El juez procesa a una empresa p¨²blica de armas por sobornar a cargos saud¨ªes
La Audiencia Nacional da el primer paso para sentar en el banquillo a la c¨²pula de Defex por corrupci¨®n en la venta de material militar a Riad
La Audiencia Nacional da el primer paso para sentar en el banquillo a la c¨²pula de la empresa p¨²blica Defex por corrupci¨®n en la venta de material militar a Arabia Saud¨ª. El auto del juez Jos¨¦ de la Mata apunta a que altos cargos del Gobierno de Riad, funcionarios diplom¨¢ticos y personas cercanas a la familia real saud¨ª fueron receptores de comisiones ilegales. El escrito detalla el complejo entramado de intermediarios y comisionistas creado para ama?ar 11 contratos valorados en 48 millones de euros. Los altos cargos saud¨ªes contaban con empresas pantalla para ocultar el cobro de los sobornos.
Defex, empresa participada al 51% por el conglomerado p¨²blico SEPI, est¨¢ siendo investigada desde 2014 por la Audiencia Nacional por el ama?o de contratos en Angola, Camer¨²n, Egipto, Brasil y Arabia Saud¨ª para vender armas y material de defensa. En la pieza separada sobre los negocios con Riad es en la que ahora el magistrado propone juzgar a la empresa p¨²blica como persona jur¨ªdica; a su expresidente Jos¨¦ Ignacio Encinas; a varios directivos e intermediarios, y a otras tres sociedades por cometer supuestamente varios delitos con 11 contratos suscritos entre 2005 y 2014.
En total, el importe de estos contratos supera los 48 millones de euros, tal y como adelant¨® EL PA?S. Ocho de los contratos fueron para suministrar munici¨®n a Arabia Saud¨ª y otros tres, repuestos para carros blindados de su Ej¨¦rcito. De la Mata considera en su auto que existen indicios ¡°s¨®lidos y consistentes¡± de que Defex consigui¨® estas adjudicaciones p¨²blicas con Riad mediante el pago de comisiones a altos cargos y funcionarios saud¨ªes.
El juez recoge en su auto?de transformaci¨®n de las diligencias previas en procedimiento abreviado la identidad de algunos de estos, despu¨¦s de que la investigaci¨®n de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lograra identificar a los propietarios de las empresas que, ocultas bajo iniciales, aparec¨ªan en la documentaci¨®n intervenida como receptoras de los sobornos. El magistrado destaca tambi¨¦n los v¨ªnculos de estos con diferentes ¨¢mbitos de poder en Riad.
Entre esas empresas saud¨ªes cita a Labah Contracting, cuya propiedad adjudica al pr¨ªncipe Ben Saad Al Saoud. Sobre ¨¦l, De la Mata destaca que es c¨®nyuge de la hermana de una persona ¡°muy cercana¡± al pr¨ªncipe Khaled ben Banda, comandante en jefe del Cuerpo del Veh¨ªculos Blindados del Ej¨¦rcito saud¨ª y hermano del pr¨ªncipe Bandar, jefe de la seguridad nacional. Tambi¨¦n menciona que Al Saoud es sobrino del propio rey Abdullah y suegro del pr¨ªncipe Faisal ben Turki Ben Nassar, jefe de la inteligencia saud¨ª, ¡°entre otras relaciones filiales que esta persona mantendr¨ªa con la Casa Real Saud¨ª¡±. Tambi¨¦n recalca sus v¨ªnculos con ¡°otros personajes influyentes¡±, como Mohamed al Hadaithy, responsable de la compra de munici¨®n.
El auto del magistrado cita adem¨¢s al antiguo jefe de la Guardia Nacional Sheikh Kahlifa al Saif, due?o de la empresa Armak Trading, del que asegura que tiene ¡°magn¨ªficas conexiones¡±, adem¨¢s de una gran amistad con el general Abdulaziz al Zeer, director del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio del Interior saud¨ª. El magistrado concluye que las empresas de ambos, entre otras, eran en realidad ¡°sociedades pantalla para ocultar los cobros y desv¨ªos de comisiones, simulando la prestaci¨®n de servicios que, por supuesto, eran inexistentes¡±.
El juez cita un informe de la UCO sobre una de las adjudicaciones ama?adas en el que se identifica a militares saud¨ªes de alta graduaci¨®n como los ¡°¨²ltimos beneficiarios econ¨®micos¡± de otras empresas que se repartieron una comisi¨®n de cerca de 1,2 millones de euros por uno de los contratos fraudulentos. As¨ª, nombra a los generales Abdullah al Anizi y Tarik Saak Sarham, este ¨²ltimo responsable del departamento de Contratos y Acuerdos del Ministerio de Defensa. Tambi¨¦n menciona a Abdurrahman Alhudaithy, hermano de otro general saud¨ª; a Hussein Algamdi, al que relaciona con el departamento de armas y munici¨®n del Ministerio de Defensa, y a Hussam al Saqqa, del que los investigadores no han podido concretar qu¨¦ cargo ocupa en la Administraci¨®n.
Tampoco han podido identificar a un comisionista que en la documentaci¨®n intervenida figura como ¡°K+D¡±. El informe detalla que las empresas de todos ellos recibieron entre marzo de 2012 y septiembre de 2015 m¨¢s de tres millones de euros desde cuentas de las empresas de la trama. El juez destaca la existencia de supuestos pagos al agregado de Defensa en la Embajada de Arabia Saud¨ª en Espa?a entre 2005 y 2014, el general Abdullah Alshamuary.
Los directivos de Defex responsables de estas pr¨¢cticas corruptas fueron el expresidente Encinas, y los encargados de estos contratos, Manuel Iglesias Sarria y ?ngel Larumbe, procesados tambi¨¦n en otras dos piezas separadas del caso Defex, las que afectan a las operaciones en Angola y Camer¨²n. Estos dos ¨²ltimos ¡°manten¨ªan el control de las operaciones y suscribieron pr¨¢cticamente todos los contratos¡±, seg¨²n el auto. De Encinas dice que ¡°no perdi¨® la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera P¨¦rez [uno de los intermediarios] y rapi?ar para s¨ª mismo parte de esos fondos, ocult¨¢ndolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation¡±.
Las sociedades pantalla y los comisionistas
Hab¨ªa un objetivo: la ¡°depredaci¨®n de fondos p¨²blicos de Defex¡±, asegura el juez De la Mata en su auto. Y para conseguirlo, la c¨²pula de la empresa semip¨²blica consinti¨® la creaci¨®n de una ¡°gigantesca estructura¡± de consultores, proveedores, intermediarios, agentes comisionistas y toda una serie de contratos entre ellos que solo pretend¨ªan ¡°encubrir la depredaci¨®n¡±. Era todo falso, a?ade el juez, y se?ala a dos personas que jugaron un papel clave: Carlos Ques Blandigneres y ?lvaro Cervera P¨¦rez. El primero ¡ªal que el juez imputa cuatro delitos¡ª manejaba los contratos de repuestos a trav¨¦s de su empresa pantalla Nytel. El segundo ¡ªcon seis delitos¡ª se ocupaba de las municiones con el grupo Ike y de Defence Development.
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