parte del Ejecutivo est¨¢ llevar al c¨®digo penal el delito de ¡°apolog¨ªa del franquismo¡± y modificar la ley de asociaciones y fundaciones. La de Franco ya no recibe subvenciones hace a?os, pero sus socios disfrutan de beneficios fiscales.