La ¡®ley Wert¡¯ provoca una catarata de recursos al Constitucional
Cinco comunidades y el PSOE llevan la reforma educativa al alto tribunal
La contestaci¨®n a la s¨¦ptima ley educativa de la democracia cambia de escenario: tras la calle, las aulas y el Parlamento, la batalla contra la ley Wert llega al terreno judicial. El Tribunal Constitucional va a recibir esta semana ¡ªel 10 de marzo acaba el plazo para impugnar la LOMCE, tres meses despu¨¦s de su publicaci¨®n¡ª los recursos de inconstitucionalidad de cinco autonom¨ªas ¡ªCatalu?a, Pa¨ªs Vasco, Andaluc¨ªa, Asturias y Canarias¡ª y del PSOE. Una catarata de recursos ¡ªaunque no es la primera vez que las leyes de Educaci¨®n acaban en el Constitucional¡ª que auguran una conflictividad judicial larga: varias comunidades han avanzado tambi¨¦n su intenci¨®n de llevar al alto tribunal no solo la ley, sino todos sus decretos de desarrollo.
El Constitucional tendr¨¢ sobre la mesa en los pr¨®ximos d¨ªas numerosos argumentos contra la reforma. Solo el escrito del PSOE, elaborado por un grupo de juristas encabezados por el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Gregorio C¨¢mara, ocupa m¨¢s de 70 p¨¢ginas; y Catalu?a, por ejemplo, presentar¨¢ dos recursos diferentes, uno de la Generalitat y otro del Parlamento.
¡°Vamos al Constitucional todos los que podemos hacerlo sin sonrojarnos, estoy seguro de que a alguna comunidad del PP tambi¨¦n le habr¨ªa gustado...¡±, opina Mario Bedera, portavoz de Educaci¨®n de los socialistas en el Congreso. ¡°No nos han dejado otro camino¡±, a?ade la consejera de Educaci¨®n de Asturias, Ana Gonz¨¢lez, que cree que la avalancha de impugnaciones ¡°revela la falta de di¨¢logo¡± del Gobierno.
El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Rafael Bustos ve tambi¨¦n un problema de fondo. ¡°La materia educativa es la que m¨¢s ha generado problemas desde que entr¨® en vigor la Constituci¨®n, est¨¢ claro que el consenso del a?o 78 no ha funcionado¡±, sostiene, y apunta: ¡°El modelo educativo no est¨¢ asentado desde el punto de vista constitucional¡±.
El intrincado camino de la LOMCE
- Aprobada en solitario. El 28 de noviembre de 2013 la Ley Org¨¢nica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprueba en el Congreso solo con los votos del PP. Ning¨²n otro grupo de la C¨¢mara vota a favor (UPN se abstiene y los dem¨¢s la rechazan). A la aprobaci¨®n de la norma le hab¨ªan precedido varias huelgas generales educativas y movilizaciones, y le suceder¨ªan nuevas mareas verdes masivas m¨¢s.
- Rev¨¦s del Consejo de Estado. El camino al Congreso tampoco estuvo exento de problemas. Adem¨¢s de las protestas de la comunidad educativa, los consejeros del PP se rebelaron contra la reforma y el Consejo de Estado plante¨® una gran enmienda sobre muchos puntos de la norma. Reclam¨® un "acuerdo general de las fuerzas pol¨ªticas y sociales" y pidi¨® mantener Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa.
- El problema de la aplicaci¨®n. Con la ley ya aprobada, las comunidades no gobernadas por el PP se plantan y avisan de que no hay tiempo para aplicar la norma; al final ser¨¢n las del PP las que obligan a Jos¨¦ Ignacio Wert a ceder y retrasar el calendario de puesta en marcha de la ley, as¨ª como a ampliar el presupuesto.
- Cr¨ªticas. Todos los grupos de la oposici¨®n en el Congreso (salvo UPyD y Foro) registran una proposici¨®n en la que instan al Gobierno a derogar la LOMCE. Son los mismos grupos que se comprometieron por escrito a derogarla en cuanto no gobierne el PP.
- Judicializaci¨®n. Cinco comunidades ¡ªCatalu?a (CiU), Andaluc¨ªa (PSOE), Pa¨ªs Vasco (PNV), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE)¡ª y el PSOE presentan recursos de inconstitucionalidad.
- Nuevas protestas en el horizonte. El sindicato de estudiantes convoca una huelga de 48 horas los pr¨®ximos 26 y 27 de marzo.
