El mayor hospital concertado gallego gana otro pulso a la Xunta
Feijo¨® cede y aportar¨¢ cinco millones para medicamentos adem¨¢s de los 80 del convenio
Povisa, uno de los hospitales privados m¨¢s grandes de Espa?a y con uno de los m¨¢s rentables conciertos con la Administraci¨®n p¨²blica, echa un pulso a la Xunta: quiere m¨¢s dinero de la Administraci¨®n gallega, que le factura 80 millones anuales por un cupo de 137.000 cartillas de pacientes del ¨¢rea de Vigo. El policl¨ªnico vigu¨¦s ha solicitado el preconcurso de acreedores apelando la p¨¦rdida de 42 millones de euros desde la pr¨®rroga del conveniofirmada en 2014. El hospital, que tiene una plantilla de 1.500 trabajadores (273 de ellos, m¨¦dicos, y 467 t¨¦cnicos y enfermeros) amenaza al Gobierno gallego, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, con romper el concierto y devolver a la sanidad p¨²blica los 137.000 pacientes. Mientras desde colectivos ciudadanos y sindicales instan al Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o (PP) a que rescate el hospital para la sanidad p¨²blica, la Xunta realiz¨® el jueves una primera cesi¨®n: se compromete a asumir la gesti¨®n de los gastos farmac¨¦uticos de los pacientes adscritos pero no ingresados en el hospital.??
A diferencia de la Comunidad Valenciana que, en cumplimiento del Pacto del Bot¨¢nico sellado por el Gobierno de las fuerzas del cambio (Partido Socialista, Comprom¨ªs y Podemos), ha iniciado la recuperaci¨®n del hospital de Alzira poniendo fin a la gesti¨®n privada de la sanidad p¨²blica, el Sergas no quiere o¨ªr hablar de rescatar Povisa. Lejos de ello, ha realizado la primera cesi¨®n: el pago de los medicamentos a los pacientes ambulatorios.
La Xunta de Feij¨®o no quiere poner fin al modelo. Pese a la visi¨®n de los sindicatos y de la Asociaci¨®n para la Defensa de la Sanidad P¨²blica, que piden el rescate del hospital convencidos de que el preconcurso de acreedores no es m¨¢s que una treta de la empresa para renegociar el concierto en t¨¦rminos m¨¢s beneficiosos, el Sergas ya ha rechazado la opci¨®n del rescate que supondr¨ªa asumir un volumen considerable de pacientes generando un problema de espacio y de personal tras a?os de recortes en la sanidad p¨²blica. No obstante, ha ofrecido al hospital intervenir su farmacia y pagar la medicaci¨®n ambulatoria de los pacientes externos: unos cinco millones de euros.
La solicitud del preconcurso de acreedores supone un nuevo ¨®rdago del hospital privado a la Administraci¨®n gallega, que hasta la fecha ha accedido a todas las reclamaciones de la empresa. La ¨²ltima, en 2010, cuando Povisa remiti¨® un comunicado a los medios de comunicaci¨®n anunciando que se ver¨ªa abocada a presentar un ERE ante la ¡°falta de negociaci¨®n para un nuevo acuerdo que visibilice el futuro del hospital¡±. Feij¨®o reaccion¨® entonces de inmediato: anunci¨® la pr¨®rroga del convenio con el hospital hasta 2014 y el ERE se esfum¨®.
El antecedente de Alzira
Los acuerdos de la sanidad p¨²blica con proveedores privados tienen una fuerte cr¨ªtica ideol¨®gica ¨Cah¨ª est¨¢ la marea blanca-, pero tambi¨¦n econ¨®mica. El caso m¨¢s claro fue el de Alzira, en el que la Comunidad Valenciana subcontrat¨® con una empresa el funcionamiento del hospital de la zona. La primera concesi¨®n fue en 2000, pero tres a?os despu¨¦s la empresa que lo gestionaba, Ribera Salud, tuvo que pedir ayuda. Gestionar solo el hospital no les era rentable. La Generalitat, gobernada por el PP, aument¨® la cuant¨ªa que le daba por habitante y le asign¨®, adem¨¢s, la atenci¨®n primaria, con lo que pod¨ªan incentivar o desanimar los ingresos y modular el trabajo en el sistema. En marzo de este a?o la comunidad recuper¨® la gesti¨®n. La empresa afirma que con ello se pierde el ahorro de un 25% del coste en la atenci¨®n. La Generalitat argumenta en contra.
Aquel modelo fue el m¨¢s llamativo, pero los conciertos existen en la mayor¨ªa de las comunidades, desde Catalu?a a Andaluc¨ªa, gobierne el que gobierne. En Madrid, Esperanza Aguirre inaugur¨® entre 2006 y 2012 hasta nueve hospitales de gesti¨®n privada, que se sumaron al buque insignia de este modelo en la comunidad, la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz. La acusaciones de sobrecoste han sido continuas, y en el caso de este ¨²ltimo, recientes: el d¨ªa 3 de este mes, Podemos denunci¨® que la comunidad se pod¨ªa ahorrar 60 millones limitando la derivaci¨®n de pacientes a este centro propiedad de Quironsalud.
