Las hijas de Laureano Oubi?a reclaman al Estado 7,5 millones de la venta del Pazo de Bai¨®n
El icono del blanqueo en Espa?a va camino del Tribunal de Estrasburgo, despu¨¦s de casi 30 a?os de avatares judiciales
Fue el primer y mayor decomiso a un narcotraficante en Espa?a y uno de los procesos que m¨¢s sentencias acumula desde que en 1990 el Pazo de Bai¨®n fuese embargado por la Audiencia Nacional a Laureano Oubi?a y su mujer Esther Lago, ya fallecida, que era la titular de las acciones. Despu¨¦s de m¨²ltiples avatares judiciales, el Estado vendi¨® en 2008 la propiedad por 15 millones de euros pero las hijas del famoso excapo gallego reclaman la mitad como herederas de su madre porque esta falleci¨® sin haber sido condenada por narcotr¨¢fico.
El abogado de Esther y Lara Oubi?a da por hecho que el asunto lo van a perder en Espa?a, pero cree que hay posibilidades de ganarlo en Estrasburgo. Estanislao de Kostka Fern¨¢ndez explica que ¡°lo que se pretende no es recuperar la propiedad del pazo, que es de un tercero de buena fe, sino el 50% de su valor que el Estado deber¨ªa pagar a las hijas de Laureano Oubi?a si Estrasburgo as¨ª lo decide¡±.
¡°Se trata de que reconozcan los derechos hereditarios de las hijas de Esther Lago, que muri¨® sin ser condenada, porque la venta se hizo salt¨¢ndose todas la leyes y como una operaci¨®n de marketing pol¨ªtico y judicial, para contentar a las asociaciones antidroga¡±, se?ala el letrado coru?¨¦s.
Las hermanas Oubi?a-Lago emprendieron su propia cruzada cuando alcanzaron la mayor¨ªa de edad, tratando de evitar la venta de la finca, el mayor latifundio de Galicia dedicado al cultivo de vino albari?o. El asunto estaba en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando en enero de 2008 el Plan Nacional sobre Drogas hab¨ªa iniciado la venta de la finca, lo cual oblig¨® a paralizar el proceso cuando las tres empresas que optaban a la adjudicaci¨®n ya hab¨ªan presentado sus ofertas.
En medio de la confusi¨®n, una r¨¢pida y oportuna sentencia logr¨® reconducir la situaci¨®n. En ella, el tribunal europeo desestim¨® las pretensiones de las demandantes porque no hab¨ªan agotado todas las instancias judiciales en Espa?a. As¨ª, las hijas de Oubi?a partieron de cero hasta llegar al Supremo, pero no han conseguido que le reconozcan los derechos hereditarios que reclaman, por lo que ahora lo intentan en el Tribunal Constitucional, y si este tambi¨¦n los rechaza recurrir¨¢ a Estrasburgo.
¡°No me cabe la menor duda de que sufren una clara vulneraci¨®n de su derecho a recibir la herencia, dado que se decret¨® el comiso de un bien cuya titularidad les correspond¨ªa al 50 % por t¨ªtulo hereditario, sin que nunca haya sido condenada la madre, lo cual es claramente anticonstitucional", defiende el abogado. Incide, adem¨¢s, en el hecho de que ¡°ni el juzgado de Pontevedra, ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Supremo hayan querido entrar en el fondo de la cuesti¨®n, limit¨¢ndose todas las resoluciones de forma sorprendente a hablar de la instituci¨®n jur¨ªdica del comiso del pazo¡±.
El recurso plantea que a las hijas de Oubi?a se les "expropi¨® sin pago" el 50 % de la propiedad, y subraya como ¡°sorprendente¡± el hecho de que el Ministerio Fiscal no pidiera responsabilidad civil alguna frente al patrimonio de Esther Lago. Una circunstancia que determin¨® que su patrimonio no estuviese en el procedimiento penal para decomisar el pazo que finaliz¨® mediante sentencia de 31 de enero de 2002 de la Audiencia Nacional, en el que a Laureano Oubi?a le decomisaron el otro 50% para el pago de las responsabilidades civiles como condenado por narcotr¨¢fico.
Esta enorme mansi¨®n con 28,7 hect¨¢reas de terreno perteneci¨® a varias generaciones de arist¨®cratas y terratenientes hasta que en 1987 cay¨® en manos de Oubi?a y Lago que lo compraron por 1,6 millones de euros. Pero la proyecci¨®n social del matrimonio, en r¨¦gimen de separaci¨®n de bienes, dur¨® poco tiempo. En junio de 1990 ambos fueron detenidos en el contexto de la operaci¨®n N¨¦cora, mientras el pazo era tomado por la Polic¨ªa y el entonces juez instructor Baltasar Garz¨®n decretaba la administraci¨®n judicial de la finca que estaba a nombre de dos empresas paname?as.
Seis a?os despu¨¦s, en un registro en casa de los Oubi?a se encontraron acciones al portador del pazo a nombre de Esther Lago, la prueba fundamental que faltaba para iniciar su expropiaci¨®n. Pero
diez meses antes de celebrarse el juicio, Lago falleci¨® en un accidente de tr¨¢fico. La Fiscal¨ªa Antidroga de la Audiencia Nacional no solo se hab¨ªa quedado sin el principal acusado, sino que decidi¨® retirar la acusaci¨®n contra Oubi?a el mismo d¨ªa de comenzar la vista.
Familiares del matrimonio, un abogado y dos empresas paname?as fueron condenados como testaferros en la compra del pazo y este pas¨® a manos del Estado con una sentencia firme del Supremo. ¡°La venta fue una ganga y el Estado lo malvendi¨®¡±, hab¨ªa dicho desde la c¨¢rcel Laureano Oubi?a.
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