Los delitos sexuales crecen un 23% en un a?o

La Fiscal¨ªa General del Estado alerta en su ¨²ltima memoria anual de un incremento del 23,2% de los delitos sexuales. Aunque en t¨¦rminos absolutos estos delitos suponen poco m¨¢s del 1% del total (18.986 de 1.570.255), el ministerio p¨²blico advierte de la ¡°preocupante¡± tendencia al alza y reclama que casos como el de La Manada sirvan para reflexionar sobre la interpretaci¨®n y la aplicaci¨®n pr¨¢ctica del C¨®digo Penal, el tratamiento informativo de estos asuntos y sobre la imagen que transmite la Justicia ¡°cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social¡±.

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Dentro del incremento general de los delitos sexuales, la memoria de 2018, presentada este lunes por la fiscal general del Estado Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, considera especialmente ¡°inquietante¡± el crecimiento de la violencia entre los j¨®venes y pone el foco en los casos de las violaciones en grupo. El ministerio p¨²blico lo eleva ya a la categor¨ªa de ¡°fen¨®meno¡± y cree que est¨¢ relacionado con el uso de pornograf¨ªa a trav¨¦s de las redes, ¡°donde se representa a la mujer cosificada¡±. ¡°Una situaci¨®n que hay que afrontar desde el ¨¢mbito educacional, en el que padres y Administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisi¨®n de valores de igualdad, respeto y no discriminaci¨®n¡± advierte el documento.

El informe del ministerio p¨²blico se detiene tambi¨¦n en las consecuencias de las relaciones virtuales, especialmente entre los j¨®venes. La Fiscal¨ªa alerta de que estas relaciones permiten ¡°nuevas v¨ªas de control, persecuci¨®n o acoso¡± que, en muchos casos, es ¡°m¨¢s extenso, da?ino y duradero¡± y contra el que es m¨¢s dif¨ªcil luchar. ¡°Aparecen as¨ª nuevas situaciones de dominio y maltrato no solo f¨ªsico sino tambi¨¦n psicol¨®gico del var¨®n sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de g¨¦nero, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarlas dentro de los tipos penales espec¨ªficos¡±, se?ala la Fiscal¨ªa.

En su discurso de presentaci¨®n de la Memoria de 2018, la fiscal general Segarra ha advertido sobre "el efecto contagio que se genera a trav¨¦s del uso de las redes sociales, en las que se aprecia una notable falta de empat¨ªa y, lo que es particularmente inquietante, una reproducci¨®n de patrones machistas".

La memoria dedica cap¨ªtulos espec¨ªficos a la violencia de g¨¦nero y a la trata de seres humanos. Estos son algunos de los m¨¢s destacados:

La ¡°frustraci¨®n¡± por las v¨ªctimas que s¨ª denunciaron. Seg¨²n la estad¨ªstica global de la Fiscal¨ªa, en el a?o 2018 se dictaron 40.965 sentencias por violencia de g¨¦nero. De ellas, 29.022 fueron condenatorias (70,80%, casi un punto m¨¢s que en el a?o 2017). A su vez, del total de sentencias condenatorias, 17.012 fueron por conformidad del acusado (58,60%, lo que supone seis puntos m¨¢s que en el a?o 2017). El ministerio p¨²blico deja constancia en su informe de que toda esta actividad ha sido posible por la denuncia de las v¨ªctimas, pero lamenta que el volumen global de denuncias solo haya aumentado el ¨²ltimo a?o el 0,4%. Y ¡°lo m¨¢s preocupante¡±, advierte, es que, de las 49 mujeres fallecidas, 16 hab¨ªan denunciado a su agresor, lo que supone un 32,65% frente al 20,75% de este indicador en el a?o 2017. ¡°Este incremento genera la frustrante sensaci¨®n de que, a pesar de la mayor confianza de las v¨ªctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protecci¨®n adecuada para garantizar su seguridad¡±, advierte la Fiscal¨ªa, que lamenta tambi¨¦n que, en muchas ocasiones, el c¨ªrculo m¨¢s ¨ªntimo de amigos, familiares o vecinos eran ya conocedores del maltrato que sufr¨ªa la mujer.

