El Gobierno da luz verde a la ley de familias, que proh¨ªbe expresamente el veto parental en los colegios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de la ley de familias, que crea nuevos permisos de cuidados para los trabajadores, entre ellos uno de cinco d¨ªas retribuidos al a?o por accidente o enfermedad grave de familiares de hasta segundo grado (abuelos, hermanos o nietos) y convivientes, y otro de hasta cuatro d¨ªas al a?o que se podr¨¢ disfrutar por horas, para atender situaciones de fuerza mayor ante urgencias e imprevistos familiares que requieran su presencia inmediata. Tambi¨¦n ampara jur¨ªdicamente la diversidad familiar, equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios y ampl¨ªa la prestaci¨®n de 100 euros al mes que hasta ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de hasta tres a?os, en los t¨¦rminos pactados en los Presupuestos de 2023 (ser¨¢n beneficiarias tambi¨¦n quienes cobren una prestaci¨®n por desempleo o hayan cotizado al menos 30 d¨ªas desde el nacimiento del beb¨¦, y se beneficiar¨¢n ¨ªntegramente quienes tengan contratos parciales o temporales). Asimismo, se recoge de forma expresa la prohibici¨®n de que los progenitores impidan que sus hijos accedan a informaci¨®n o actividades sobre diversidad familiar en los centros educativos, el conocido como veto parental. La aprobaci¨®n de la norma desat¨® tensiones en el seno del Ejecutivo de coalici¨®n, cuando a finales de noviembre se retras¨® su paso por el Consejo de Ministros.

La ley ha sido propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y su titular, Ione Belarra, ha afirmado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta normativa comienza a ¡°revertir carencias hist¨®ricas muy importantes¡± a la protecci¨®n de las familias y ¡°refuerza la protecci¨®n a todas las familias¡±, algo que mandataba la Comisi¨®n Europea. La ha calificado como ¡°una de las leyes m¨¢s importantes de este curso pol¨ªtico¡±. Derechos Sociales recalca que repara una ¡°situaci¨®n insostenible¡± en Espa?a, donde cada a?o se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la Uni¨®n Europea en proteger a las familias y a la infancia (en 2019 la inversi¨®n fue el 1,3% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE). La memoria econ¨®mica de la ley asciende a 628 millones de euros anuales.

Pese al aumento de la diversidad familiar en las ¨²ltimas d¨¦cadas en Espa?a, la ¨²nica ley de ¨¢mbito estatal es por el momento la de familias numerosas, de 2003. El objetivo del anteproyecto que se aprueba este martes es el reconocimiento jur¨ªdico de las distintas estructuras familiares, determinar las prestaciones y servicios a los que tienen derecho y reducir la pobreza infantil, seg¨²n se lee en la exposici¨®n de motivos del borrador al que tuvo acceso este peri¨®dico. Belarra ha hablado de cuatro pilares que se incluyen en la norma: la ampliaci¨®n de la protecci¨®n social a las familias, facilitar los cuidados, ¡°el reconocimiento jur¨ªdico de los distintos tipos que ya existen en nuestro pa¨ªs¡± y la protecci¨®n de los derechos de los ni?os y las ni?as.

En el anteproyecto se recoge ¡°por primera vez¡± en un texto legal, seg¨²n fuentes de Derechos Sociales, la protecci¨®n de la educaci¨®n en diversidad, ya que se incluye la prohibici¨®n expresa de que los padres o tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en el marco educativo. En realidad, el veto parental no es legal en Espa?a y ahora mismo no est¨¢ implantado en ning¨²n territorio. La legislaci¨®n educativa no permite que los progenitores decidan si su hijo debe asistir o no a una actividad impartida en el centro durante el horario escolar, salvo en aquellos casos en que la normativa lo contemple expresamente, como, por ejemplo, en la clase de Religi¨®n.

Aun as¨ª, Murcia, con un Gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, intent¨® implantarlo, dictando para ello unas instrucciones a principios del curso 2019-2020 que llegaron a estar unos meses en vigor. En ellas, se precisaba que era obligatorio que los progenitores dieran su consentimiento expreso para que los ni?os asistieran a actividades complementarias (que se realizan en el centro y en horario lectivo, y son de obligada asistencia, pero no tienen por qu¨¦ estar ligadas al contenido curricular).

