Las patronales de residencias piden que la vacunaci¨®n sea obligatoria para sus trabajadores

La pandemia golpea de nuevo las residencias de mayores. Otra vez los positivos vuelven a aumentar semana a semana. Otra vez los aislamientos, la angustia para frenar los contagios, plantillas tensionadas tras las bajas de compa?eros infectados. Otra vez la convivencia con el riesgo. Desde el inicio de la epidemia, cerca de 30.000 mayores que viv¨ªan en estos centros han muerto, son la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable al virus. Las vacunas han cambiado radicalmente el escenario respecto a oleadas pasadas, han logrado que la mortalidad descienda dr¨¢sticamente. La acogida ha sido mayoritaria, pero un peque?o porcentaje de trabajadores se niega al pinchazo. Por ello un debate comienza a abrirse paso en el sector. ?La vacunaci¨®n deber¨ªa ser un requisito indispensable para poder trabajar en estos centros? Las cuatro grandes patronales de residencias lo piden y otros pa¨ªses, como Francia e Italia, ya lo han aprobado.

No hay una cifra a nivel nacional de cu¨¢ntos empleados han rechazado la vacuna, el Ministerio de Sanidad no tiene datos. Ni siquiera todas las comunidades disponen de esa cifra. El panorama es muy cambiante en funci¨®n de la autonom¨ªa, algunas informan sobre todos los centros sociosanitarios (no solo de mayores, tambi¨¦n de discapacidad, etc¨¦tera), otras, como Castilla y Le¨®n, no registran el n¨²mero. En regiones como La Rioja o Madrid aseguran que son minoritarios, pero no precisan cu¨¢nto. En Murcia y Catalu?a, el 5,8% y el 7,8% de los trabajadores, respectivamente, no tienen la primera dosis puesta. En Valencia, el dato de los no vacunados es del 4,7%. En Andaluc¨ªa, del 2,7%. Ni en Galicia ni en Extremadura llegan al 1%. El mayor porcentaje se registra en Arag¨®n, donde el 10,4% de los empleados de residencias de mayores han rechazado el pinchazo, lo que equivale a unas 1.300 personas. Se trata de una cifra de abril que el Gobierno est¨¢ actualizando y fuentes del departamento de Ciudadan¨ªa aseguran que ha descendido.

Sara da un nombre ficticio. Tiene 36 a?os y trabaja desde hace dos en una residencia de Guadalajara. De diciembre a febrero lidiaron con un brote en el centro. Cuando le ofrecieron la vacuna la rechaz¨®: ¡°No me fiaba nada. Nos pusieron a nosotros los primeros, como conejillos de indias¡±. Dice que, ¡°aunque suene mal¡±, pes¨® m¨¢s su miedo que la preocupaci¨®n por el riesgo que pod¨ªa suponer para los mayores. ¡°Hay que mirar por uno mismo, si no estoy bien, no puedo trabajar. Primero pens¨¦ en mi cuerpo y luego pens¨¦ en mi futuro. Termin¨¦ poni¨¦ndomela porque si quiero trabajar en esto me la van a acabar exigiendo¡±, prosigue. Justamente ahora est¨¢ contagiada, aunque se encuentra bien y no ha contagiado el virus a nadie en la residencia. Asegura que en el centro la presionaron ¡°mucho¡±. Lo mismo cuenta F¨¢tima, que trabaja en Catalu?a y tampoco se ha vacunado: ¡°Te preguntan desde la direcci¨®n, desde prevenci¨®n de riesgos laborales¡­¡±. Esta joven de 27 a?os est¨¢ embarazada de su segundo hijo y, hasta que no d¨¦ a luz, no quiere pon¨¦rsela. ¡°Al principio ¨¦ramos reticentes la mitad de las trabajadoras, ahora solo quedo yo¡±.

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Murcia pide al Ministerio de Sanidad que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores de residencias

Hay tres vectores de contagio en las residencias: las visitas, las salidas y los empleados. No hay datos para saber cu¨¢ntos de los brotes se originan por estos ¨²ltimos ni cu¨¢ntos por trabajadores sin vacunar. Lo que es indudable es que en el ¨²ltimo mes la situaci¨®n de los centros ha vuelto a empeorar. Del 26 de julio al 1 de agosto, 71 mayores murieron tras haberse contagiado, el doble que los 36 de la semana anterior, seg¨²n datos del Imserso. Los positivos se han multiplicado en el ¨²ltimo mes. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto se contabilizaron 1.150 nuevos casos. Sin embargo, el ritmo del aumento de los contagios se ha frenado respecto a semanas anteriores. Y la letalidad en los centros ha bajado respecto a oleadas anteriores (es del 6% entre el 8 de marzo y el 1 de agosto, frente al 20% entre el 4 de enero y el 1 de agosto).

