Las elecciones planean sobre la sentencia de los ERE

La resoluci¨®n de la pieza pol¨ªtica de la macrocausa de los ERE, que ha sentado en el banquillo a una generaci¨®n de dirigentes socialistas andaluces, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, parece inminente. Este s¨¢bado, 26 de octubre, diez meses despu¨¦s de que finalizara el juicio, termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa dio al magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Pe?a, para dedicarse en exclusiva a su redacci¨®n. El plazo, sin embargo, no es definitivo y las elecciones generales del pr¨®ximo 10 de noviembre pueden alterarlo.

Los abogados consultados no creen que Calle Pe?a pida un nuevo aplazamiento y tampoco consideran que vaya a cumplir con la m¨¢xima no escrita de que la justicia no debe interferir en los procesos electorales. ¡°El auto de apertura del juicio oral de los ERE se dict¨® en junio de 2016, cuando faltaban 20 d¨ªas para las elecciones generales que gan¨® Mariano Rajoy¡±, recuerda uno de los letrados. La presi¨®n de sus propios compa?eros, muy cr¨ªticos con los horarios de las sesiones durante el juicio oral, podr¨ªa influir para que no se dilatara la comunicaci¨®n del fallo, indica otro letrado.

El tribunal debe esclarecer el alcance de la responsabilidad en la elaboraci¨®n y el mantenimiento entre 2001 y 2009 de un procedimiento espec¨ªfico para facilitar las prejubilaciones y acelerar las ayudas p¨²blicas a empresas en crisis. La Fiscal¨ªa considera que ese sistema era ¡°totalmente opaco¡± y se constituy¨® para eludir deliberadamente el control de la intervenci¨®n general y poder otorgar subvenciones a empresas afines al PSOE. La acusaci¨®n lleva aparejada la alta carga simb¨®lica de apuntalar la existencia una supuesta red clientelar de los ejecutivos socialistas con las pol¨ªticas de empleo.

La Fiscal¨ªa pide condenas por malversaci¨®n para 14 de los 21 ex altos cargos enjuiciados y de prevaricaci¨®n para todos los encausados. Para Chaves se piden 10 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n; para Gri?¨¢n, seis a?os de c¨¢rcel y 30 de inhabilitaci¨®n por malversaci¨®n continuada y prevaricaci¨®n.

Las defensas han esgrimido que el sistema que la Junta cre¨® para otorgar las ayudas sociolaborales fue aprobado por el Parlamento y que, por tanto, la partida 31L, bautizada por uno de los principales encausados, el ex director de Trabajo Francisco Jos¨¦ Guerrero, como fondo de reptiles, destinada para las empresas en crisis, era transparente. Tambi¨¦n han reiterado que el interventor general en ning¨²n momento detect¨® menoscabo de fondos ni alert¨® de que el mecanismo fuera ilegal. ¡°Se trata de un claro caso de penalizaci¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica¡±, se?ala uno de los letrados.

¡°En el juicio de los ERE se dilucidan cuestiones muy t¨¦cnicas y farragosas sobre las que no existe siquiera jurisprudencia¡±, explican los juristas. Esto explica tanto la extensi¨®n de la sentencia ¨Cm¨¢s de mil folios- y el tiempo dedicado a la redacci¨®n. Una de las inc¨®gnitas es determinar si los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n se circunscriben ¨²nicamente a los responsables de la Consejer¨ªa de Empleo, encargada de la ejecuci¨®n de la concesi¨®n de las ayudas, como aleg¨® durante el juicio el expresidente Gri?¨¢n, que tambi¨¦n fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, o se extiende a otros departamentos y entidades p¨²blicas.

El juicio de los ERE ha pasado una enorme factura pol¨ªtica y personal a los encausados. Gri?¨¢n, quien en 2009 sustituy¨® al frente de la Junta de Andaluc¨ªa a Chaves, que estuvo 19 a?os ocupando ese puesto, dimiti¨® en 2013. En 2015, el propio Chaves, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarr¨ªas y el ex consejero de Empleo, Jos¨¦ Antonio Viera, entregaron sus actas como diputados. El caso precipit¨® el abandono del PSOE de los dos expresidentes de la Junta y la sepultura de las carreras pol¨ªticas y en la Administraci¨®n del resto de encausados. Para el PSOE la imagen de sus l¨ªderes en Andaluc¨ªa durante dos d¨¦cadas sentados en el banquillo ha sido devastadora.

Ning¨²n procesado est¨¢ acusado de haberse lucrado il¨ªcitamente y el dinero de la partida 31L no ha servido para financiar al partido. Sin embargo, el PP ha utilizado este proceso como ¡°la G¨¹rtel del PSOE¡±, para contrarrestar la fuerza medi¨¢tica de la trama de corrupci¨®n en su partido, que propici¨® la moci¨®n de censura contra Rajoy en 2018. Se ha hablado de miles de millones defraudados, pero la Fiscal¨ªa rebaj¨® la cifra de 741 a 680 millones, una cantidad que, en su opini¨®n, ¡°nunca debi¨® de salir de las arcas p¨²blicas¡±. El 80% del dinero se destin¨®, de manera legal, a financiar los despidos y prejubilaciones de 6.000 trabajadores, en algunos casos de manera conjunta por parte del Gobierno central y la Junta. ¡°De hecho, el Ministerio P¨²blico no ha pedido la devoluci¨®n de esa cantidad¡±, se?alan los expertos consultados.

S¨ª hubo empresas y particulares que se beneficiaron il¨ªcitamente, los llamados ¡°intrusos de los ERE¡±, como el ya famoso ¡°ch¨®fer de la coca¨ªna¡± de Guerrero o muchas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, de donde es oriundo el exconsejero de Trabajo. Sin embargo, el destino de esas ayudas tampoco se juzga en la pieza pol¨ªtica de los ERE, sino que forman parte las casi 200 piezas separadas, una por cada ayuda, que integran la macrocausa. Los magistrados de la Audiencia de Sevilla deben dilucidar la legalidad de las transferencias de financiaci¨®n -el procedimiento con el que se atribuyeron esas ayudas- y a qui¨¦nes considera sus responsables penales.