Los 52 chal¨¦s de lujo ilegales de O Grove que la Xunta quiere salvar

Es el caso m¨¢s llamativo de ilegalidad urban¨ªstica en las R¨ªas Baixas que ha logrado esquivar durante diez a?os la amenaza de demolici¨®n dictada en m¨¢s de una veintena de sentencias judiciales. Con una licencia para apartahotel, el promotor construy¨® por las bravas 52 chal¨¦s adosados de lujo en una parcela exclusiva de San Vicente do Mar (O Grove) a pie de playa, clasificada como suelo no urbanizable y de especial protecci¨®n de Costas que, seg¨²n la Xunta, podr¨ªan salvarse de la piqueta.

Mientras el criterio de los tribunales, que acaban de pronunciarse de nuevo, es que ¡°la ¨²nica la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolici¨®n¡±, la Aplu (Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica) del Gobierno auton¨®mico sostiene que la urbanizaci¨®n de Os Raeiros tiene soluci¨®n. Una carambola legal que consiste en ¡°reformular el sentido de la parcelaci¨®n para adaptarse al uso tur¨ªstico de la licencia¡±. Una reversi¨®n de la propiedad que se intent¨® hacer en 2015 pero qued¨® en suspenso tras un informe en contra de la Direcci¨®n General de Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia.

Seg¨²n la Aplu, las sentencias que se han dictado las ¨²ltimas semanas ¡°responden a las acciones emprendidas por los afectados para evitar el derribo de sus inmuebles, apelando a su legalizaci¨®n por la v¨ªa de deshacer la parcelaci¨®n actual de la urbanizaci¨®n¡±. Y a?ade que ¡°ante esta situaci¨®n, los propietarios deben decidir entre la demolici¨®n o el cambio de uso residencial de la parcela¡±.

Sin embargo, los jueces valoran como una utop¨ªa la reposici¨®n de la legalidad porque desde que el anterior Gobierno bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) amenaz¨® con el derribo en 2007, tanto la empresa constructora como los propietarios obviaron sistem¨¢ticamente la posibilidad de rectificar, eliminando la parcelaci¨®n ilegal. Y no solo por el inasumible coste que tendr¨ªa para los propietarios la demolici¨®n (m¨¢s de un mill¨®n de euros), lo que obligar¨ªa a la Aplu a acometerla.

En este callej¨®n cuya ¨²nica salida para los tribunales es la piqueta, los propietarios han optado por ganar tiempo, dilatando el final a trav¨¦s de un largo litigio. Una situaci¨®n que podr¨ªa prolongarse otros diez a?os hasta que el Supremo revise todas las sentencias de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Galicia (TSXG).

Los dos ¨²ltimos fallos de noviembre pasado desestiman una vez m¨¢s los recursos de los propietarios a la sentencia de abril de 2017 que dio por v¨¢lida la actuaci¨®n de la Xunta. Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanizaci¨®n ¡°conculca la legalidad urban¨ªstica¡± y subrayan que la orden de demolici¨®n ¡°se erige en la ¨²nica medida posible a disposici¨®n de la Administraci¨®n para eliminar la parcelaci¨®n ilegal¡±.

El TSXG recalca que las obras ejecutadas no est¨¢n ¡°amparadas por la licencia¡±, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso tur¨ªstico, pues resulta ¡°clara la existencia de los apartamentos como fincas independientes y de propietarios individuales en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al r¨¦gimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial¡±. Por ello, inciden los magistrados que ¡°la ¨²nica alternativa a la pervivencia de esa situaci¨®n es la de su demolici¨®n¡±.

Los jueces consideran acreditado por en¨¦sima vez que los compradores de las viviendas eran ¡°conocedores de sus obligaciones de restituci¨®n de la legalidad¡±, anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. Subrayan que en 2007 la Administraci¨®n auton¨®mica requiri¨® a los due?os del complejo la implantaci¨®n de uso hotelero en la zona y la disoluci¨®n de la parcelaci¨®n mediante la unificaci¨®n de todas las casas en una sola propiedad, ¡°pero ignoraron la orden¡±.

En 2010, la Aplu orden¨® el derribo y volvi¨® a exigirlo en 2014. ¡°Ante el incumplimiento de la resoluci¨®n de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelaci¨®n ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urban¨ªstica, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un ¨²nico establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolici¨®n¡±, incide el tribunal.

El clamoroso expediente de Os Raeiros lleva 27 a?os recorriendo los despachos de la Administraci¨®n y los jueces. En plena burbuja inmobiliaria, la Xunta del bipartito apercibi¨® al constructor e inici¨® los tr¨¢mites que acabaron en una inevitable orden de derribo con el Gobierno del PP, que se encontr¨® con un hueso dif¨ªcil de roer.Los chal¨¦s fueron vendidos por la empresa promotora, Galicia Improin S.L., administrada por Fernando Varela, hermano del primer conselleiro de Cultura del presidente Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

Dependiendo de la situaci¨®n y metros cuadrados de las viviendas, los precios de las que tienen vistas al mar, desde donde se divisan las islas de Ons y C¨ªes, llegaron a costar cerca de medio mill¨®n de euros. Ahora, aprovechando el tir¨®n tur¨ªstico de la zona, la urbanizaci¨®n se exhibe en portales inmobiliarios de Internet para ofertar adosados en alquiler o a la venta, unos por 410.000 euros y otros a 350.000. Aparentemente ajenos al contencioso judicial, se informa profusamente de los servicios que tiene: piscinas, campo de tenis, jardines, spa, con un reportaje fotogr¨¢fico que ofrece vistas a¨¦reas del complejo ilegal en su verdadera dimensi¨®n.