Termina el estado de alarma dejando a ocho millones de espa?oles con medidas provisionales

El fin del estado de alarma este domingo deja un mapa de medidas heterog¨¦neas y dispares en cada comunidad. En algunas, no son ni siquiera definitivas. Es necesario que los tribunales superiores de justicia avalen limitaciones en cinco autonom¨ªas (Canarias, Galicia, Murcia, Navarra y Extremadura), en las que viven ocho millones de personas. En ellas, restricciones como los l¨ªmites de reuni¨®n o los toques de queda pueden durar solo unos d¨ªas si los jueces consideran que no se ajustan a derecho.

Hasta ahora, los tribunales est¨¢n ratificando mayoritariamente las propuestas de los gobiernos auton¨®micos. Lo han hecho con el cierre de zonas b¨¢sicas de salud en Madrid, la limitaci¨®n de reuniones a un m¨¢ximo de seis personas en Baleares y Catalu?a, y a 10 en la Comunidad Valenciana; y los toques de queda, tanto en esta autonom¨ªa como en el archipi¨¦lago balear. A la ¨²nica a la que le han tumbado sus propuestas es al Pa¨ªs Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad se neg¨® a avalar limitaciones similares, adem¨¢s del cierre perimetral que solicit¨® el Gobierno.

Tres comunidades han decidido no mantener ninguna de las limitaciones de derechos fundamentales que amparaba el estado de alarma. Son Asturias, Cantabria, Castilla y Le¨®n. Y otras tres no las toman en principio, pero pedir¨¢n a los tribunales amparo si tienen que hacerlo en municipios que pasen de cierto umbral de casos. As¨ª lo han anunciado Andaluc¨ªa, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Hay un caso ¨²nico, el de Arag¨®n, que aunque s¨ª limita el derecho de reuni¨®n y mantiene cierres en municipios de alta incidencia, lo hace amparado por una ley auton¨®mica. Es al menos lo que defiende su Gobierno. Su presidente, el socialista Javier Lamb¨¢n, se enorgullec¨ªa este s¨¢bado de su normativa: ¡°Esta ley nos va a permitir en este momento hacerle frente a la situaci¨®n que se genera despu¨¦s de suspensi¨®n del estado de alarma con m¨¢s instrumentos jur¨ªdicos y m¨¢s seguridad jur¨ªdica que la que van a tener el resto de comunidades. Hay quienes claman sin aportar ninguna soluci¨®n y se dedican sistem¨¢ticamente a descalificar las opciones que aportamos los dem¨¢s¡±.

Las cinco comunidades que est¨¢n a la espera de resoluciones judiciales han solicitado medidas dispares. Canarias pidi¨® el aval de su tribunal superior para limitar las reuniones sociales a un m¨¢ximo de seis personas y establecer toque de queda desde las 23.00 en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Lanzarote y desde las 00.00 para el resto. Murcia solo para la limitaci¨®n de reuniones, tambi¨¦n a seis, y lo har¨¢ para cerrar localidades cuya incidencia acumulada pase de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 d¨ªas. Ambas lo solicitaron el viernes, y la resoluci¨®n deber¨ªa llegar como muy tarde el lunes.

Caso distinto es el de Galicia, Navarra y Extremadura, que todav¨ªa no han solicitado el permiso. Han aprobado sus medidas, las pondr¨¢n en marcha y pedir¨¢n el aval a posteriori. Navarra restringe a seis las reuniones y establece toque de queda de 23.00 a 6.00, mientras Extremadura se limita a establecer un n¨²mero m¨¢ximo para los encuentros p¨²blicos o privados de 15 personas. La Xunta gallega, por su parte, ha prohibido las reuniones de no convivientes entre la 1.00 y las 6.00, y se reserva el cierre de municipios con altas incidencias.

Esta situaci¨®n de medidas provisionales a falta del aval de los tribunales se produce seis meses despu¨¦s de que se marcase la fecha para el fin del estado de alarma. Estaba previsto para el 9 de mayo y el Gobierno decidi¨® no prorrogarlo. Tampoco adopt¨® ninguna medida alternativa hasta el pasado mi¨¦rcoles, cuando aprob¨® un decreto ley que agilizaba el tr¨¢mite judicial para que los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo evaluaran las medidas que pudieran tomar las comunidades para restringir libertades b¨¢sicas.

Desde entonces, hubo un goteo de decisiones auton¨®micas de solicitar o no estos avales. Algunas llegaron en seguida, caso de Baleares, que fue la primera a la que la justicia permiti¨® mantener algunas limitaciones. La mayor¨ªa, sin embargo, esperaron al pasado viernes. Los Superiores de Justicia tienen 72 horas para pronunciarse. Mientras, ocho millones de ciudadanos viven con limitaciones provisionales.

Con informaci¨®n de Eva Saiz, Guillermo Vega, Bernat Coll, Elisa Tasca, Luc¨ªa Boh¨®rquez, Luc¨ªa Tolosa, Isabel Vald¨¦s, Juan Navarro, Sonia Vizoso, Silvia R. Pontevedra, Cristina V¨¢zquez, Pedro Gorospe y Nacho Catal¨¢n.