El resquicio legal que deja fuera de la sanidad p¨²blica a miles de personas: ¡°Me trataron mal y me dijeron que no me pod¨ªan atender¡±

Cuando Lesly estaba embarazada de seis meses, se dio un golpe que le hizo temer por su salud y la de su beb¨¦. Esta colombiana de 22 a?os fue al hospital m¨¢s cercano que ten¨ªa, en Palma de Mallorca, donde se negaron a atenderla. Sin empadronamiento, le dijeron, no ten¨ªa derecho a esa atenci¨®n. ¡°Les pregunt¨¦ si pod¨ªa pagar, pero me respondieron que no y me recomendaron que me fuera a una cl¨ªnica privada¡±, relata. El rechazo se basa en un resquicio legal que deja a miles de personas inmigrantes sin derecho a la atenci¨®n gratuita. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que tiene como uno de sus objetivos revertir esta situaci¨®n.

Los or¨ªgenes de esta discriminaci¨®n datan de 2012. El Gobierno del PP recort¨® los derechos sanitarios a inmigrantes irregulares, que solo pod¨ªan ser atendidos en urgencias o en los servicios de maternidad. Cuando el PSOE recuper¨® el poder, en 2018, uno de los primeros decretos que impuls¨® buscaba recuperar esta asistencia. Parad¨®jicamente, la norma sigui¨® dejando fuera a miles de personas, incluidas embarazadas y ni?os, que deb¨ªan estar atendidos incluso con la regulaci¨®n anterior.

El problema, cuenta Juan Rubi?o, abogado de la plataforma Yo S¨ª Sanidad Universal, fue un documento de recomendaciones emitido por el propio Ministerio de Sanidad en 2019 que manten¨ªa un resquicio burocr¨¢tico: pide el empadronamiento en Espa?a de al menos tres meses antes para el acceso a la prestaci¨®n gratuita. ¡°Esto no solo deja fuera a los que todav¨ªa no llevan ese tiempo y necesitan atenci¨®n, sino tambi¨¦n a quienes llevan m¨¢s y no lo pueden acreditar¡±, explica Rubi?o.

Unos meses de demora pueden ser cr¨ªticos. La plataforma Yo S¨ª tiene documentados problemas en el acceso a ni?os, personas que necesitaban un trasplante, pacientes oncol¨®gicos o mujeres embarazadas, para las que cada semana cuenta.

Es lo que le sucedi¨® a Lesly, que lleg¨® desde Colombia con su pareja a principios de a?o y ya aqu¨ª se enter¨® de que estaba encinta. Vinieron a buscarse la vida, pasar unos a?os y luego regresar a Cali, su ciudad natal, ¡°como hacen muchos¡±. Aterrizaron sin papeles y se fueron a Valencia, donde ten¨ªan unos amigos. ¡°All¨ª iba al hospital y me atend¨ªan sin ning¨²n problema, no me ped¨ªan nada. A los dos meses nos mudamos para Palma, y pens¨¦ que ser¨ªa igual. Pero en el hospital que ten¨ªamos m¨¢s cerca me trataban fatal y me dec¨ªan que si no estaba empadronada no pod¨ªan hacer nada¡±, relata. A trav¨¦s de unos conocidos, la pareja acudi¨® a M¨¦dicos del Mundo, donde les remitieron a otro hospital donde s¨ª les atendieron ¡°de una¡±, sin problemas y sin pedir papeles.

La norma en vigor deja este resquicio de arbitrariedad. Y cada comunidad aut¨®noma lo gestiona a su manera. Hay algunas que lo han articulado de forma que la atenci¨®n es inmediata. Pero otras ponen un sinf¨ªn de requisitos. No hay datos oficiales, pero Marta P¨¦rez, de Yo S¨ª, se?ala Canarias, Castilla y Le¨®n y Madrid como algunas donde los usuarios se encuentran con m¨¢s problemas. M¨¦dicos del Mundo, que atiende a muchos de los que quedan sin asistencia, suma a esta lista a Galicia.

En Madrid, que ambas organizaciones se?alan como la m¨¢s problem¨¢tica, hasta que no se acreditan los 90 d¨ªas de residencia no se puede empezar a pedir la solicitud para la atenci¨®n sanitaria, que tiene otra lista de espera. P¨¦rez asegura que en Vallecas la demora est¨¢ en 176 d¨ªas (adicionales a los tres meses). ¡°Esto afecta tambi¨¦n a los ni?os. Los pediatras se encuentran con menores a los que les faltan vacunas¡±, asegura.

La Consejer¨ªa de Sanidad de Madrid no ha aclarado a EL PA?S cu¨¢les son las esperas medias para el tr¨¢mite, pero asegura que desde la puesta en marcha de las siete unidades de gesti¨®n que existen han facilitado el acceso sanitario p¨²blico a m¨¢s de 23.000 extranjeros en situaci¨®n irregular y que se ha habilitado una octava de refuerzo. ¡°En el caso de solicitantes con necesidades especiales, se dispone de un procedimiento espec¨ªfico para el anticipo de cita que se gestiona a trav¨¦s de los profesionales de Trabajo Social de las Unidades de Tramitaci¨®n. En todo caso, la atenci¨®n de urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario est¨¢n garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situaci¨®n administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria¡±, asegura una portavoz.

