Reformar la Constituci¨®n, para defenderla

Han sido ya tantos, y tantas veces, los que han solicitado o sugerido la reforma de la Constituci¨®n que la demanda, si un d¨ªa pudo ser un mantra, apenas merece ya el apelativo de cantinela. Y sin embargo, las severas tensiones que hoy agobian a la pol¨ªtica y deterioran la convivencia no encontrar¨¢n no digo ya soluci¨®n, sino ni siquiera alivio, mientras no se aborde esa tarea. Las propuestas al respecto han sido muy abundantes, pero merecen especial atenci¨®n las que hist¨®ricamente emanaron de los dos grandes partidos de nuestra democracia que durante a?os vertebraron el funcionamiento del sistema.

Ya en 1994 Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, antes de encaramarse al poder gracias a su pacto con el nacionalismo catal¨¢n y vasco, propon¨ªa ¡°la conveniencia de reformar el Senado¡± sobre lo que ¡°existe una gran coincidencia entre las fuerzas pol¨ªticas, pero la necesidad de modificar la Constituci¨®n ha frenado hasta ahora la soluci¨®n de propuestas concretas¡±. ¡°En mi opini¨®n ¨Ca?ad¨ªa¨C esta reforma tendr¨ªa que integrar definitivamente a las comunidades aut¨®nomas en la estructura del propio Estado en sentido estricto, entendido ¨¦ste como suma y conjunto de las instituciones generales¡±.

As¨ª pues el futuro de las autonom¨ªas era una cuesti¨®n inscrita ya entonces en la agenda del partido de la derecha. Pero una vez en el Gobierno no supo o no quiso abordarla, y rindi¨® tributo en cambio a la presi¨®n del nacionalismo perif¨¦rico, duplicando el porcentaje de financiaci¨®n proveniente del impuesto sobre la renta atribuido a las comunidades aut¨®nomas.

Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero introdujo en el debate pol¨ªtico la definici¨®n de la Espa?a plural, un concepto m¨¢s literario que jur¨ªdico. Pero encarg¨® en marzo de 2005 un dictamen al Consejo de Estado sobre su proyecto de reforma constitucional. Afectaba a la sucesi¨®n de la Corona, la identificaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, al Senado y a las relaciones con Europa. En aquella ocasi¨®n el PP anunci¨® estar dispuesto a pactar una soluci¨®n en lo que se refer¨ªa al primer y ¨²ltimo punto, pero no en lo tocante a las autonom¨ªas y el Senado.

Posteriormente en 2015 el PSOE elabor¨®, siendo Pedro S¨¢nchez jefe de la oposici¨®n, un documento que todav¨ªa cuelga en la web oficial del partido con un detallado programa de sus propuestas al respecto. En la actualidad, Ciudadanos ha expresado tambi¨¦n repetidamente sus deseos de proceder a un desarrollo de ese g¨¦nero; Podemos y los partidos nacionalistas e independistas reclaman en cambio un nuevo proceso constituyente y la abolici¨®n de la monarqu¨ªa. La discusi¨®n est¨¢ pues entre quienes dicen querer reformar el llamado r¨¦gimen del 78 y quienes lo pretenden destruir para apoderarse de uno nuevo. Pero mientras estos ¨²ltimos han puesto en marcha toda clase de m¨¦todos para conseguir sus fines, los llamados partidos constitucionalistas se han sumido en la inacci¨®n cuando no en la reacci¨®n.

Partiendo de la base de que hoy por hoy es improbable el emprendimiento de un proyecto constituyente, aunque un tercio del Parlamento espa?ol lo apoye, conviene no despreciar los crecientes ataques a la instituci¨®n mon¨¢rquica. La reforma sobre la sucesi¨®n de la Corona ata?e a la discriminaci¨®n que por raz¨®n de sexo existe en la ley, pues el art¨ªculo 57.1 establece la prevalencia del var¨®n sobre la mujer. El temor a que una consulta popular que corrigiera la curiosa inconstitucionalidad de esa norma establecida en la Constituci¨®n pudiera interpretarse como un refer¨¦ndum sobre monarqu¨ªa o rep¨²blica, hizo prevalecer durante a?os el prop¨®sito de que dicho cambio viniera acompa?ado por otros. De modo que las incertidumbres sobre el futuro no hicieron m¨¢s que acrecentarse en los d¨ªas sucesivos, y hoy vemos a la Jefatura del Estado atacada desde diversos frentes con el indudable fin de provocar un terremoto constitucional y un cambio de r¨¦gimen.

