Interrogantes de una sentencia que har¨¢ historia

La sentencia sobre el proceso separatista catal¨¢n se har¨¢ p¨²blica antes del 16 de octubre, y la previsi¨®n generalizada es que habr¨¢ condenas. Al menos nueve, porque nueve de los 12 acusados siguen en prisi¨®n preventiva, lo que apunta a que van a ser penados. Si, tras el juicio, los siete magistrados que juzgan el caso en el Tribunal Supremo hubiesen vislumbrado alguna absoluci¨®n, el beneficiario ya estar¨ªa en la calle, interpretan fuentes del Supremo. Cada vez que las defensas han pedido al tribunal que dejase libre a sus clientes mientras redactaba la sentencia (el juicio acab¨® el 13 de junio), la respuesta ha sido negativa. Estas son algunas claves del caso:

El nudo gordiano: la violencia. El debate jur¨ªdico sobre el futuro de los l¨ªderes secesionistas se halla en pleno fragor. Que, por ejemplo, Oriol Junqueras, Josep Rull, Josep Turull o Ra¨¹l Romeva (cuatro de los nueve encarcelados) sean condenados por rebeli¨®n (castigada con entre 15 y 25 a?os) o sedici¨®n (entre 10 y 15) depender¨¢ de c¨®mo el tribunal desmadeje el siguiente nudo gordiano: si los tumultos violentos que depar¨® el proc¨¦s fueron el instrumento del que se sirvieron los dirigentes separatistas para alcanzar su objetivo (es decir, si los instigaron). O si, por el contrario, se trat¨® de concentraciones espont¨¢neas dif¨ªcilmente manejables. Lo que s¨ª quieren los jueces es que el fallo sea por unanimidad. La Fiscal¨ªa pide penas de entre 16 y 25 a?os para los principales implicados por rebeli¨®n. La Abogac¨ªa del Estado les acusa de sedici¨®n. Tambi¨¦n hay delitos de malversaci¨®n y desobediencia.

Dos jornadas negras. La diferencia entre rebeli¨®n y sedici¨®n es que la primera persigue modificar las estructuras del Estado (lograr la independencia de un territorio, vulnerar la Constituci¨®n mediante violencia en la calle) mientras que la segunda consiste en promover actos tumultuarios para impedir la aplicaci¨®n de las leyes. Los jueces tienen claro que al menos hubo dos jornadas plagadas de violencia durante el proc¨¦s, seg¨²n las fuentes consultadas. Una, la del cerco que montaron 40.000 personas y que impidi¨® la salida de la comitiva judicial que registraba la consejer¨ªa que dirig¨ªa Junqueras el 20 de septiembre de 2017; y dos, la resistencia que hallaron el 1-O los antidisturbios frente a los colegios electorales cuando, por orden judicial, pretend¨ªan retirar las urnas.

Malversaci¨®n. Ya sea rebeli¨®n o sedici¨®n, varios de los principales acusados ¡ªlos que formaban parte del Govern¡ª se enfrentan a otro delito: malversaci¨®n de fondos, por presuntamente destinar dinero p¨²blico al refer¨¦ndum ilegal. Un delito que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, qued¨® acreditado en el juicio y que puede acarrearles entre dos y cuatro a?os m¨¢s de c¨¢rcel.

El papel de los tres acusados que est¨¢n libres. Tres de los 12 reos (Carles Mund¨®, Santi Vila y Meritxell Borr¨¤s) est¨¢n en libertad provisional, acusados de malversaci¨®n y desobediencia. Son los que m¨¢s posibilidades tienen de ser absueltos o recibir una condena menor. Y es que, al igual que sus otros colegas del Ejecutivo de la Generalitat, Mund¨®, Vila y Borr¨¤s validaron supuestamente con su presencia en el Consejo de Gobierno acuerdos que implicaron un desv¨ªo de dinero p¨²blico al proc¨¦s contra una orden expresa del Tribunal Constitucional. Pero ninguno de los tres extrajo para ese fin dinero de sus respectivos departamentos. ?Colaboraron con sus colegas en el delito de malversaci¨®n al validar el acuerdo o actuaron bajo la presi¨®n de que su jefe, Carles Puigdemont, era el principal valedor del mismo? Esta es otra cuesti¨®n que deber¨¢ resolver la sentencia.

La inhabilitaci¨®n y el tercer grado penitenciario. Las condenas para los principales acusados, dado el tenor de los delitos, ir¨ªan acompa?adas de penas de inhabilitaci¨®n. No podr¨ªan ejercer cargos p¨²blicos salvo que se les indulte. La sentencia ser¨¢ firme en cuanto se publique, lo que permite solicitar el indulto o el tercer grado penitenciario (r¨¦gimen de semilibertad). En principio, podr¨ªan acceder al tercer grado al d¨ªa siguiente de recibir la condena si as¨ª lo considera la junta de tratamiento de la prisi¨®n, seg¨²n lo recogido en el art¨ªculo 36 del C¨®digo Penal.

Si, tras la sentencia, la Generalitat ¡ªque tiene las competencias sobre pol¨ªtica penitenciaria¡ª les otorga el tercer grado, solo el fiscal podr¨ªa recurrirlo ante un juez de vigilancia penitenciaria de Catalu?a, ¨²nico que podr¨ªa revocarla. Los fiscales se rigen por el principio de jerarqu¨ªa, de tal forma que la decisi¨®n final la tendr¨ªa la fiscal general del Estado, nombrada por el Gobierno central. Si lo que dictamine el juez de vigilancia no gusta al fiscal, y este recurre, el asunto lo asumir¨ªa entonces el tribunal sentenciador, es decir, la sala del Supremo que preside Manuel Marchena. Precisamente para evitar esa hipot¨¦tica concesi¨®n autom¨¢tica del tercer grado, la Fiscal¨ªa pidi¨® al Supremo al final del juicio que la sentencia establezca un l¨ªmite m¨ªnimo de cumplimiento de c¨¢rcel.

El pr¨®fugo Puigdemont. Si el expresident Puigdemont, que no ha podido ser juzgado porque permanece pr¨®fugo de la justicia, volviese a Espa?a, ser¨ªa detenido de inmediato y conducido ante el juez instructor del caso, Pablo Llarena (quien previsiblemente volver¨¢ a dictar contra ¨¦l una orden de detenci¨®n europea tras la publicaci¨®n de la sentencia). Puigdemont seguir¨ªa procesado por rebeli¨®n y malversaci¨®n. Aunque la sentencia sobre sus compa?eros tipificase lo sucedido en Catalu?a en 2017 de, por ejemplo, sedici¨®n, el expresident no podr¨ªa escudarse en ella.

A efectos pol¨ªticos, la diferencia entre rebeli¨®n y sedici¨®n es importante. Un cargo p¨²blico procesado por rebeli¨®n y contra el que exista una orden de prisi¨®n queda suspendido autom¨¢ticamente de sus funciones p¨²blicas. No hay que esperar a que haya una sentencia firme sobre ¨¦l. Por este motivo, Puigdemont est¨¢ suspendido como eurodiputado, y Junqueras y los otros acusados de este delito lo est¨¢n como diputados. En los delitos de sedici¨®n, en cambio, no cabe tal suspensi¨®n sin una previa sentencia firme.