Las defensas y los acusados cierran el juicio circular del ¡®proc¨¦s¡¯
Los abogados solicitar¨¢n la libertad de los presos una vez concluida la vista oral
El juicio m¨¢s trascendental de la reciente historia de Espa?a ¡ªla vista sobre el oto?o independentista catal¨¢n de 2017¡ª terminar¨¢ esta semana en el Tribunal Supremo como empez¨® hace m¨¢s de cuatro meses: con la intervenci¨®n de los 12 acusados en su turno de ¨²ltima palabra, que vendr¨¢ precedida, este martes, por los alegatos de los abogados defensores. Los acusados por delitos de rebeli¨®n ¡ªuno de los m¨¢s graves del C¨®digo Penal¡ª, sedici¨®n, malversaci¨®n y desobediencia podr¨¢n volver a exponer los argumentos, en general m¨¢s pol¨ªticos que jur¨ªdicos, que ya plantearon en febrero.
El car¨¢cter circular que la ley otorga a los juicios penales ¡ªson los acusados quienes tienen la primera intervenci¨®n, en el turno de interrogatorio, y la ¨²ltima palabra¡ª se ha trasladado al fondo de la cuesti¨®n. M¨¢s de medio centenar de sesiones, con 422 testigos, cinco pruebas periciales y una documental extens¨ªsima han dejado las posiciones de las partes exactamente en el mismo lugar en que se situaban al inicio de la vista oral. El juicio tampoco parece haber servido para cambiar ¡ªsi acaso para reforzar¡ª la visi¨®n que las fuerzas pol¨ªticas y la opini¨®n p¨²blica ya ten¨ªan sobre unos hechos que ocurrieron en gran medida ante los medios de comunicaci¨®n.
La Fiscal¨ªa se fortifica en el delito de rebeli¨®n y en la tesis de que los acusados se apoyaron en la violencia para romper la Constituci¨®n y lograr la independencia de Catalu?a, e insiste en pedir hasta 25 a?os de c¨¢rcel para Junqueras o 17 a?os para Jordi S¨¤nchez, Jordi Cuixart o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La Abogac¨ªa del Estado sostiene que la violencia no tuvo un car¨¢cter "estructural" en el proc¨¦s e insiste en la sedici¨®n, un delito cuya gravedad ¡ªhasta 12 a?os de c¨¢rcel solicitan para Junqueras¡ª ha quedado oscurecida por las posiciones extremas de los fiscales y de la acusaci¨®n popular de Vox, que a la rebeli¨®n a?ade el delito de organizaci¨®n criminal.
Este martes en el Sal¨®n de Plenos del Supremo, las defensas responder¨¢n a los dur¨ªsimos informes finales planteados por las acusaciones la semana pasada, y en los que la Fiscal¨ªa calific¨®, sin ambages, el proc¨¦s de ¡°golpe de Estado¡±. Los abogados reclamar¨¢n la absoluci¨®n de sus clientes y plantear¨¢n que el refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del 1 de octubre de 2017, la declaraci¨®n de independencia del 27 de ese mes y las protestas del 20 de septiembre fueron un intento pol¨ªtico leg¨ªtimo de negociar con el Estado y un ejercicio de los derechos fundamentales de expresi¨®n, manifestaci¨®n y reuni¨®n.
Un sector de los letrados, encabezado por Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras, y Jordi Pina, que representa a Jordi S¨¤nchez y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, denunciar¨¢ la que entienden como vulneraciones del derecho de defensa por parte del tribunal presidido por Manuel Marchena. Los letrados pondr¨¢n sobre la mesa la imposibilidad de contrastar las declaraciones de los guardias civiles y polic¨ªas lesionados el 1-O al tratar de cumplir el mandato judicial de impedir la votaci¨®n ilegal con los v¨ªdeos de las intervenciones en los colegios electorales, que fueron exhibidos en bloque en la fase documental. En sus escritos de conclusiones definitivas, estos abogados han denunciado tambi¨¦n un supuesto trato de favor del tribunal hacia las acusaciones.
Estas alegaciones formar¨¢n previsiblemente parte de las demandas contra Espa?a que los defensores prev¨¦n interponer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en caso de que los l¨ªderes secesionistas resulten condenados. La semana pasada, Estrasburgo propin¨® el primer rev¨¦s serio a los independentistas al avalar la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 4 de octubre de 2017 en el que el fugado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, iba a dar cuenta de los resultados del refer¨¦ndum.
Petici¨®n de libertad
Las defensas solicitar¨¢n la puesta en libertad provisional de los acusados que permanecen en prisi¨®n provisional una vez que han comparecido en el juicio oral y solo queda que la Sala de lo Penal del Supremo emita la sentencia, que ser¨¢ firme. Esta ser¨¢ una de las cuestiones m¨¢s inmediatas que tendr¨¢n que dirimir los magistrados presididos por Marchena. El tribunal tiene que pronunciarse todav¨ªa sobre un asunto m¨¢s complejo: la petici¨®n de permiso de Oriol Junqueras para recoger el acta de eurodiputado en el Congreso el pr¨®ximo 17 de junio y para acudir a Estrasburgo a la sesi¨®n constitutiva del Parlamento Europeo, el 2 de julio. La decisi¨®n afectar¨¢ a la posible inmunidad parlamentaria del l¨ªder de ERC, a quien la Fiscal¨ªa considera ¡°motor principal¡± de la supuesta rebeli¨®n.
La hipot¨¦tica puesta en libertad de los procesados una vez terminado el juicio tendr¨ªa efectos sobre la aritm¨¦tica parlamentaria, ya que permitir¨ªa el regreso al Congreso de los Diputados de los presos Jordi Turull y Jordi S¨¤nchez. Estos, de momento, han decidido no renunciar al acta, lo que rebaja el list¨®n de la mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara baja. Tampoco ha renunciado a su esca?o en el Senado Ra¨¹l Romeva, aunque en este caso el impacto de su ausencia es menor, pues el PSOE dispone de una holgada mayor¨ªa.
Los magistrados tambi¨¦n tendr¨¢n que decidir si permiten la salida de prisi¨®n del exconseller de Interior Joaquim Forn para asistir, el pr¨®ximo s¨¢bado, a la sesi¨®n constitutiva del Ayuntamiento de Barcelona, donde es cabeza de lista por Junts per Catalunya, el partido posconvergente liderado por Carles Puigdemont. Los siete jueces tambi¨¦n tienen sobre la mesa una petici¨®n de libertad de Jordi Cuixart. El presidente de ?mnium Cultural, la gran entidad movilizadora del independentismo, junto con la Assemblea Nacional Catalana, pretende hacer valer el informe-opini¨®n del llamado Grupo de Trabajo contra la Detenci¨®n Arbitraria de la ONU, que reclama al Gobierno espa?ol la excarcelaci¨®n de los l¨ªderes independentistas, algo que no depende del Ejecutivo sino que es competencia exclusiva del Poder Judicial.
El final del juicio ir¨¢ acompa?ado, como su inicio, de una nueva protesta independentista convocada por ANC, ?mnium Cultural, JxCat, ERC y la CUP. Para ello, otro c¨ªrculo, los nacionalistas han modificado la agenda del Parlament de esta semana.
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