No es lo que ven en Yo S¨ª. ¡°La Comunidad de Madrid tiene muy pocos recursos y la gesti¨®n est¨¢ completamente saturada¡±, dice Rubi?o, que ha atendido como letrado varios casos de rechazo de asistencia sanitaria. ¡°El m¨¢s sangrante¡±, narra el abogado, ¡°fue de una chica de 21 a?os, solicitante de asilo pol¨ªtico, que ten¨ªa leucemia. Necesitaba un trasplante de m¨¦dula que se retras¨® dos o tres meses. Se lo llegaron a hacer, pero muri¨® poco despu¨¦s¡±.

Rubi?o asegura que cuando llegan a los tribunales, ganan los casos. ¡°Algunas comunidades hacen una mala interpretaci¨®n de la norma, es dif¨ªcil decir por qu¨¦ motivos, pero niegan el derecho sanitario en un marco que se lo reconoce a todas las personas de forma muy amplia. ?Por qu¨¦? Porque la ley no es clara y lo permite¡±, razona.

En los ¨²ltimos cuatro a?os, M¨¦dicos del Mundo ha recibido 5.000 solicitudes relativas a esta exclusi¨®n sanitaria. ¡°Muchos son casos graves¡±, asegura Nieves Turienzo, su presidenta. Entre ellos, 73 de c¨¢ncer, 53 cardiovasculares, 80 de diabetes, 68 de hipertensi¨®n aguda, 28 enfermedades respiratorias graves, 80 de salud mental y 77 casos de VIH. ¡°Esto rompe con la norma de la obligaci¨®n de asistencia a personas que necesitan tratamiento por una enfermedad infecto-contagiosa. Sin tratamiento, evidentemente van a subir los contagios¡±, afirma Turienzo, quien cree que esto es solo la punta del iceberg: ¡°Habr¨¢ muchas otras situaciones que no detectamos¡±.

El problema del acceso al aborto

Casos cr¨ªticos son los de las interrupciones voluntarias del embarazo. Cristina (nombre ficticio) se qued¨® embarazada el verano pasado. A las dos semanas decidi¨® ponerle t¨¦rmino. La joven argentina ten¨ªa 26 a?os y hab¨ªa migrado a Espa?a ocho meses antes, pero, en plena crisis del coronavirus, a¨²n no ten¨ªa ni papeles ni trabajo. No estaba empadronada ni ten¨ªa tarjeta sanitaria. En julio acudi¨® a su centro de salud en Almer¨ªa para pedir el aborto, donde la derivaron a una cl¨ªnica acreditada. All¨ª, al no tener acceso a la sanidad p¨²blica, le dijeron que le cobrar¨ªan el procedimiento, hasta 500 euros. ¡°Yo no ten¨ªa absolutamente nada, no lo pod¨ªa pagar¡±, recuerda. ¡°Ten¨ªa ganas de quitarme la vida¡±.

Es un requisito que muchas no pueden cumplir, seg¨²n denuncia Estefanny Molina, abogada y experta en salud reproductiva en Women¡¯s Link. ¡°Estamos hablando de una ley del aborto que reconoce el derecho con plazos estrictos, por lo que a menudo intentar conseguir el empadronamiento de 90 d¨ªas puede hacer que se pasen del plazo y simplemente no puedan acceder al aborto. En ese caso, estas mujeres se enfrentan a maternidades no deseadas¡±, se?ala.

Organizaciones que acompa?an a mujeres en esta situaci¨®n destacan la realidad de migrantes atrapadas en la prostituci¨®n o v¨ªctimas de trata sexual, quienes a veces se quedan embarazadas por agresiones que sufren mientras ejercen la prostituci¨®n. En 2019, Women¡¯s Link y la Comisi¨®n para la Investigaci¨®n de Malos Tratos denunciaron ante el Defensor del Pueblo los ¡°obst¨¢culos y demoras¡± a las que fueron sometidas seis mujeres migrantes sin autorizaci¨®n para vivir en Espa?a que, entre 2016 y 2018, intentaron abortar en la Comunidad de Madrid. Entre ellas estaba una mujer v¨ªctima de trata, embarazada de nueve semanas. Esper¨® 15 d¨ªas el documento de asistencia sanitaria. Cuando por fin lo obtuvo, llevaba 11 semanas embarazada, cercano al l¨ªmite legal de 14.

Sanidad asegura que la modificaci¨®n legal que llegar¨¢ al Congreso de forma inminente solucionar¨¢ todos estos problemas. Pero el borrador, del pasado noviembre, no deja del todo tranquilas a las organizaciones que pelean por estos derechos, que creen que necesitar¨¢ enmiendas en el Parlamento para no caer en el mismo error que la modificaci¨®n de 2018. ¡°Pedimos que la nueva ley garantice expl¨ªcitamente la atenci¨®n sanitaria con cargo a las arcas p¨²blicas a todas las personas que residan en Espa?a, sin ning¨²n requisito¡±, resume la presidenta de M¨¦dicos del Mundo.