Otros casos que han enturbiado las relaciones han sido el de Boi Ruiz, consejero de Salud catal¨¢n entre 2010 y 2016 con Artur Mas (Converg¨¨ncia i Uni¨®), quien nombr¨® presidente del Instituto Catal¨¢n de la Salud a Josep Prat, proveniente de la empresa privada (igual que sucedi¨® en Madrid con Antonio Burgue?o, quien elabor¨® el plan de privatizaciones para Aguirre despu¨¦s de ser promotor del modelo Alzira y directivo de una empresa de sanidad privada).
Otro tipo de choques han sucedido, por ejemplo, en Andaluc¨ªa, como la negativa del hospital propiedad de una orden religiosa donde estaba Inmaculada Echevarr¨ªa a desconectarle el respirador que la manten¨ªa con vida contra su voluntad y que forz¨® a trasladar a la enferma a un centro p¨²blico para recibir la atenci¨®n a la que ten¨ªa derecho.
Unos a?os antes, en 2006, hab¨ªa presionado tambi¨¦n a la Xunta anunciando que acudir¨ªa a los tribunales si no pagaba la deuda acumulada en el periodo 2000-2004 por el ¡°exceso de cupo¡±. El hospital, que registra hist¨®ricamente las listas de espera m¨¢s largas de Galicia, aseguraba que si recib¨ªa m¨¢s dinero acabar¨ªa en 14 meses con las demoras. El Gobierno auton¨®mico, presidido entonces por el socialista Emilio P¨¦rez Touri?o, pag¨®. Las listas de espera continuaron creciendo.
En 2014 Feij¨®o firm¨® la prometida pr¨®rroga del concierto. Lo hizo su entonces conselleira de Sanidade, Roc¨ªo Mosquera, directiva al mismo tiempo del grupo privado Nosa Terra, due?o del hospital.
No obstante, la empresa no lograba los beneficios esperados. Dos a?os despu¨¦s de firmar aquella pr¨®rroga, el hospital declar¨® 7,1 millones de euros en p¨¦rdidas y present¨® una reclamaci¨®n administrativa ante el Sergas para que le pagase 9,8 millones de euros por f¨¢rmacos.
Ahora Povisa pide el preconcurso de acreedores aferr¨¢ndose a un informe redactado por ¡°expertos independientes¡± que concluye que las p¨¦rdidas registradas desde 2014 ascienden a 42 millones y se deben ¡°exclusivamente¡± a su actividad en el sector p¨²blico. La empresa sostiene que el Sergas le factura servicios que no est¨¢n en su cartera y asegura que que le han reducido progresivamente el env¨ªo de pacientes a sus ¨¢reas de referencia (tiene 137.000 de los 140.000 que puede asumir) y alude a las dificultades con las que se encuentran los pacientes que quieren trasladarse a su hospital.
El centro ha difundido un comunicado en el que achaca la situaci¨®n a las ¡°lesivas¡± reinterpretaciones que el Sergas esta haciendo del convenio y sostiene que hace meses que ha informado de ello a la Xunta. Asegura que no pretende ¡°ganar un solo euro¡± con la atenci¨®n p¨²blica que considera ¡°altamente deficitaria para el hospital¡± sino conseguir un equilibrio financiero que le permita mantener su actividad. Y asegura que ha hecho frente a esas p¨¦rdidas tirando del fondo de reserva derivado de su actividad privada con aseguradoras y pacientes particulares y porque lleva ¡°25 a?os sin repartir dividendos¡± entre sus accionistas.
A las acusaciones de la empresa, el Sergas responde se?alando que las discrepancias econ¨®micas que menciona el hospital privado fueron resueltas ya en los juzgados que confirmaron el criterio de la Xunta y puntualiza que se est¨¢n cumpliendo ¡°estrictamente¡± los t¨¦rminos del concierto.
El nuevo ¨®rdago de Povisa no ha cogido por sorpresa a los trabajadores. El sindicato CIG asegura que esperaba que la empresa realizase ¡°un nuevo chantaje con los trabajadores, amenazando con no pagar las cotizaciones como m¨¦todo para renegociar un convenio at¨ªpico y opaco¡±; una excusa similar, sostiene, a la del ERE de 2010.
Los grupos de oposici¨®n (En Marea, BNG y PSOE) piden una auditor¨ªa urgente de las cuentas de la empresa as¨ª como de las del grupo familiar que encabeza el empresario naviero Jos¨¦ Silveira, presidente del grupo Nosa Terra, ¡°incluida la sicav declarada por miembros de la misma¡±, puntualiza el portavoz de la Marea de Vigo, Rub¨¦n P¨¦rez. La Xunta, de momento, apuesta por el di¨¢logo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.