45.000 personas no pueden trabajar con ni?os por sus delitos sexuales

M¨¢s de 45.000 personas tienen prohibido trabajar con ni?os en Espa?a por sus antecedentes penales. El Registro Central de Delincuentes Sexuales, en vigor desde 2016, recoge los datos de 45.155 personas (42.581 adultos y 2.574 menores) sobre las que pesa una sentencia firme por un delito de ¨ªndole sexual, lo que les impide acceder a trabajos en los que tengan contacto directo con menores.

En lo que va de a?o, 1.144.381 personas han solicitado el certificado preceptivo que demuestra que carecen de estos antecedentes penales. 300 no han conseguido este salvoconducto.

Profesores, monitores de comedor, entrenadores deportivos, pero tambi¨¦n trabajadores de ONG, curas o personal del mundo del cine. Quien ejerza una actividad que implique estar en contacto de forma habitual con menores est¨¢ obligado desde hace dos a?os a disponer de un certificado que acredite que carece de antecedentes penales por delitos sexuales, ya sea cometidos contra adultos o contra ni?os.

Este documento lo expide el Ministerio de Justicia, previa comprobaci¨®n de que el interesado no est¨¢ inscrito en el registro que recoge la identidad y el ADN de todas las personas condenadas en sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotaci¨®n sexual, incluyendo la pornograf¨ªa.

Cuando naci¨®, en marzo de 2016, inclu¨ªa 40.782 nombres. Dos a?os y medio despu¨¦s, a la lista se han sumado 4.473 personas m¨¢s, 64 de ellos menores de edad, seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, correspondientes al pasado 31 de agosto. Por n¨²mero, las tres comunidades m¨¢s pobladas (Andaluc¨ªa, Catalu?a y Madrid) son tambi¨¦n las que tiene a m¨¢s habitantes incluidos en este fichero (8.567, 7.015 y 4.683, respectivamente).

El registro, dependiente del Ministerio de Justicia, se cre¨® siguiendo las recomendaciones del convenio del Consejo de Europa para la protecci¨®n de los ni?os contra la explotaci¨®n y el abuso sexual, firmado en Lanzarote en 2007. Los firmantes se comprometieron, entre otras iniciativas, a adoptar las medidas necesarias ¡°para que las condiciones de acceso a las profesiones cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con ni?os garanticen que los aspirantes a ejercer dichas profesiones no hayan sido condenados por actos de explotaci¨®n o abuso sexual de ni?os¡±.

Para adaptarse a este texto, Espa?a regul¨® mediante un real decreto el Registro Central de Delincuentes Sexuales y la expedici¨®n de los certificados. Entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de agosto pasado se han tramitado m¨¢s de cinco millones de certificados (5.126.590). De ellos, 1.410 fueron solicitados por personas fichadas en el registro, por lo que no obtuvieron el permiso necesario para acceder a un empleo que requiera contacto con menores.

El certificado puede obtenerse online o de forma presencial por parte del interesado y, previo permiso de este, tambi¨¦n puede solicitarlo directamente el empleador. El sector educativo acapara gran parte de las peticiones, ya que todos los trabajadores de guarder¨ªas, colegios e institutos tienen que disponer de este permiso. Tras las dudas iniciales, el sistema funciona ya sin complicaciones, seg¨²n el secretario de la Federaci¨®n de Ense?anza de CC OO, Francisco Garc¨ªa. En el caso de la educaci¨®n p¨²blica, suele ser la Administraci¨®n la que tramita los documentos, mientras que en la privada, en unos casos lo hacen los profesores y en otros, los centros.

La informaci¨®n sobre las personas inscritas en este fichero no es p¨²blica. Solo la pueden utilizar los jueces y tribunales, la fiscal¨ªa y la polic¨ªa judicial para la prevenci¨®n y la persecuci¨®n de los delitos sexuales. Con este registro, Espa?a se sum¨® a la lista de pa¨ªses que tienen censos similares. En Estados Unidos comenzaron a implantarse a mediados del siglo XX y la mayor¨ªa son de acceso libre. Reino Unido, Francia y algunos l?nder de Alemania tienen listados de acceso restringido parecidos al espa?ol, aunque con algunas diferencias. El de Reino Unido incluye a personas no condenadas, pero a las que se considera en riesgo de cometer un delito sexual. El de Francia, en cambio, solo registra a los autores de algunos delitos si la v¨ªctima es menor de edad.

La decisi¨®n de Espa?a de incluir a todos los delincuentes sexuales gener¨® cr¨ªticas por parte de algunos expertos. El acuerdo europeo solo compromet¨ªa a los Estados a controlar a los condenados por explotaci¨®n o abuso sexual de menores, pero el Gobierno opt¨® por ampliarlo, el Consejo General del Poder Judicial lo aval¨® y ning¨²n partido ni entidad lo recurri¨®.

30 a?os de prohibici¨®n

La norma s¨ª establece una diferencia seg¨²n la edad de la v¨ªctima en el periodo de cancelaci¨®n de las inscripciones, salvo que el condenado sea menor de edad. Si la v¨ªctima del delito era mayor de 18 a?os cuando ocurrieron los hechos, el condenado dejar¨¢ de estar en el registro cuando se cancelen sus antecedentes seg¨²n lo establecido el C¨®digo Penal (entre seis meses y 10 a?os, seg¨²n la gravedad de la pena). Pero si la v¨ªctima era menor, la inscripci¨®n se mantiene durante 30 a?os, independientemente de la gravedad del delito y de la pena.

En la pr¨¢ctica, esto implica lo que algunos expertos han criticado como una ¡°inhabilitaci¨®n perpetua¡± para trabajar con ni?os, independientemente de la gravedad de los hechos. ¡°No hay proporcionalidad. Lo l¨®gico ser¨ªa que la prohibici¨®n de trabajar con menores tuviera en cuenta factores como la gravedad del delito y la posibilidad de reincidencia¡±, advierte Concepci¨®n Molina, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas y autora del estudio A prop¨®sito de la constitucionalidad del Real Decreto 1110/2015 que regula el Registro de Delincuentes Sexuales, en el que se cuestiona la legalidad del fichero. Un juez de Zaragoza puso tambi¨¦n en duda su constitucionalidad y en febrero pasado dio la raz¨®n a una profesora que recurri¨® la obligaci¨®n de presentar el certificado que le impuso la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Arag¨®n. Seg¨²n la sentencia, que ha sido recurrida por la Administraci¨®n, la norma decreta una inhabilitaci¨®n ¡°t¨¢cita¡± muy superior a la que recoge el C¨®digo Penal.

El secretario de Ense?anza de CC OO admite que ¡°hay debate¡± respecto a la duraci¨®n de la inscripci¨®n en el registro que proh¨ªbe trabajar con menores, pero, por ahora, valoran de forma positiva la norma. ¡°Est¨¢ fuera de duda en el debate social que personas que hayan cometido este tipo de delitos no pueden trabajar con ni?os¡±, afirma Francisco Garc¨ªa.?