Los expertos discrepan sobre la medida. En el escenario actual, los rechazos a estos f¨¢rmacos ¡°no suponen un problema de salud p¨²blica¡±, aseguran, tajantes, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos y Alberto Infante, dos expertos en la materia. Ambos recalcan que la aceptaci¨®n en Espa?a es muy elevada. El primero, profesor de la Escuela Andaluza de Salud P¨²blica, sostiene que ¡°en estos centros pr¨¢cticamente el 100% de los mayores est¨¢ vacunado, as¨ª como la gran mayor¨ªa del personal, y la vacuna no garantiza que no se infecten¡±. ¡°Convendr¨ªa que todo el mundo se vacunase, pero no soy partidario de obligar, focalizar en los profesionales ser¨ªa incorrecto. La clave est¨¢ en que todos tengan la cautela necesaria y adopten las medidas preventivas¡±, opina.

Jaime Jes¨²s P¨¦rez, miembro de la junta directiva de la Asociaci¨®n Espa?ola de Vacunolog¨ªa, replica que, por pocos que sean, suponen un riesgo. ¡°Alguien vacunado tiene menos posibilidades de infectarse y, por tanto, de transmitir la enfermedad¡±, dice. ¡°Las residencias son sitios muy especiales, donde hemos prohibido visitas durante meses, salidas¡­ Para proteger un bien supremo, su salud, hemos tenido que condicionar de forma muy dura su vida. No me parece ni profesional ni ¨¦tica ni moralmente aceptable. Creo que deber¨ªa ser un requisito en instituciones sociosanitarias¡±, a?ade. ¡°Son muy pocos, ?pero aceptar¨ªamos que uno de cada 100 cirujanos no se lavase las manos, por pocos que sean?¡±, plantea.

Las cuatro grandes patronales de residencias est¨¢n de acuerdo en que las vacunas deben ser obligatorias. Jes¨²s Cubero, secretario general de la Asociaci¨®n de Empresas de Servicios para la Dependencia, explica: ¡°Es una cuesti¨®n de ¨¦tica asistencial. Prevalece el derecho de la parte m¨¢s d¨¦bil a proteger su salud¡±. Juan Vela, presidente del Grupo Social Lares, que agrupa a residencias gestionadas por entidades sin ¨¢nimo de lucro, considera que ¡°solamente con la vacuna y con las medidas de prevenci¨®n se puede luchar contra esta enfermedad: vacuna, mascarillas, higiene personal y distanciamiento¡±.

El ministerio es reacio

El Ministerio de Sanidad se ha mostrado desde el inicio de la pandemia reacio a imponer la vacunaci¨®n de la poblaci¨®n, pero seis comunidades s¨ª son favorables a convertirla en un requisito para los trabajadores sanitarios y de residencias, como Murcia o Andaluc¨ªa. En Murcia, de hecho, el Gobierno aut¨®nomo ha identificado brotes que se han iniciado por trabajadores no vacunados. En ?lava, donde entre el 5% y el 6% del personal ha rechazado el pinchazo, el diputado general, Ramiro Gonz¨¢lez, ha preguntado a sus servicios jur¨ªdicos si hay amparo legal para hacer la vacuna obligatoria. Ante el aumento de contagios, las autonom¨ªas han ido imponiendo medidas en estos centros. En Arag¨®n, por ejemplo, los empleados no inoculados tienen que pagar de su bolsillo un test cada tres d¨ªas. En Catalu?a hay tres cribados a la semana frente a uno solo para quienes se inoculan. En Andaluc¨ªa han instaurado una prueba semanal para quienes no han aceptado el pinchazo.

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El departamento que dirige Carolina Darias, preocupado por el alza en los contagios, se plantea adoptar medidas para todo el territorio. La ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo t¨¦cnico que re¨²ne al ministerio y las comunidades y asesora en materia de salud p¨²blica, est¨¢ estudiando hacer dos pruebas PCR o de ant¨ªgenos semanales a trabajadores sin vacunar o trasladarlos de puesto para que no est¨¦n en contacto con los mayores.

Cinta Pascual, presidenta del C¨ªrculo Empresarial de Atenci¨®n a las Personas, otra de las patronales, opina que cualquier medida de prevenci¨®n les parece ¡°totalmente necesaria¡±. Ignacio Fern¨¢ndez, presidente de la Federaci¨®n Empresarial de la Dependencia, sostiene que ¡°derivar a los gerocultores no vacunados a actividades sin contacto con los ancianos no es una actividad viable ni sostenible¡±. Su trabajo es, precisamente, atenderles en el d¨ªa a d¨ªa. Ambos afirman que se tiene en cuenta la vacunaci¨®n en las nuevas contrataciones.

