Al menos 829 preguntas sin respuesta por el apag¨®n de la Transparencia

El Portal de Transparencia, el medio que permite a los ciudadanos pedir al Gobierno datos o informes ampar¨¢ndose en la ley de transparencia de 2013, lleva en suspenso m¨¢s de dos meses, desde que se declar¨® el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Desde entonces las solicitudes que se presentan no son tramitadas y as¨ª seguir¨¢n hasta el 1 de junio, cuando se levante la suspensi¨®n de todos los plazos administrativos, incluidos los de la rendici¨®n de cuentas. Mientras tanto se acumulan al menos 829 preguntas sin respuesta, que son las presentadas entre esa fecha y el 30 de abril, seg¨²n datos facilitados a EL PA?S por el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica, del que depende el portal.

En realidad son m¨¢s, ya que habr¨ªa que sumar las peticiones del mes de mayo y algunas anteriores al 14 de marzo. La ley obliga a la Administraci¨®n a dar respuesta en un m¨¢ximo de 30 d¨ªas (60 en caso de que la solicitud sea considerada ¡°compleja¡± o voluminosa), ya sea para entregar la informaci¨®n o para denegarla. Es decir, las solicitudes hechas en el mes anterior al 14 de marzo que en esa fecha a¨²n no se hubieran respondido ¡ªy generalmente los ministerios apuran los plazos¡ª tambi¨¦n engrosan el listado de preguntas sin contestaci¨®n. El Ministerio de Sanidad, que lidera la gesti¨®n de la crisis del coronavirus, es el organismo p¨²blico con m¨¢s solicitudes a la espera: 131.

Mientras tanto, cuestiones como el nombre de los expertos que deciden si una comunidad pasa de fase durante la desescalada o las copias de los informes en los que se plasman sus conclusiones seguir¨¢n siendo secretos probablemente hasta bien entrado el verano. Los medios de comunicaci¨®n, que suelen hacer uso del portal para solicitar informaci¨®n que los gabinetes de comunicaci¨®n de los ministerios no facilitan, est¨¢n ahora a ciegas. La ¨²nica ocasi¨®n para conseguir informaci¨®n del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, son las comparecencias diarias del coordinador Fernando Sim¨®n. Sin embargo, no es posible repreguntar, ni pedirle copias de un documento, y elige las preguntas el secretario de Estado de Comunicaci¨®n.

¡°La transparencia es ahora m¨¢s que nunca necesaria, no solo como escrutinio del buen hacer de los poderes p¨²blicos, sino tambi¨¦n para comprender por qu¨¦ se toman las decisiones: aqu¨ª la opacidad no ayuda¡±, asegura Leonor Rams, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos. En su opini¨®n, que comparten otros expertos consultados por este diario, el apag¨®n de la transparencia ¡°no est¨¢ justificado¡±. Inicialmente se argument¨® que se suspend¨ªan los plazos para no perjudicar a los ciudadanos, pero m¨¢s del 90% de las solicitudes presentadas en 2019 se hicieron por medios electr¨®nicos. Los funcionarios de estas ¨¢reas siguen teletrabajando, seg¨²n el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial.

Rams recuerda adem¨¢s que ¡°aunque la ley de transparencia no es perfecta, es una garant¨ªa legal¡±. Es decir, aunque el Gobierno no d¨¦ una informaci¨®n, est¨¢ obligado a justificar por qu¨¦ la deniega en un procedimiento administrativo que puede ser objeto de reclamaci¨®n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o en los juzgados.

El par¨®n ya ha tenido un efecto muy negativo, a?ade Miguel ?ngel Blanes, jurista especializado en transparencia: ¡°Ha imposibilitado acceder a la informaci¨®n p¨²blica cuando m¨¢s falta hac¨ªa y m¨¢s lo exig¨ªan la ciudadan¨ªa y los medios de comunicaci¨®n¡±, y a?ade: ¡°La forma m¨¢s efectiva de negar el derecho a la libertad de informaci¨®n es retrasar su ejercicio para ganar tiempo¡±. No es lo mismo, asegura, denegar el acceso con la opini¨®n p¨²blica muy sensible, con tantas v¨ªctimas mortales, que hacerlo despu¨¦s del estado de alarma, cuando la negativa puede pasar desapercibida tras varios meses despu¨¦s (o a?os, si alg¨²n caso llega a los tribunales). El retraso en el acceso, a?ade Blanes, ¡°estimula la proliferaci¨®n de bulos y noticias falsas y genera mucha indefensi¨®n¡±. Adem¨¢s de ¡°incrementar el descontento social y la desafecci¨®n hacia las instituciones p¨²blicas, que no rinden cuentas¡±.

La ley de transparencia establece una serie de garant¨ªas para el ciudadano. La Administraci¨®n est¨¢ obligada a responder en un plazo de 30 o 60 d¨ªas. Si no da los datos o no contesta en ese plazo, el solicitante puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que vela por el cumplimiento de la ley. En seis de cada 10 casos, este ¨®rgano da la raz¨®n al ciudadano o asociaci¨®n e insta a la Administraci¨®n a facilitarle la informaci¨®n. Este organismo ha visto caer el n¨²mero de reclamaciones que le llegan. ¡°Si no hay respuesta a las solicitudes de informaci¨®n debido a la paralizaci¨®n de los plazos, no hay reclamaciones¡±, asegura una portavoz, que prev¨¦ que, una vez levantada la suspensi¨®n, recibir¨¢ m¨¢s que las habituales.

El Ministerio de Pol¨ªtica Territorial asegura que en realidad las peticiones s¨ª se han tramitado durante este tiempo, por lo que cuando se levante la suspensi¨®n dar¨¢n respuesta con rapidez a muchas de ellas. La Direcci¨®n General de Gobernanza P¨²blica orden¨® a las unidades de transparencia (hay una en cada ministerio) que no notifiquen nada, pero que vayan tramitando las solicitudes para que no se acumule el trabajo. A partir del 1 de junio habr¨¢ centenares de expedientes administrativos sin actualizar. A partir de entonces estas unidades notificar¨¢n si conceden o deniegan las solicitudes.

Catedr¨¢ticos en Derecho Administrativo expertos en transparencia consultados por EL PA?S consideran que el Portal de Transparencia podr¨ªa haberse acogido al inter¨¦s general para levantar la suspensi¨®n de los plazos en el caso de peticiones de informaci¨®n p¨²blica relacionada con la gesti¨®n de la crisis sanitaria. Esta es una de las excepciones que recog¨ªa el decreto del 14 de mayo: las situaciones ¡°estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma¡±. La Abogac¨ªa del Estado ha respaldado que no se diera respuesta a las peticiones de transparencia en dos informes encargados ad hoc.

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