M¨¢s de 300 juristas rechazan la rebeli¨®n y la sedici¨®n en el ¡®proc¨¦s¡¯

Un grupo de catedr¨¢ticos y profesores de Derecho, encabezados por docentes de universidades de Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia, han publicado y suscrito en la plataforma? Peticiones24.com un escrito en el que califican de ¡°error¡± la consideraci¨®n como delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n las actuaciones de los independentistas catalanes el 20 de septiembre y el 1 de octubre del pasado a?o. La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo y el abogado del Estado Edmundo Bal, relevado ayer por no seguir las instrucciones del Gobierno, defienden que se trata de una rebeli¨®n. La Abogac¨ªa del Estado mantiene que es sedici¨®n. Los firmantes solicitan la libertad de todos los encarcelados de forma preventiva al considerar los delitos ¡°inexistentes¡±.

Seg¨²n el texto, que encabeza Guillermo Portilla Contreras, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad de Ja¨¦n, las conclusiones de la Fiscal¨ªa al calificar de rebeli¨®n los acontecimientos pendientes de juicio son err¨®neas. El mencionado delito, descrito en el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal, exige, seg¨²n los firmantes, un alzamiento p¨²blico y violento. ¡°A ese respecto debe se?alarse que, en nuestra opini¨®n, es un error considerar que los hechos acaecidos los d¨ªas 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, se integran en el concepto de violencia exigido por el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal¡±, afirman los juristas.

Argumentan los profesores de Derecho que la doctrina del Tribunal Constitucional extiende la consideraci¨®n de rebeli¨®n para hacer frente a bandas armadas o elementos terroristas, pero no consideran que las actuaciones de los Mossos de Escuadra, del Parlamento y del Gobierno catal¨¢n, as¨ª como de los l¨ªderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y ?mnium Cultural, sean susceptibles de la aplicaci¨®n de la ¡°suspensi¨®n de derechos a la que habilita el precepto constitucional¡±, en alusi¨®n al art¨ªculo 55.2, que prev¨¦ estas limitaciones para ¡°personas determinadas en relaci¨®n con las investigaciones correspondientes a la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas".

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La libertad de los pol¨ªticos presos

Los catedr¨¢ticos recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, que establece que, ¡°por definici¨®n, la rebeli¨®n se realiza por un grupo que tiene el prop¨®sito de uso ileg¨ªtimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucci¨®n o eversi¨®n del orden constitucional". Esta sentencia tambi¨¦n ha sido esgrimida por el exconseller Francesc Homs, uno de los firmantes del manifiesto y que forma parte de la defensa de encausados por el proceso soberanista.

Los promotores del texto, que hasta este mi¨¦rcoles hab¨ªan conseguido m¨¢s de 350 adhesiones en la plataforma, tampoco respaldan la tesis de la Abogac¨ªa del Estado y, por tanto, del Gobierno, al rechazar que se trate de un delito de sedici¨®n. ¡°En ning¨²n momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ning¨²n alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestaci¨®n, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental¡±, defienden los profesores.

En este sentido, el texto recuerda que la Fiscal¨ªa sustenta en su acusaci¨®n por rebeli¨®n que, ¡°desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Catalu?a y la secesi¨®n del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia. ?C¨®mo la llevaron a cabo?, se pregunta, y responde: por medio de la actuaci¨®n tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por aquellos, y la colaboraci¨®n de los Mossos¡±.

Sin embargo, los juristas que suscriben el manifiesto, cuestionan que la Fiscal¨ªa fundamente su acusaci¨®n en ¡°el peligro¡± de ¡°incitar a las movilizaciones¡± y advierten que este argumento ¡°convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales¡±.

Banalizaci¨®n

Para los firmantes, las acusaciones de rebeli¨®n y sedici¨®n ¡°abren la puerta a la banalizaci¨®n de unas figuras pr¨¢cticamente in¨¦ditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, raz¨®n por la cual el legislador de 1995 las restringi¨® para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual¡±.

Del mismo modo, advierten que las penas asociadas a ambas figuras no respetan el principio de proporcionalidad y son ¡°altamente cuestionables¡±. ¡°S¨®lo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiraci¨®n para la rebeli¨®n que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia¡±, argumentan antes de cuestionar la competencia de la Audiencia Nacional, ¡°que inici¨® el proceso viciando de nulidad lo posteriormente actuado¡±, seg¨²n el texto.

Firmantes

Los catedr¨¢ticos justifican la nueva iniciativa ¡°en la trascendencia hist¨®rica que para la democracia espa?ola alcanza el proceso penal que se va a desarrollar¡±. El principal promotor del texto es Guillermo Portilla Contreras, catedr¨¢tico de Derecho Penal en Ja¨¦n, quien no respondi¨® este mi¨¦rcoles a los mensajes de este peri¨®dico. A la redacci¨®n se uni¨® tambi¨¦n Nicol¨¢s Garc¨ªa Rivas, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha y principal estudioso del delito de rebeli¨®n en Espa?a. Garc¨ªa Rivas ya defendi¨® en este peri¨®dico, que, para que una insurrecci¨®n revista la gravedad de la rebeli¨®n tiene que ser ¡°un acto de fuerza contra la integridad territorial o el orden constitucional que no puede resolverse con otros medios¡± que no sean el recurso a las Fuerzas Armadas.

Otra de las catedr¨¢ticas firmantes es Mar¨ªa Luisa Maqueda Abreu, de la Universidad de Granada y quien ya promovi¨®, junto a Francisco Javier ?lvarez Garc¨ªa, de la Carlos III, un texto en los mismos t¨¦rminos en noviembre del pasado a?o.

A ellos se han unido, entre m¨¢s de 350 firmas, Jos¨¦ ?ngel Brandariz Garc¨ªa, titular de Derecho penal de la Universidad A Coru?a; Esther Pomares, compa?era de Portilla como profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Ja¨¦n; Juana del Carpio Delgado, del mismo ¨¢rea en la Pablo de Olavide (Sevilla); o Manuel Cancio Meli¨¢, catedr¨¢tico de la Aut¨®noma de Madrid.

Cancio defiende ¡°que no hay atisbo de violencia organizada¡±. ¡°Todo se puede discutir en derecho, pero este proceso se sale de los m¨¢rgenes¡±, asegura el catedr¨¢tico, quien insiste en que el texto que ha respaldado no es una opini¨®n pol¨ªtica sino una argumentaci¨®n jur¨ªdica.

La gran mayor¨ªa de los firmantes son profesores en universidades de toda Espa?a, muchos de ellos de Penal y Filosof¨ªa del Derecho, abogados as¨ª como alg¨²n empresario. Tambi¨¦n figuran la directora general de Contrataci¨®n P¨²blica de la Generalitat, Merc¨¨ Corretja i Torrens, y algunas firmas de juristas afincados en otros pa¨ªses. Un tercio de las firmas proceden de Catalu?a, comunidad a la que siguen Madrid y Valencia.

Mar¨ªa Acale, catedr¨¢tica en la Universidad de C¨¢diz y tambi¨¦n firmante, destaca la oportunidad del texto y la interesante coincidencia de criterios entre profesores de Filosof¨ªa del Derecho y de Penal.