Bruselas expedienta a Francia por la tasa que impone a las 'telecos' para financiar la televisi¨®n p¨²blica
La Comisi¨®n Europea considera que esta tasa constituye "una carga administrativa incompatible con la legislaci¨®n comunitaria".- Se trata del modelo que ha inspirado la nueva financiaci¨®n de RTVE
La Comisi¨®n Europea ha expedientado a Francia por la tasa que ha impuesto a las operadoras de telecomunicaciones para financiar la televisi¨®n p¨²blica y compensar as¨ª la supresi¨®n progresiva de la publicidad y en la que se ha inspirado el Gobierno para dise?ar el nuevo modelo de financiaci¨®n de Radio Televisi¨®n Espa?ola (RTVE) . Bruselas considera que esta tasa constituye "una carga administrativa incompatible con la legislaci¨®n comunitaria".
El Ejecutivo comunitario ya lanz¨® el pasado mes de diciembre una investgaci¨®n en profundidad sobre la financiaci¨®n de RTVE por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a las televisiones privadas y a las telecos podr¨ªan incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electr¨®nicas. Bruselas ha pedido al Gobierno que no use estas tasas para financiar la televisi¨®n p¨²blica hasta que no concluya la investigaci¨®n.
Peligro de repercusi¨®n en el consumidor
"Ya he expresado mis dudas sobre la tasa a las telecos en varias ocasiones", ha afirmado la comisaria responsable de Sociedad de la Informaci¨®n, Viviane Reding, en un comunicado. "No s¨®lo parece incompatible con las reglas europeas sino que afecta a un sector que ahora es uno de los princiales motores del crecimiento econ¨®mico", se?al¨®.
"Adem¨¢s, existe un riesgo claro de que se repercuta sobre los usuarios en un momento en el que estamos intentando reducir sus facturas recortando las tasas de terminaci¨®n y el coste de las llamadas de m¨®vil, la transferencia de datos y los mensajes de texto en itinerancia", insiste Reding.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracci¨®n. Las autoridades francesas tienen ahora un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones. Si no convencen al Ejecutivo comunitario, el caso podr¨ªa acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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