El Ministerio de Educaci¨®n insisti¨® desde el primer momento en que era ilegal y contraven¨ªa la legislaci¨®n educativa, y recurri¨® incluso a los tribunales, que la paralizaron cautelarmente en marzo de 2020. Los jueces archivaron la causa sin pronunciarse sobre el fondo del asunto porque, al llegar el final del curso, consideraron que las instrucciones recurridas hab¨ªan deca¨ªdo. Murcia volvi¨® a anunciar durante el curso siguiente su intenci¨®n de volver a implantarlo, pero no lo hizo. Los responsables del Ministerio de Educaci¨®n aseguraron a este peri¨®dico que enviaron un requerimiento oficial al Ejecutivo murciano volviendo a avisarles de que dicho veto parental resultar¨ªa ilegal, y que en esa ocasi¨®n su advertencia fue atendida. Hoy no est¨¢ en marcha en la regi¨®n ning¨²n veto parental, y ¨²nicamente se pide que los centros comuniquen a las familias qu¨¦ actividades complementarias est¨¢ previsto que se realicen en el centro.

Compromiso con Bruselas

La ley de familias forma parte del acuerdo de coalici¨®n entre el PSOE y Unidas Podemos, y su aprobaci¨®n ha sido pactada con la Uni¨®n Europea para el primer semestre de 2023, como uno de los hitos del plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia. Tras su aprobaci¨®n en primera lectura, es preciso que recabe informes consultivos antes de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y que pueda comenzar su recorrido parlamentario. Aunque se opte por el tr¨¢mite de urgencia, los plazos son ajustados. Pese a ello, su aprobaci¨®n ha sufrido varios retrasos en el ¨²ltimo a?o. Belarra (Unidas Podemos) anunci¨® primero que hab¨ªa un acuerdo con el PSOE para que fuera aprobada en septiembre. Posteriormente, se acord¨®, en el marco de la negociaci¨®n de los Presupuestos para 2023, que se har¨ªa antes de que acabara octubre.

Por ¨²ltimo, estaba previsto que fuera al Consejo de Ministros a finales de noviembre, tal y como hab¨ªa anunciado Derechos Sociales, pero la v¨ªspera, a ¨²ltima hora, sali¨® del orden del d¨ªa. El ministerio culp¨® entonces al ala socialista del Ejecutivo de los ¡°constantes retrasos¡± y Belarra tild¨® los argumentos esgrimidos para el aplazamiento de ¡°incomprensibles¡±. Entonces, el Ministerio de Justicia pidi¨® m¨¢s tiempo para revisar algunos aspectos del texto, si bien fuentes de Derechos Sociales recuerdan que los ministerios del socio de gobierno disponen del documento desde hace un a?o. La ministra portavoz, Isabel Rodr¨ªguez (PSOE), quit¨® hierro al asunto a finales de noviembre argumentando que ¡°hay que mirar el resultado de las leyes¡± y ¡°no tanto el debate antes de llegar a un acuerdo¡±.

El anteproyecto de ley plantea un marco de referencia para las pol¨ªticas familiares y la protecci¨®n m¨ªnima que deben recibir en todo el territorio. Se prev¨¦ la creaci¨®n de un registro estatal de parejas de hecho, seg¨²n el borrador consultado, y se equiparan sus derechos respecto a los permisos de cuidados de los que pueden disponer las parejas casadas, como por ejemplo que puedan contar con 15 d¨ªas libres al constituirse, como ya ocurre con los matrimonios.

Se recogen medidas para el conjunto de familias, como el compromiso para generar un marco estatal de apoyo en los primeros mil d¨ªas de vida de los ni?os, pero tambi¨¦n se establece un marco de reconocimiento y protecci¨®n para determinados hogares, como las familias LGTBI, aquellas con alg¨²n miembro con discapacidad, las familias m¨²ltiples, reconstituidas, adoptivas o acogedoras.