En caso de que admita a tr¨¢mite los recursos ¡ªque no suspender¨ªan la aplicaci¨®n de la ley, por ser una norma estatal¡ª, el Constitucional tendr¨ªa que pronunciarse sobre asuntos tan espinosos como la segregaci¨®n de alumnos por sexo, la presencia del castellano en Catalu?a o la asignatura de Religi¨®n.
? El concierto con los colegios que separan por sexo. El blindaje de la LOMCE a la ense?anza diferenciada por sexos es el punto que m¨¢s ocupa en el recurso que presentar¨¢ el PSOE, al que ha tenido acceso a este peri¨®dico. Los socialistas argumentan que supone una discriminaci¨®n por raz¨®n de g¨¦nero que vulnera el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n (la igualdad ante la ley y la prohibici¨®n de discriminaci¨®n), y que es ¡°se?alada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de especialistas en la materia¡±. Adem¨¢s, entienden que el concierto con estos centros supone ¡°poner el gasto p¨²blico al servicio de modelos educativos que, al separar a los ni?os por raz¨®n de g¨¦nero, hacen renunciar a la convivencia democr¨¢tica entre ellos¡±. Varias comunidades recurren tambi¨¦n este punto; no as¨ª Catalu?a, porque CiU evit¨® que prosperara la petici¨®n de ERC y PSC. Algunas autonom¨ªas se resistir¨¢n a aplicarlo. ¡°No tengo ninguna raz¨®n para concertar con estos centros, ya tengo la demanda satisfecha con la red actual¡±, afirma la consejera asturiana, a la que dos colegios han llevado a los tribunales por retirar el concierto.
? El castellano. Catalu?a batallar¨¢ contra el art¨ªculo que le obliga a pagar la escolarizaci¨®n en escuelas privadas cuando no exista una oferta de castellano en la p¨²blica. Fuentes del Gobierno catal¨¢n se?alan que su recurso estar¨¢ muy inspirado en el dictamen del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, que lo consider¨® ilegal porque vulnera la ¡°autonom¨ªa financiera¡± de la Generalitat, al decidir ¡°discrecionalmente¡± sobre la necesidad de un gasto de escolarizaci¨®n ¡°que corresponde adoptar a la Administraci¨®n educativa catalana¡±. El Constitucional, en la sentencia del Estatut, estableci¨® que el castellano ten¨ªa que ser tambi¨¦n lengua vehicular.
? La religi¨®n y su nueva alternativa. La LOMCE elimina Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y recupera una alternativa a Religi¨®n. Dice el recurso del PSOE: ¡°Colocar la ense?anza de religi¨®n al mismo nivel que la moral com¨²n, que comprende el n¨²cleo compartido de los principios constitucionales que rigen la convivencia, entra?a cuanto menos una valoraci¨®n positiva de las doctrinas religiosas que pone en peligro la neutralidad¡±. Adem¨¢s, entiende que los alumnos que cursen religi¨®n no recibir¨¢n las ense?anzas de valores constitucionales y ser¨¢n, por tanto, discriminados.
? Vulneraci¨®n de competencias. Todas las autonom¨ªas recurren la ley por invasi¨®n de competencias. Las comunidades rechazan que se las excluya de la elaboraci¨®n de los curr¨ªculos (el Gobierno se ha reservado toda actuaci¨®n sobre las troncales y otras facultades sobre el resto) y en las nuevas evaluaciones al final de etapa (rev¨¢lidas en la ESO y el bachillerato). ¡°Son curr¨ªculos descontextualizados de la realidad, porque no recogen las singularidades auton¨®micas¡±, se queja la responsable de Educaci¨®n asturiana. ¡°Es una ley injustificadamente homogeneizadora¡±, dijo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en el anuncio del recurso. El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Rafael Bustos cree que las comunidades lo tendr¨¢n m¨¢s dif¨ªcil en este punto: ¡°El tribunal tiende a sobrevalorar lo que son competencias b¨¢sicas del Estado, es complicado que aprecie vulneraci¨®n de competencias si no lo ve muy claro¡±.
? Itinerarios y selecci¨®n del alumnado por su rendimiento. Otros aspectos que llegar¨¢n al alto tribunal son los itinerarios (que los estudiantes empezar¨¢n a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3? de ESO), ya que ¡°impiden la progresi¨®n en equidad¡±, seg¨²n el PSOE; la participaci¨®n de la comunidad educativa con la nueva norma, que queda ¡°mermada y devaluada¡±, y la selecci¨®n de los estudiantes por sus notas (el expediente de los alumnos podr¨¢ contar para su admisi¨®n en bachillerato), algo que ¡°ataca al principio de igualdad¡±.
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