Ciudadanos cede ante Vox y acepta mantener el ¡®pin parental¡¯ en Murcia
La formaci¨®n ultraderechista da a conocer el acuerdo de presupuestos que ha firmado con el Gobierno regional, que incluye parte de las exigencias que ya hicieron en la investidura
Apenas 24 horas despu¨¦s de asegurar que el denominado pin parental era una "l¨ªnea roja"?que Ciudadanos no estaba dispuesto a aceptar, el partido naranja ha firmado en Murcia un acuerdo con el PP (sus socios de Gobierno) y Vox para sacar adelante el presupuesto de 2020 que incluye esa medida. El revuelo por esa autorizaci¨®n ha llegado hasta el Gobierno central, que ha anunciado que la recurrir¨¢ por la v¨ªa judicial, pero eso no ha impedido que se mantenga el primer punto del acuerdo, que hicieron p¨²blico los ultraconservadores en torno a las diez de la noche del jueves.
El texto acordado entre PP, Ciudadanos y Vox, firmado por los portavoces parlamentarios de los tres partidos, se?ala que "se impulsar¨¢ la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ning¨²n tipo, mediante el establecimiento de una autorizaci¨®n expresa de las familias para la participaci¨®n de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constituci¨®n".?
El acuerdo no supone ning¨²n cambio con respecto a la situaci¨®n que actualmente se da en el sistema educativo murciano. Vox ya puso este mismo requisito en junio para hacer presidente a Fernando L¨®pez Miras (PP), ya que los diputados populares y los de Cs, que forman el Gobierno en coalici¨®n, se quedan a un esca?o de la mayor¨ªa absoluta, por lo que dependen de Vox en todas las votaciones parlamentarias.
En agosto, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ¡ªen manos del PP¡ª emiti¨® una orden a todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la que se requer¨ªa consentimiento familiar para las actividades complementarias, que se imparten durante el horario lectivo. La iniciativa fue duramente criticada por sindicatos, oposici¨®n y comunidad educativa, que incluso pusieron en duda su legalidad, porque los decretos que regulan los curr¨ªculos de esas ense?anzas consideran obligatorias y evaluables este tipo de actividades.
Este viernes, el presidente del Ejecutivo regional era claro al asegurar en rueda de prensa que, si es necesario, se modificar¨¢n esos decretos "en aras de una mayor coordinaci¨®n" en las autorizaciones que emiten los centros educativos. Hasta ahora y desde el pasado septiembre, cada colegio establece qu¨¦ tipo de autorizaci¨®n emite, c¨®mo se la hace llegar a las familias y si la ausencia de respuesta es considerada como una negaci¨®n del permiso a que los menores acudan a las charlas.
El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Jos¨¦ Molina, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha mantenido una postura ambigua: su partido, ha dicho, ve "visos de ilegalidad" en la instrucci¨®n de la consejer¨ªa sobre el consentimiento paterno, que fue aprobada sin contar con Cs, pero ha aceptado el acuerdo para evitar el bloqueo del presupuesto Y, seg¨²n ¨¦l, ha "parado" las intenciones de Vox de incluir en el propio acuerdo presupuestario los posibles cambios en los decretos para sostener legalmente este tipo de autorizaciones.
El acuerdo para aprobar los presupuestos
Respecto al resto del acuerdo para aprobar los presupuestos, no presenta demasiadas novedades con respecto al que ya se firm¨® para la investidura. Su segundo punto es otra de las ¡°reivindicaciones estrella¡± de los ultraconservadores murcianos: el cierre de un centro de menores extranjeros ubicado en la pedan¨ªa de Santa Cruz a lo largo de este ejercicio.?El Gobierno lleva meses estudiando su traslado a la localidad de El Palmar.
La supresi¨®n de subvenciones a patronales y sindicatos, el gran ¨®rdago lanzado por los de Santiago Abascal al comienzo de las negociaciones de las cuentas p¨²blicas de la comunidad, se ha matizado y suavizado en el tercer punto del acuerdo, que promueve una modificaci¨®n de la ley de participaci¨®n institucional para ¡°regular las subvenciones b¨¢sicas a los agentes sociales, de forma que se compense de manera objetiva y justificada su funci¨®n de participaci¨®n institucional¡±. Se plantea, eso s¨ª, una eliminaci¨®n paulatina ¡°de las subvenciones gen¨¦ricas para gastos de funcionamiento¡±, con el objetivo de que desaparezcan al final de la legislatura, dejando solo ayudas para ¡°fines y proyectos de inter¨¦s general¡±.
Tampoco se escapan las entidades sociales, puesto que, seg¨²n el acuerdo, se revisar¨¢n los baremos y criterios de las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF para fines sociales, dando prioridad a familias, personas con discapacidad y mayores. Tambi¨¦n ¡°se revisar¨¢n los programas y convocatorias de ayudas al tercer sector¡± para priorizar a los mismos colectivos y los de ayuda a la cooperaci¨®n internacional para primar el apoyo en cat¨¢strofes naturales. Asimismo, se desarrollar¨¢ un plan de apoyo a la maternidad, exigido tambi¨¦n desde la investidura, aunque en aquel momento se plante¨® con car¨¢cter de ley.
El ¨²ltimo punto del acuerdo, el duod¨¦cimo, pide un refuerzo de los medios t¨¦cnicos y personales de la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial. En s¨¦ptimo lugar se hab¨ªa exigido tambi¨¦n un refuerzo de la plantilla de atenci¨®n primaria y de algunas especialidades del hospital Santa Luc¨ªa de Cartagena.
El resto de medidas firmadas se resumen en la reducci¨®n de los beneficios fiscales al juego ¡°hasta su completa eliminaci¨®n¡±, reducci¨®n de impuestos a familias numerosas y el arreglo de la carretera de la pedan¨ªa de Benizar, una peque?a localidad del interior de la regi¨®n con unos 900 habitantes que decidieron masivamente no acudir a votar a ninguna de las elecciones que han tenido lugar en 2019 para denunciar el aislamiento que sufren.
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