El aprecio popular a don Juan Carlos fue siempre muy superior al prestigio institucional de la Monarqu¨ªa, debido al papel esencial del Rey durante la Transici¨®n pol¨ªtica. La democracia no es obra suya, o no solo suya, pero su acci¨®n ayud¨® mucho a facilitar las cosas, para satisfacci¨®n de los partidos de origen y tradici¨®n republicana y desesperaci¨®n de los mon¨¢rquicos a la violeta. Desde el triunfo de las revoluciones liberales, las casas reales europeas se esforzaron en asumir los valores republicanos, y encabezan todav¨ªa hoy algunos de los reg¨ªmenes m¨¢s democr¨¢ticos y avanzados socialmente de Europa. Nuestra familia real es hoy coherente con esa actitud. La aprobaci¨®n por los espa?oles de la Constituci¨®n del 78 sancion¨® la forma mon¨¢rquica del Estado pero el temor, a mi ver infundado, de que una puesta al d¨ªa de nuestra Ley Fundamental afectara a la Corona impuls¨® dilaciones de las que hoy se deriva la mayor amenaza para ella.

La otra reforma constitucional demandada por pr¨¢cticamente todos los analistas y la gran mayor¨ªa del arco parlamentario afecta al T¨ªtulo 8, referente al Estado de las autonom¨ªas. Tiene que ver tambi¨¦n con la reforma del Senado, e incluso con la de las leyes electorales. Existen razones objetivas, del todo pragm¨¢ticas y no ideol¨®gicas, para proceder cuando menos a un lavado de cara de dicho t¨ªtulo, eliminando cuestiones obsoletas ¨Clas diferentes v¨ªas para acceder a la autonom¨ªa¨C y fijando el n¨²mero y nombre de las comunidades aut¨®nomas. Pero se trata sobre todo de procurar una mejora del sistema que garantice la unidad del territorio reconociendo la diversidad de identidades que el pre¨¢mbulo y el art¨ªculo 2 del texto constitucional establecen.

Es necesaria una mejora que garantice la unidad del territorio reconociendo la diversidad de identidades

Es precisa una definici¨®n de poderes y atribuciones del Gobierno central y de las comunidades auton¨®micas en el ¨²nico marco viable para hacerlo: un Estado federal. No discuto la oportunidad hist¨®rica del Estado de las autonom¨ªas, en un momento de la Transici¨®n pol¨ªtica amenazado por la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito y en el que el federalismo ten¨ªa resonancias claramente republicanas. Pero solo podremos cerrar el tedioso y perenne debate sobre el ser de Espa?a si aplicamos t¨¦cnicas pol¨ªticas conocidas y probadas que han funcionado en la mayor¨ªa de los pa¨ªses donde se han puesto a prueba.

El futuro de la Monarqu¨ªa y la construcci¨®n de un federalismo moderno, que supere o defina el marco auton¨®mico, son debates fundamentales para mejorar la gobernanza de este pa¨ªs, y por ende la felicidad de sus ciudadanos y su progreso econ¨®mico, material y moral. Las ¨ªnfulas cortoplacistas del poder y el impulso reaccionario de la oposici¨®n han vuelto a aplazar estas cuestiones lo mismo que las referentes a la ley electoral, cuya reforma ped¨ªan tambi¨¦n todos los partidos pol¨ªticos. La constitucionalizaci¨®n de la provincia como circunscripci¨®n electoral no es una casualidad: se trataba de primar electoralmente a la llamada Espa?a profunda, feudo tradicional de la derecha, y tambi¨¦n ¨Cen eso no repararon los responsables de entonces¨C del independentismo catal¨¢n y vasco.

La ley electoral prima a los partidos fuertes que se presentan en todo el territorio y castiga a los m¨¢s peque?os. Pero se ven beneficiadas igualmente las formaciones nacionalistas que concurren a las elecciones solo en distritos determinados. El bipartidismo potenciado por el sistema se ve solo corregido por la presencia de partidos que hoy son claramente independentistas, a los que se otorga un protagonismo exagerado en las posibles coaliciones parlamentarias o de gobierno. As¨ª vivimos hoy la sublime paradoja de que los destinos del pa¨ªs dependan de quienes pretenden separarse de ¨¦l.

El Consejo de Estado tard¨® casi un a?o en contestar la consulta del Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero. Concret¨® su respuesta en un dictamen de 400 p¨¢ginas favorable a las tesis del Ejecutivo y que cont¨® con la agria oposici¨®n del expresidente Aznar. Han pasado m¨¢s de 12 a?os desde entonces, y no ha sucedido absolutamente nada. Las promesas de que aquella reforma constitucional sellar¨ªa el broche de la legislatura socialista acabaron abrasadas por la crisis financiera mundial que marc¨® el inicio de la descomposici¨®n de nuestro sistema pol¨ªtico. La fragmentaci¨®n actual, la brutalidad del lenguaje, la desuni¨®n de los partidos llamados constitucionalistas y la mediocridad de los liderazgos hacen hoy imposible el m¨ªnimo consenso necesario para proceder a la tarea. Esta es, sin embargo, m¨¢s urgente que nunca: la ¨²nica manera de defender la Constituci¨®n 40 a?os despu¨¦s de promulgada, y de que perviva por otras cuatro d¨¦cadas, es reformarla. Hay muchos que se preguntan si ya no es tarde para eso.

Juan Luis Cebri¨¢n es presidente de honor de EL PA?S y miembro de la Real Academia Espa?ola.