Mariv¨ª Nieto, miembro de Marea de Residencias, que agrupa a familiares, residentes y trabajadores, defiende la vacunaci¨®n, pero cree que deber¨ªa optarse por hacer pedagog¨ªa, que ¡°obligar ser¨ªa incluso discriminatorio¡±. En laPlataforma, que aglutina a asociaciones de la mayor¨ªa de autonom¨ªas, s¨ª creen que debe ser un requisito imprescindible. ¡°Hay residencias con un 30% de trabajadores sin vacunar, as¨ª no hay manera de adoptar medidas organizativas, y los brotes acaban con restricciones salvajes para los residentes¡±, dice Mar¨ªa Jos¨¦ Carcel¨¦n, de la Coordinadora 5+1, que forma parte de laPlataforma. Otro miembro, Miguel V¨¢zquez, presidente de Pladigmare, zanja: ¡°Se habla de una colisi¨®n de derechos fundamentales. Pero, ?cu¨¢l es el derecho de un empleado cuyo trabajo es cuidar de la salud de los mayores en las residencias? ?Qu¨¦ se pone por delante? Es un tema complejo, pero despu¨¦s de todo lo que ha pasado, la obligatoriedad no deber¨ªa ser cuestionada por nadie. Que se respete su derecho, pero entonces no pueden trabajar en una residencia¡±.

Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lamenta que ¡°se siga abandonando a las residencias¡±. ¡°Hay que estudiar jur¨ªdicamente la obligatoriedad de la vacuna¡±, reclama. ?l defiende que sea un requisito para trabajar en estos centros. ¡°Pero adem¨¢s pedimos cribados peri¨®dicos a todos los trabajadores, no solo a los que no est¨¢n vacunados, y que se exija el certificado covid o al menos un test de ant¨ªgenos a las visitas¡±. ¡°Tambi¨¦n solicitamos un estudio de inmunidad de los mayores vacunados, no entendemos c¨®mo Salud P¨²blica no lo ha puesto en marcha a nivel nacional¡±, expone.

En Espa?a la vacunaci¨®n es voluntaria. Por lo tanto, no puede imponerse a los trabajadores. Los centros no tienen margen para exigirlo. Jes¨²s Cruz Villal¨®n, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, sostiene: ¡°Es una cuesti¨®n de salud p¨²blica y no de prevenci¨®n de riesgos laborales. El Gobierno tendr¨ªa que hacer un cambio legislativo para poder exigirlo. Actualmente ni se puede despedir a alguien por no tener la vacuna ni se puede publicar en un anuncio de trabajo, por ejemplo, porque ser¨ªa considerado discriminatorio en un juzgado¡±. Una gu¨ªa t¨¦cnica de hace unos a?os para la prevenci¨®n de riesgos biol¨®gicos en el trabajo, que no es vinculante, especifica que la vacunaci¨®n es voluntaria, pero que la no aceptaci¨®n en ciertos tipos de empleo y para ciertas enfermedades puede conllevar la consideraci¨®n de ¡°no apto¡±, bas¨¢ndose en la necesidad de la protecci¨®n de terceros. Cruz Villal¨®n precisa que a d¨ªa de hoy no existe una norma que especifique qu¨¦ puestos son los no aptos para quienes no est¨¦n inmunizados contra la covid.

Hay comunidades que empiezan a mover ficha. El Consejo de Gobierno de Baleares aprob¨® en mayo un decreto para modificar la Ley Balear de Salud P¨²blica que permite la opci¨®n de ¡°someter a medidas profil¨¢cticas¡± de prevenci¨®n del coronavirus, incluida la vacunaci¨®n obligatoria para colectivos que no especifica. La Consejer¨ªa de Salud insiste, sin embargo, en que por el momento no se plantean la posibilidad de inmunizar a trabajadores sanitarios o sociosanitarios, pero tiene esa v¨ªa abierta. El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III Elviro Aranda cree que, dado que las comunidades aut¨®nomas son competentes en servicios sociales, ¡°tienen que regular c¨®mo se presta el servicio y las condiciones en las que se hace¡±.

Alberto Infante, profesor em¨¦rito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, expone que ¡°muy probablemente el Gobierno recurrir¨ªa¡± las leyes auton¨®micas al Tribunal Constitucional, como ya sucedi¨® en el caso de Galicia. ¡°Podr¨ªan pedir autorizaci¨®n a los tribunales, en casos espec¨ªficos, en un ¨¢mbito circunscrito y limitado, por razones de salud p¨²blica, como ocurre con el toque de queda¡±, a?ade. No cree que estemos en el escenario de que el Gobierno saque una norma para todo el Estado, ¡°lo que tendr¨ªa que ocurrir para instaurar la vacunaci¨®n obligatoria¡±, y apunta que, de ocurrir, es probable que acabara recurrida al Constitucional. ?l no est¨¢ de acuerdo en imponer la vacuna, sino en convencer de que es la mejor herramienta de protecci¨®n, as¨ª como las medidas no farmacol¨®gicas (como limitar visitas y hacerlas con distancia y al aire libre, pruebas diarias al personal, etc¨¦tera).

Con informaci¨®n de Pedro Gorospe, Juan Navarro, Sonia Vizoso, Ferran Bono, Eva Saiz y Luc¨ªa Boh¨®rquez.