El Congreso aprueba la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual

No hay resquicio para interpretaciones: solo un s¨ª significa un s¨ª. Ese lema, nacido en Espa?a hace seis a?os tras la violaci¨®n m¨²ltiple de La Manada, ha sido repetido desde entonces en carteles, en paredes, en calles y redes sociales por cientos de miles de mujeres. Y este jueves se convierte en ley, la Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual. El Congreso de los Diputados, por 201 votos a favor, 140 en contra (tod...

No hay resquicio para interpretaciones: solo un s¨ª significa un s¨ª. Ese lema, nacido en Espa?a hace seis a?os tras la violaci¨®n m¨²ltiple de La Manada, ha sido repetido desde entonces en carteles, en paredes, en calles y redes sociales por cientos de miles de mujeres. Y este jueves se convierte en ley, la Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual. El Congreso de los Diputados, por 201 votos a favor, 140 en contra (todos los diputados de PP y Vox) y tres abstenciones del grupo mixto (Albert Botran y Mireia Veh¨ª, de la CUP, y Jos¨¦ Mar¨ªa Maz¨®n, del Partido Regionalista de Cantabria), ha aprobado esta normativa que condensa las reivindicaciones feministas y cambia el paradigma de la violencia sexual: en el centro ya no estar¨¢ c¨®mo respondan o cu¨¢nto se resistan las mujeres a una agresi¨®n, sino su voluntad. El consentimiento, libre y expresado claramente, se convierte en el eje del tratamiento de la violencia sexual. Ahora queda la tramitaci¨®n en el Senado.

La norma es una de las estrellas de esta legislatura en materia de Igualdad y es una de las m¨¢s vanguardistas de Europa. Su aprobaci¨®n supone, seg¨²n la ministra del ¨¢rea, Irene Montero, ¡°un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro pa¨ªs, lejos de la culpa y del miedo, para dejar atr¨¢s la cultura de la violaci¨®n y crear una cultura del consentimiento¡±, ha afirmado en su comparecencia previa a la votaci¨®n. Llega despu¨¦s de casi 11 meses de tr¨¢mites legislativos, arduos, entre los socios de coalici¨®n y los grupos de investidura, y ha sido, junto a la llamada ley trans (todav¨ªa en proceso), una de las que m¨¢s choques ha provocado entre los dos partidos en el Gobierno.

Durante sus intervenciones en el Pleno de este jueves, las diputadas socialistas y de Podemos, han recordado ¡°la paciencia¡±, ¡°el trabajo enorme¡± y los ¡°esfuerzos¡± necesarios para llegar a esta ley que, cuando entre en vigor, afectar¨¢ y proteger¨¢ a las mujeres que viven en Espa?a, m¨¢s de 24 millones. Se calcula que, anualmente, se producen alrededor de 400.000 ataques sexuales. ¡°Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo¡±, a?adi¨® Montero en su discurso.

El derecho a una sexualidad libre

Para ir hacia esa cultura ¡°de los buenos tratos¡±, como tambi¨¦n la define la ministra, la normativa incorpora no solo una serie de medidas en distintos ¨¢mbitos para garantizar el derecho de las mujeres ¡°a su libertad sexual¡±, sino tambi¨¦n ¡°la reparaci¨®n de las v¨ªctimas¡± y el reconocimiento, por primera vez, de las v¨ªctimas de violencia sexual, de explotaci¨®n sexual y de trata con fines de explotaci¨®n sexual como v¨ªctimas de violencia machista. Tambi¨¦n la mutilaci¨®n genital femenina y los matrimonios forzados entran en ese concepto de violencia.

En el ¨¢mbito penal, incorpora la sumisi¨®n qu¨ªmica como agravante de una agresi¨®n sexual, que hasta ahora se considera abuso; los asesinatos por violencia sexual ser¨¢n contabilizados como violencia machista, para lo que se est¨¢ terminando de perfilar una estad¨ªstica espec¨ªfica; tipifica el acoso callejero como delito e incluye tambi¨¦n la violencia digital. Adem¨¢s, ha incluido una modificaci¨®n de la ley penal del menor, para que, en los casos en los que los agresores tengan menos de 18 a?os, las penas lleven siempre la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educaci¨®n sexual y educaci¨®n en igualdad.

Tambi¨¦n se prohibir¨¢ la publicidad que promueva la pornograf¨ªa; se crear¨¢n mecanismos para que las v¨ªctimas de violencia sexual tengan el mismo acceso que las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero a las rentas de inserci¨®n; habr¨¢ ayudas econ¨®micas para las v¨ªctimas de violencia sexual que ganen menos del salario m¨ªnimo, y la educaci¨®n sexual ser¨¢ obligatoria en todas las etapas educativas. Adem¨¢s, se abrir¨¢n centros de crisis 24 horas, que ya han dado sus primeros pasos, y que dar¨¢n atenci¨®n psicol¨®gica, jur¨ªdica y social a v¨ªctimas y familiares.

Una norma para cerrar una brecha

Protocolos, medidas y financiaci¨®n rodean al fondo de la ley, ese cambio de perspectiva sobre la violencia sexual. Hasta ahora, qu¨¦ se entiende por consentimiento, c¨®mo se percibe ese consentimiento o c¨®mo se prueba delante de un tribunal, son cuestiones que se mueven en m¨¢rgenes que han provocado la protesta tanto social como pol¨ªtica e incluso han abierto debates judiciales. Ha ocurrido en procesos con preguntas como: ¡°?Cerr¨® usted bien las piernas?¡±, ¡°?C¨®mo iba vestida?¡±, o ¡°?Se resisti¨® lo suficiente?¡±.

