El Supremo culpa de los incidentes del 1-O a la ¡°deslealtad¡± de la Generalitat

La sentencia del Tribunal Supremo no contiene ninguna cr¨ªtica a la actuaci¨®n del Gobierno espa?ol y de las fuerzas de seguridad del Estado en los incidentes que rodearon la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1-O y atribuye toda la responsabilidad de los mismos a la ¡°desleal actuaci¨®n¡± del entonces consejero de Interior de la Generalitat, el condenado Joaquim Forn, y del conjunto del Govern.

¡°En diversos lugares de la geograf¨ªa catalana se produjeron [el 1 de octubre de 2017] enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisi¨®n del voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resoluci¨®n judicial de la que eran portadores los agentes¡±, recuerdan los magistrados. ¡°Ante la actitud t¨¢cticamente predispuesta de quienes se apostaron a la entrada de los centros, los agentes de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad deriv¨® en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa¡±, agrega, sin concretar el n¨²mero de lesionados o la gravedad de sus lesiones.

¡°A primeras horas de la tarde [del 1 de octubre], dado que el uso de la fuerza podr¨ªa devenir desproporcionado, los agentes de la Polic¨ªa nacional y la Guardia Civil recibieron ¨®rdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar el prop¨®sito inicial¡± de cerrar los centros de votaci¨®n, concluye.

En respuesta a la defensa de Jordi Cuixart, que apel¨® a la convenci¨®n contra la tortura para reclamar que se investigaran las lesiones sufridas por los ciudadanos que acudieron a votar el 1-O, la sentencia recuerda que actualmente hay "distintas causas penales instruidas por los ¨®rganos jurisdiccionales competentes para esclarecer esos hechos".?

Por el contrario, al analizar la actuaci¨®n del Gobierno catal¨¢n, el Supremo subraya que el 28 de septiembre de 2017 los m¨¢ximos responsables de los Mossos d¡¯Esquadra, encabezados por el mayor Josep Lluis Trapero, se reunieron a iniciativa propia con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el propio Forn; y les pidieron expresamente la suspensi¨®n de la votaci¨®n, advirti¨¦ndoles del ¡°riesgo de graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos¡±. Pero los mandos pol¨ªticos decidieron seguir adelante con el refer¨¦ndum, pese a conocer las advertencias del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, subrayan los magistrados.

El consejero de Interior, explican, simul¨® atender los criterios del jefe de la polic¨ªa auton¨®mica, en el sentido de dar prioridad a la preservaci¨®n de la ¡°convivencia¡±, tal como se?alaba la resoluci¨®n judicial, pero desvirtuando su sentido. ¡°Con ello disimulaba, siquiera de modo inveros¨ªmil, su verdadero prop¨®sito de que la actuaci¨®n de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados¡±, la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal. ¡°Se aparent¨® as¨ª que la ponderaci¨®n bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la resoluci¨®n judicial, sino de manera absolutamente exclusiva para la defensa ante agresiones previas ¡®de los ciudadanos a los polic¨ªas¡±, asegura la sentencia.

El resultado de esta estrategia fue que los Mossos no interfirieron en las votaciones, ¡°m¨¢s all¨¢ de alguna actuaci¨®n aparente y en un m¨ªnimo n¨²mero de centros. En algunos casos¡±, a?ade, "llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral que les era entregado por los ciudadanos". La mayor¨ªa de las veces, sin embargo, ¡°ante la oposici¨®n decidida de los numerosos grupos de ciudadanos que proteg¨ªan¡± los centros de votaci¨®n, simplemente, ¡°siguiendo las instrucciones que ten¨ªan [de la Consejer¨ªa de Interior], desist¨ªan de su objetivo [de cumplir el mandato judicial] ante la obvia imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas¡±.

En v¨ªsperas del refer¨¦ndum, el consejero del Interior hab¨ªa advertido de que las fuerzas de seguridad del Estado solo ¡°tendr¨ªan que actuar a requerimiento de las auton¨®micas¡±; e incluso protest¨® por la designaci¨®n como coordinador del coronel de la Guardia Civil Diego P¨¦rez de los Cobos, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

Para el Supremo, el error de los responsables de la Administraci¨®n central (el secretario de Estado de Seguridad, Jos¨¦ Antonio Nieto, el delegado del Gobierno en Catalu?a, Enric Millo, y el propio P¨¦rez de los Cobos) fue creer "en la previsi¨®n de ¡®normalidad¡¯ afirmada" por Forn; ¡°y [en] que este cumplir¨ªa lo mandado¡± por la justicia. ¡°Ello contribuy¨® a la inhibici¨®n de la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad del Estado¡± ante la ocupaci¨®n de los centros de votaci¨®n por parte de activistas en v¨ªsperas del 1-O. Esta ¡°desleal¡± actuaci¨®n de Forn, concluye la sentencia, facilit¨® que los colegios electorales estuvieran disponibles en la jornada del refer¨¦ndum; lo que evidencia, a juicio del tribunal, la ¡°firme decisi¨®n¡± de su consejer¨ªa ¡°no solamente de no impedir la votaci¨®n¡± sino de ¡°garantizar su efectiva realizaci¨®n¡±.

En opini¨®n de los magistrados, el 1-O fue un gran enga?o al pueblo catal¨¢n por parte de los l¨ªderes independentistas, que "eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jur¨ªdica de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que se presentaba como la v¨ªa para la construcci¨®n de la Rep¨²blica de Catalu?a. [...] Eran conocedores de que lo que se ofrec¨ªa a la ciudadan¨ªa catalana como el ejercicio leg¨ªtimo del 'derecho a decidir', no era sino el se?uelo para una movilizaci¨®n que nunca desembocar¨ªa en la creaci¨®n de un Estado soberano. Bajo el imaginario derecho de autodeterminaci¨®n, se agazapaba el deseo de [...] presionar al Gobierno de la naci¨®n para la negociaci¨®n de una consulta popular".

En definitiva,concluye la sentencia, "los ilusionados ciudadanos que cre¨ªan que un resultado positivo [...] conducir¨ªa al ansiado horizonte de la rep¨²blica soberana, desconoc¨ªan que el 'derecho a decidir' hab¨ªa mutado en un at¨ªpico 'derecho a presionar'. [...] Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los jueces de Catalu?a hab¨ªa perdido su capacidad jurisdiccional y expuestos a la compulsi¨®n personal mediante la que el ordenamiento jur¨ªdico garantiza la ejecuci¨®n de las decisiones judiciales".

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