La relatora especial de la ONU reprocha a Espa?a los errores del ¡®solo s¨ª es s¨ª¡¯ y pide m¨¢s protecci¨®n para las v¨ªctimas de violencia sexual

¡°Aunque no se puede dar marcha atr¨¢s, ahora es crucial que el Gobierno espa?ol y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las v¨ªctimas, traten de minimizar la revictimizaci¨®n y garanticen su protecci¨®n¡±. As¨ª se ha pronunciado este martes Reem Al Salem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las ni?as, sobre la llamada ley del solo s¨ª es s¨ª, una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad. El comunicado de esta experta independiente llega el primero de los dos d¨ªas en los que la Sala Penal del Tribunal Supremo se re¨²ne para fijar criterio para las rebajas de penas que conllev¨® la entrada en vigor de la norma. Hasta el 1 de mayo, se contabilizan 1.079 reducciones de pena y 108 excarcelaciones de agresores sexuales, seg¨²n el ¨²ltimo balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esas cifras han hecho que la relatora especial Al Salem haya expresado este martes su preocupaci¨®n por el hecho de que la adopci¨®n de la nueva norma haya provocado rebajas para los agresores. Estas figuras, las de relatores especiales, son especialistas independientes que analizan y se ocupan de temas o pa¨ªses espec¨ªficos para la organizaci¨®n, pero esta no interfiere en su trabajo, que hacen de forma voluntaria y sin salario. Por qu¨¦ o cu¨¢ndo emiten sus comunicados es algo en lo que la ONU no intercede, y explican que habitualmente estos relatores y relatoras lo hacen cuando han hecho su an¨¢lisis, aunque no sea de forma inmediata a cuando suceden hechos concretos.

As¨ª, aunque las rebajas comenzaron el pasado oto?o, Al Salem se ha pronunciado este martes, en periodo preelectoral y cuando el Tribunal Supremo debate para fijar un criterio para las rebajas. Entre las cuestiones que le preocupan de la norma, ha hecho referencia a que la ley ¡°no haya ido acompa?ada de recursos para garantizar su correcta aplicaci¨®n¡±, ya que, seg¨²n ha afirmado, se calcula que un tercio de las v¨ªctimas de violencia sexual en Espa?a no ha recibido ninguna compensaci¨®n por la violencia sufrida, y alrededor de la mitad de las v¨ªctimas no reciben ninguna compensaci¨®n prevista en las sentencias impuestas por los tribunales a sus agresores.

El Ministerio de Igualdad, preguntado por esta comunicaci¨®n de Al Salem, explica que ya envi¨® este a?o un informe sobre la Ley de Libertad Sexual en el que respond¨ªa a las cuestiones que la relatora les hab¨ªa hecho llegar, entre ellas, las mismas a las que hace referencia en el comunicado de hoy, y en el que expon¨ªan su ¡°preocupaci¨®n¡± porque ¡°la comunicaci¨®n base sus cr¨ªticas en datos err¨®neos f¨¢cilmente contrastables¡±.

Sobre los recursos, el documento de Igualdad se?alaba que ¡°la propia LOGILS [Ley Org¨¢nica de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual] incorpora en su disposici¨®n adicional cuarta un mecanismo para asegurar la financiaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas en materia de violencia contra las mujeres, incluidas las violencias sexuales¡±; hac¨ªa referencia a la renovaci¨®n del Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero el 25 de noviembre de 2021, que ¡°todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales espa?olas, salvo la ultraderecha, firmaron, y blindaron su financiaci¨®n¡±; o apuntaba el crecimiento en el presupuesto ¡°para el desarrollo de las pol¨ªticas y medidas frente a las violencias machistas y especialmente a las violencias sexuales¡±, que ha pasado de 160 millones de euros en 2020 a 320 este 2023.

