Siete asociaciones canarias denuncian el incumplimiento de la ley para atender a menores con problemas de desarrollo

La Plataforma de Atenci¨®n Temprana en Canarias (Patdi), el Comit¨¦ de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otras cinco organizaciones denunciaron el pasado lunes a la Fiscal¨ªa General Provincial de Santa Cruz de Tenerife el incumplimiento de la ley de atenci¨®n temprana. Esta normativa, aprobada en marzo de 2019 ¨Dcon un presupuesto de 5,2 millones de euros¨D promet¨ªa 11 unidades, en siete de las ocho islas, compuestas por un amplio equipo de especialistas con cinco a?os de experiencia con menores o formaci¨®n en esta disciplina, as¨ª como la creaci¨®n de una comisi¨®n t¨¦cnica responsable de los protocolos de detecci¨®n y valoraci¨®n de los 9.000 menores que presentan problemas en su desarrollo en Canarias.

Sin embargo, 19 meses despu¨¦s del compromiso y la dotaci¨®n econ¨®mica, apenas hay dos centros operativos que funcionan ¡°a medio gas¡± y tan solo 38 menores atendidos. ¡°Nos hemos cansado de dialogar¡±, zanja Ana Olmeda, portavoz de la Patdi, ¡°Se est¨¢ violando el derecho a la sanidad de miles de ni?os canarios. ?D¨®nde est¨¢n esos cinco millones de euros? Es decepcionante¡±.

La atenci¨®n temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a menores entre cero y seis a?os que presentan una alteraci¨®n del desarrollo o un riesgo de padecerla. En Espa?a, no existe una ley estatal de atenci¨®n temprana y son las autonom¨ªas las que se encargan de gestionar ese servicio. Por lo que los cuidados son muy dispares. En Cantabria, este servicio est¨¢ integrado desde el 2006 en la cartera de servicios p¨²blicos de Sanidad y no existe lista de espera. El tiempo medio para ser atendido desde que el pediatra lo prescribe es de cuatro d¨ªas. Sin embargo, Canarias ni siquiera contaba con este servicio hasta hace apenas un par de meses. El archipi¨¦lago inaugur¨® en agosto un centro en Gran Canaria y otro en Tenerife a pesar de no cumplir con los requisitos de contrataci¨®n establecidos en la normativa, que tambi¨¦n contemplaba un trabajador social y un experto en psicomotricidad por unidad y carecen de ellos. ¡°Se hizo deprisa y corriendo. Y se hizo mal: los especialistas contratados no est¨¢n cualificados, solo figuraban en las listas de los hospitales vinculados¡±, incide la portavoz y madre de una ni?a afectada.

La composici¨®n de estas unidades y sus funciones es uno de los cinco art¨ªculos que, seg¨²n las entidades demandantes, no se est¨¢n cumpliendo. Adem¨¢s del retraso de los otros nueve centros, que la Consejer¨ªa de Sanidad espera abrir en 2023. La falta de coordinaci¨®n entre las carteras responsables ¨CSanidad, Educaci¨®n y Derechos Sociales¨C y la inexistencia de un comit¨¦ de expertos que ponga en marcha protocolos comunes entre las unidades es otra de las exigencias de las organizaciones y familias denunciantes. Miguel Llorca, coordinador del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna a?ade: ¡°La comisi¨®n es un ¨®rgano de control de la ley. De esta depende la creaci¨®n de un plan integral de atenci¨®n temprana que atienda a las necesidades en cada isla. Y ni siquiera existe. S¨¦ que con la pandemia la comunidad tiene muchos calderos en el fuego, pero no nos podemos olvidar de los derechos del menor¡±.

¡°Es notorio¡±, dicta la denuncia ¡°que la dejaci¨®n de funciones de esta administraci¨®n y el retraso en la aplicaci¨®n efectiva de la Ley de Atenci¨®n Temprana de Canarias est¨¢ ocasionando un notable perjuicio a un sector de la poblaci¨®n especialmente vulnerable y protegido por la legislaci¨®n. Debe prevalecer el inter¨¦s superior del menor ante cualquier otra circunstancia¡±. La Consejer¨ªa de Sanidad no ha respondido las consultas de este medio.

Detr¨¢s de los 9.000 ni?os, est¨¢n las historias de familias como la de Raquel Fumero, que reconoce haberse sentido ¡°muy frustrada y sola¡± cuando naci¨® su hijo Daniel. El peque?o present¨® serios retrasos en el habla, no reaccionaba a est¨ªmulos y apenas dorm¨ªa por la noche; lo que se traduc¨ªa en fuertes alteraciones en su comportamiento. Le diagnosticaron trastorno del espectro autista cuando ten¨ªa cinco a?os. ¡°Perdimos mucho tiempo hasta que empezaron a tratarle. Hasta los tres a?os, adem¨¢s, pag¨¢bamos de nuestro bolsillo las terapias¡±, lamenta. Los Fumero gastaban m¨¢s de 300 euros mensuales en los tratamientos privados de logopedia y psicopedagog¨ªa, que supl¨ªan ¡°de aquella manera¡± la atenci¨®n temprana. Actualmente, Daniel tiene 14 a?os y recibe una prestaci¨®n por dependencia y la ayuda del ministerio de Educaci¨®n. ¡°Aprendi¨® a mantener una conversaci¨®n con diez a?os y sobre todo gracias a mi empe?o. Si hubiera tenido acceso a la atenci¨®n temprana, igual todo habr¨ªa sido m¨¢s r¨¢pido. Y menos agotador¡±, narra.

La mayor¨ªa de los problemas en el desarrollo se producen en ni?os que han nacido antes de los nueve meses de gestaci¨®n. Es por ello que la Asociaci¨®n de Prematuros de Tenerife (Apremate) ha sido otra de las entidades denunciantes. Vanesa Hern¨¢ndez, la presidenta, lamenta que la ley haya quedado solo en ¡°una carta de buenas intenciones¡±: ¡°Cuando tienes un hijo prematuro, en el hospital te cuidan y te miman pero desde que te dan el alta, sientes el vac¨ªo. No es justo que no exista una red de atenci¨®n y que su mejor¨ªa dependa del nivel adquisitivo de los padres. Son ni?os¡±.