Tres nuevos permisos

Adem¨¢s, el anteproyecto, que modifica m¨¢s de una decena de normativas, transpone la directiva europea de conciliaci¨®n de 2019. Se incorporan nuevas causas de despido nulo y se crean tres nuevos permisos de cuidados. El de cinco d¨ªas por enfermedad o accidente grave o intervenci¨®n quir¨²rgica sin hospitalizaci¨®n que necesite reposo, que tambi¨¦n podr¨¢ usarse para atender a convivientes, no solo para familiares de hasta segundo grado, como abuelos, hermanos o nietos. El de hasta cuatro d¨ªas por imprevistos y urgencias familiares (por ejemplo si los hijos han pasado una mala noche). Y un nuevo permiso parental de ocho semanas que podr¨¢n usarse de forma continua o discontinua hasta que los ni?os cumplan ocho a?os, que no se contempla como retribuido aunque la directiva establece que debe serlo, y que se aplicar¨¢ de forma progresiva: ser¨¢ de seis semanas en 2023 y de ocho en 2024. Hasta ahora solo se permit¨ªan dos d¨ªas por fallecimiento o enfermedad grave de familiar de hasta segundo grado, que se mantienen en caso de fallecimiento.

Por otro lado, las familias numerosas pasan a estar englobadas en una categor¨ªa m¨¢s amplia, la de las familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, donde tambi¨¦n se incluyen las monoparentales con dos hijos a cargo (no solo viudos, como hasta ahora, sino tambi¨¦n quien tenga la custodia de sus hijos y no cuente con pensi¨®n de alimentos), las familias con dos hijos encabezadas por una v¨ªctima de violencia de g¨¦nero y las que, tambi¨¦n con dos hijos, tengan a un progenitor en tratamiento hospitalario durante un a?o o que haya ingresado en prisi¨®n, as¨ª como aquellas en las que alg¨²n ascendiente o descendiente tenga discapacidad. Los hogares monoparentales hab¨ªan pedido la equiparaci¨®n a los numerosos ¡ªcon las consiguientes ayudas y beneficios fiscales¡ª desde el primer hijo, al aducir que el 70% solo tiene un ni?o.

Tambi¨¦n se recogen otros cambios, como la posibilidad de extender el permiso por cuidado de menor con c¨¢ncer o enfermedad grave hasta los 26 a?os en caso de que los hijos tengan una discapacidad de al menos el 65%, seg¨²n el borrador consultado. Asimismo, el anteproyecto mejora el fondo de garant¨ªa del pago de alimentos, por el cual se adelanta esta cuant¨ªa a los progenitores que ostentan la custodia de sus hijos y que no perciben la pensi¨®n por parte del otro progenitor, y no solo beneficiar¨¢ a menores, tambi¨¦n a mayores de edad con dependencia o alto grado de discapacidad. Adem¨¢s, da el mandato para que en el plazo de un a?o se extienda la pensi¨®n de orfandad hasta los 26 a?os (ahora puede llegar como m¨¢ximo a los 25).

El anteproyecto, sin embargo, recoge cambios importantes respecto a lo propuesto en un principio por Belarra. La ministra ha defendido en p¨²blico en repetidas ocasiones la necesidad de una prestaci¨®n universal por crianza para todos los menores de 18 a?os, de 100 euros al mes. Finalmente, no se llega a la universalidad, ni siquiera en el tramo hasta los tres a?os, aunque Derechos Sociales precisa que, en ese periodo de edad, se est¨¢ cerca de la universalidad si a quienes perciban la prestaci¨®n de 100 euros al mes (debido a la ampliaci¨®n de la actual deducci¨®n fiscal reembolsable para mujeres trabajadoras) se suma a quienes perciban el complemento de infancia del ingreso m¨ªnimo vital, que pueden solicitar familias vulnerables. El ministerio calcula que la ampliaci¨®n recogida en la ley beneficiar¨¢ a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres.

El texto no incluye la ampliaci¨®n de los permisos de maternidad y paternidad de las 16 semanas actuales hasta 24, algo que Belarra tambi¨¦n hab¨ªa propuesto, ni tampoco la equiparaci¨®n de este permiso para las familias monoparentales respecto a las biparentales, de manera que los ni?os con un solo progenitor dispongan del mismo tiempo de cuidado que el que cuenta con dos, algo que en los ¨²ltimos a?os han reconocido varios tribunales y que reclamaban las familias monoparentales. ¡°Nos hubiese gustado que esta ley fuese m¨¢s all¨¢¡±, reconoci¨® este lunes la portavoz de Podemos, Isa Serra, ¡°pero es una ley que es un ¨¦xito en nuestro pa¨ªs¡±, a?adi¨®.