Durante el proceso judicial de La Manada, esa brecha entre el sistema judicial y la percepci¨®n de la violencia sexual por parte de la sociedad se hizo visible. La indignaci¨®n del movimiento feminista tras la primera sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra ¡ªque calific¨® los hechos como abuso continuado al entender que no hubo violencia ni intimidaci¨®n¡ª, se plasm¨® en manifestaciones y concentraciones en decenas de ciudades y pueblos espa?oles.

La sociedad no entend¨ªa c¨®mo la justicia pod¨ªa interpretar las m¨²ltiples penetraciones de cinco hombres a una mujer de 18 a?os en un habit¨¢culo de apenas tres metros cuadrados con una sola salida como abuso. El tribunal navarro ve¨ªa en el sumario de ese caso a alguien que no hab¨ªa dicho ¡°no¡± y que no se hab¨ªa resistido, por lo que los agresores no tuvieron que usar la fuerza ni la intimidaci¨®n verbal o f¨ªsica para someterla. Ella, la v¨ªctima, repiti¨® en todas sus declaraciones lo mismo: que cerr¨® los ojos y se dej¨®, que no dijo nada, que no hizo nada. Que no grit¨®, que estaba en shock.

Seg¨²n el C¨®digo Penal actual, sin violencia y sin intimidaci¨®n, aquel relato encajaba en el abuso sexual. ?Hab¨ªa habido consentimiento? La legislaci¨®n vigente ya penaliza los actos sexuales sin ¨¦l, pero no incluye una definici¨®n del concepto, por lo que el testimonio de la v¨ªctima quedaba a la interpretaci¨®n de los magistrados. Este cambio en la ley del solo s¨ª es s¨ª, que incluye una definici¨®n concreta de consentimiento, fue una de las cuestiones que m¨¢s debate levant¨®, no solo entre los grupos de la derecha, sino tambi¨¦n con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¡ªuno de los ¨®rganos consultivos que emiten informes sobre las leyes org¨¢nicas¡ª, que no estuvo a favor de esa conceptualizaci¨®n.

El argumento de quienes se opon¨ªan era que esto ¡°invert¨ªa la carga de la prueba¡±, como ha repetido este jueves en el Congreso la diputada popular Marga Gonz¨¢lez: ¡°La definici¨®n de consentimiento pone en riesgo la presunci¨®n de inocencia, que trae consigo la inversi¨®n de la carga de la prueba: ser¨¢ el denunciado quien tenga que demostrar que no lo hizo y no al rev¨¦s¡±. Pero esta cuesti¨®n fue ya tratada cuando se abri¨® el debate del solo s¨ª es s¨ª por juristas, especialistas, t¨¦cnicas y parte del propio Ministerio de Igualdad.

Ya entonces, tras el informe del CGPJ, la delegada del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, Victoria Rosell, explic¨® que ¡°ninguna definici¨®n legal puede invertir la carga de la prueba porque no puede afectar al derecho constitucional, a la presunci¨®n de inocencia¡±; y que ¡°ser¨¢ el fiscal o la acusaci¨®n quien deber¨¢ probar y no la defensa¡±. Record¨® tambi¨¦n que ese argumento era ¡°parecido¡± al que el Poder Judicial y ¡°muchos juristas¡± usaron durante la tramitaci¨®n de la ley de violencia de g¨¦nero de 2004.

De aquel debate nacieron tres consignas que aglutinan ahora la esencia de esta ley. El ¡°hermana, yo s¨ª te creo¡±, sobre la necesidad de un cambio judicial que entienda la violencia sexual con sus especificidades y en su contexto; es decir, que la justicia incorpore siempre la perspectiva de g¨¦nero, y la redacci¨®n de la propia normativa da respuesta a eso.

El ¡°no es abuso, es violaci¨®n¡±, que ped¨ªa que se entendiera que no tiene que mediar violencia o intimidaci¨®n para que se produzca una violaci¨®n; y la norma hace desaparecer el delito de abuso y considerar¨¢ cualquier actitud sin consentimiento como agresi¨®n. Y el ¡°solo s¨ª es s¨ª¡±, sobre la percepci¨®n del consentimiento, sobre c¨®mo ninguna otra cosa que no sea un s¨ª, significa un s¨ª: ni una duda ni un silencio. Porque la reacci¨®n ante una agresi¨®n es por un lado innata y puede ir del bloqueo a la violencia; y porque no siempre hace falta la fuerza para someter a alguien.

Sof¨ªa Casta?¨®n, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha recordado durante su intervenci¨®n que, no hace tantos a?os, con el popular Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz como ministro del Interior (2011-2016), la concepci¨®n distaba de la actual: ¡°Se dec¨ªa a las mujeres que un poco de responsabilidad tendr¨ªamos [si sufr¨ªan una violaci¨®n] si no hab¨ªamos seguido las instrucciones del Ministerio del Interior¡±. Esta nueva norma camina hacia el lado contrario, no solo el de eliminar la culpabilizaci¨®n o la responsabilidad de la v¨ªctima en su propia violaci¨®n, sino el de colocar en el centro sus decisiones, su deseo. Porque ¡°s¨ª¡±, ha dicho la diputada, ¡°es una palabra muy sexy¡±.