¡°Diferencias de criterios¡± en la concesi¨®n de medidas cautelares. Seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial que recoge la memoria de la Fiscal¨ªa, durante 2018 se solicitaron 45.045 medidas de protecci¨®n para v¨ªctimas de violencia machista. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer concedieron 27.093 (el 69,15% de las que les fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 4.457 (el 75,94% del total). El ministerio p¨²blico subraya que estas cifras medias ocultan algunas diferencias significativas entre comunidades aut¨®nomas, incluso, entre partidos judiciales de un mismo territorio, y se queja de ¡°estas diferencias de criterios¡±. ¡°Generan una cierta inseguridad jur¨ªdica que es dif¨ªcilmente compatible con las campa?as de incentivaci¨®n a la denuncia que se promueven desde todos los sectores sociales e institucionales implicados. A falta de un estudio riguroso sobre las causas de esta situaci¨®n, las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscal¨ªas apuntan a una insuficiente o deficiente valoraci¨®n del riesgo, provocado por la escasez de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional, como ya se ha indicado en anteriores apartados¡±, se?ala el documento.

Acusaci¨®n y denuncia falsa. Los datos del ministerio p¨²blico constatan, una vez m¨¢s, la escasa proporci¨®n de denuncias falsas, en contra de lo que sostienen algunos sectores. En el a?o 2018 se presentaron 166.961 denuncias por violencia de g¨¦nero y se han iniciado 14 causas por denuncia falsa. De estas, en un caso se ha dictado sentencia condenatoria y en otro se acord¨® el sobreseimiento. El resto se encuentra en tramitaci¨®n y se ha formulado acusaci¨®n en tres de ellos. La proporci¨®n en relaci¨®n con los procedimientos de violencia de g¨¦nero en los que se ha dictado sentencia condenatoria desde 2009 ¨C97 en total¨C es del 0,0069 %. De esas 97 sentencias condenatorias, 56 lo fueron por conformidad de la acusada (57,73%), lo que demuestra, una vez m¨¢s, ¡°las caracter¨ªsticas peculiaridades y aristas¡± que plantea la violencia machista.

La ¡°visi¨®n distorsionada¡± de la trata de seres humanos. La Fiscal¨ªa se lamenta en su memoria de ¡°la visi¨®n distorsionada que todav¨ªa se tiene sociol¨®gicamente sobre la prostituci¨®n¡±. En algunos sectores, se?ala el ministerio p¨²blico, se considera que esta es una actividad econ¨®mica alegal que simplemente requiere de una regulaci¨®n que garantice los derechos de la mujer y de la sociedad en su conjunto. ¡°La realidad es bien distinta. Se trata de una conducta de explotaci¨®n que afecta, fundamentalmente, a mujeres extranjeras en situaci¨®n de extrema vulnerabilidad, y que supone la negaci¨®n de los m¨¢s elementales valores de dignidad, igualdad y libertad¡±, apunta el ministerio p¨²blico. El informe recuerda tambi¨¦n que, incluso en aquellos pa¨ªses que han regulado esta actividad, se ha producido ¡°un incremento significativo¡± de la trata (como, por ejemplo, en Alemania o los Pa¨ªses Bajos). ¡°En este contexto se exige del fiscal que acredite la concurrencia de un hecho negativo, como ser¨ªa la ausencia de consentimiento. Esta tarea puede ser relativamente f¨¢cil cuando estamos en presencia de menores de edad o de vestigios f¨ªsicos de violencia. Sin embargo, se convierte en una aut¨¦ntica prueba diab¨®lica en el resto de los casos, en los que se exige acreditar no solo la situaci¨®n objetiva de vulnerabilidad sino la falta de otras alternativas reales o aceptables distintas que la de someterse a la explotaci¨®n sexual¡±, reflexionan los fiscales.

El ministerio p¨²blico considera que hace falta un ¡°cambio de tendencia¡± que valore la posibilidad de tipificar todas las conductas relacionadas con este fen¨®meno, incluida la del proxenetismo. La Fiscal¨ªa explica que, tomando el modelo franc¨¦s como referencia, comparte las recomendaciones del Segundo Informe de la Comisi¨®n Europea sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos en Europa del a?o 2018, en el que se anima a los Estados miembros a la tipificaci¨®n penal de los que conscientemente se aprovechan de los servicios prestados por las v¨ªctimas de trata.