La Fiscal¨ªa acusa a la ANC de Jordi S¨¤nchez de forzar el adelanto del refer¨¦ndum del 1-O

El escrito por el que la Fiscal¨ªa convierte en definitiva la acusaci¨®n por rebeli¨®n contra Oriol Junqueras y otros l¨ªderes del proceso independentista catal¨¢n contiene un elemento significativo y que no figuraba al inicio del juicio: el ministerio p¨²blico acusa a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida entonces por Jordi S¨¤nchez, de forzar el adelanto de la convocatoria del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n, que se llev¨® a cabo el 1 de octubre de 2017. S¨¤nchez, diputado suspendido de Junts per Catalunya, se enfrenta a una petici¨®n fiscal de 17 a?os de prisi¨®n.

Uno de los p¨¢rrafos a?adidos por los fiscales a su documento de acusaci¨®n se?ala: ¡°En una reuni¨®n celebrada en Badalona en el mes de junio de 2016, la ANC introdujo un cambio sustancial en su hoja de ruta para el desarrollo del proc¨¦s: la aprobaci¨®n de las leyes de desconexi¨®n y la convocatoria del refer¨¦ndum deber¨ªan llevarse a cabo no m¨¢s all¨¢ del mes de septiembre de 2017¡±. La Fiscal¨ªa se?ala, adem¨¢s, que ese itinerario hacia la independencia elaborado por la ANC en abril de 2015 planteaba ¡°la necesidad de utilizar su excepcional poder de movilizaci¨®n como respuesta a las acciones represivas del Estado¡±.

Ese a?adido figura en los apartados que el escrito de acusaci¨®n dedica a describir la unidad de acci¨®n de las entidades soberanistas con los partidos pol¨ªticos independentistas para lograr la proclamaci¨®n de la rep¨²blica catalana en 18 meses tras las elecciones auton¨®micas de septiembre de 2015, a las que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, otorg¨® un car¨¢cter de plebiscito sobre la secesi¨®n.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, las asociaciones civiles soberanistas ANC y ?mnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, tambi¨¦n acusado, ¡°asumieron la responsabilidad de (¡­) favorecer la creencia p¨²blica de que la proclamaci¨®n de la rep¨²blica era perfectamente viable¡± para lo que emprendieron ¡°una intensa movilizaci¨®n ciudadana que doblegara la voluntad del Estado¡± de modo que este ¡°terminara por aceptar la independencia de Catalu?a, ante las v¨ªas de hecho que se desplegaron¡±.

En el mismo documento, la ANC expresaba que, ante la posibilidad de que el Estado interviniera la autonom¨ªa catalana, o los partidos secesionistas fueran ilegalizados, ¡°la ciudadan¨ªa hab¨ªa de mostrarse como el agente pol¨ªtico que impulsara el proceso de independencia¡±.

Tras 49 sesiones de juicio, los fiscales siguen considerando que S¨¢nchez y Cuixart, en las semanas previas al 1-O, ¡°aprovecharon su liderazgo para impulsar a los ciudadanos a que acudieran a los diferentes centros de votaci¨®n e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido¡± de impedir la consulta, prohibida por los tribunales. Y que lo hicieron ¡°conociendo los graves enfrentamientos que pod¨ªan derivarse de una movilizaci¨®n ciudadana¡± y ¡°en ejecuci¨®n del plan inicialmente dise?ado¡±.

Los cuatro fiscales que han participado en el juicio mantienen inalterada la calificaci¨®n de rebeli¨®n sobre los hechos del oto?o de 2017 y se aferran a la petici¨®n de penas solicitada inicialmente para los acusados por este delito, uno de los m¨¢s graves del C¨®digo Penal: 25 a?os de prisi¨®n para Oriol Junqueras; 17 a?os para Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart y Carme Forcadell; 16 para Jordi Turull, Ra¨¹l Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Para los exconsejeros Meritxell Borras, Carles Mund¨® y Santi Vila mantiene intactas las penas de siete a?os por malversaci¨®n y desobediencia.

El escrito de Fiscal¨ªa mantiene en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los m¨¢s de 2.259 locales habilitados como puntos de votaci¨®n y que ha sido valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros.

A esta cantidad hay que sumar las campa?as de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campa?a de publicidad del refer¨¦ndum (los anuncios de las v¨ªas del tren emitidos por TV3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los env¨ªos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la carteler¨ªa (47.151).

Los gastos de honorarios, viajes y manutenci¨®n de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Catalu?a en la jornada del refer¨¦ndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 ¡°expertos internacionales¡± contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt, ¡°cuya ocupaci¨®n profesional no es conocida¡±, se?ala la Fiscal¨ªa en uno de los a?adidos m¨¢s ¨¢cidos de su escrito definitivo.