Y respecto a las indemnizaciones de las v¨ªctimas, el informe de Igualdad alega que la nueva norma ¡°supone un avance importante de cara a la mejora del c¨¢lculo de las cuant¨ªas de las mismas por parte de los tribunales, ya que establece los distintos elementos que se han de tomar en consideraci¨®n para la cuantificaci¨®n de la indemnizaci¨®n¡±. Entre ellos, enumera, ¡°se incluyen por primera vez, adem¨¢s del da?o f¨ªsico y el moral, otros conceptos como el da?o psicol¨®gico, el da?o a la dignidad, la p¨¦rdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educaci¨®n, empleo y prestaciones sociales, los da?os materiales y la p¨¦rdida de ingresos, incluido el lucro cesante, el da?o social, entendido como el da?o al proyecto de vida, y el tratamiento terap¨¦utico, social y de salud sexual y reproductiva¡±.

M¨¢s all¨¢ de lo que establece para los fallos judiciales, el articulado de la norma incluye ayudas econ¨®micas para dos de las cuestiones centrales de la propia ley, y a las que hace referencia la relatora de la ONU, la recuperaci¨®n y reparaci¨®n de las v¨ªctimas. Aunque ahora, el Real Decreto que deb¨ªa regularlas ha quedado en un limbo tras la disoluci¨®n de las Cortes y la convocatoria acelerada de elecciones generales.

Adem¨¢s de cuestiones del articulado, Al Salem tambi¨¦n cree que ¡°para un pa¨ªs con una elevada tasa de feminicidios, reducir las penas de los culpables de perpetrar actos de violencia sexual ¡ªcontra mujeres y menores de edad¡ª env¨ªa un mensaje err¨®neo sobre las prioridades del Estado a la hora de acabar con la violencia contra mujeres y la ni?ez y luchar contra la impunidad de tales delitos¡±, y que ¡°la desafortunada consecuencia de la ley podr¨ªa haberse evitado si se hubiera prestado m¨¢s atenci¨®n a las voces de las distintas partes interesadas que hab¨ªan advertido contra esta consecuencia obstructiva, como las expresadas por organizaciones de la sociedad civil, pol¨ªticos y el Consejo General del Poder Judicial¡±. Desde Igualdad recuerdan que ya en el informe respondieron por por esta misma cuesti¨®n: ¡°No hubo observaciones sobre las m¨ªnimas, que es lo que ha dado lugar a la mayor¨ªa de revisiones¡±.

La relatora tambi¨¦n se?ala algunas cuestiones positivas ¡ªmenciona la petici¨®n de disculpas a las v¨ªctimas por parte del presidente del Gobierno y la modificaci¨®n de la ley, aprobada el pasado abril con una propuesta del PSOE, por la que vuelven a agravarse las condenas cuando haya violencia o intimidaci¨®n o cuando la v¨ªctima tenga anulada su voluntad¡ª, aunque lamenta que ¡°las consecuencias negativas¡± hayan ¡°eclipsado muchos aspectos positivos de la ley¡±, como ¡°las medidas preventivas para combatir la violencia sexual, el reconocimiento de los derechos de las v¨ªctimas y facilitaci¨®n de su acceso a los recursos, el ¨¦nfasis en la obligaci¨®n del Estado de proporcionar asistencia jur¨ªdica y m¨¦dica, y garant¨ªas del derecho a la reparaci¨®n¡±.

El consentimiento

Respecto al fondo de la norma, Al Salem cree que ¡°utilizar el umbral de si hubo consentimiento o no como carga de la prueba pierde sentido en muchas situaciones y puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las v¨ªctimas y no en los agresores¡±, citando casos de trata de mujeres con fines de explotaci¨®n sexual y abuso, y de explotaci¨®n de la prostituci¨®n y la pornograf¨ªa, en los que el consentimiento est¨¢ viciado, no es libre.

Por un lado, la norma fija como violencia todos ¡°los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ¨¢mbito p¨²blico o privado, lo que incluye la agresi¨®n sexual, el acoso sexual y la explotaci¨®n de la prostituci¨®n ajena¡±, adem¨¢s de ¡°la pornograf¨ªa no consentida y la extorsi¨®n sexual¡±. En ese sentido, el documento de Igualdad apunta que ¡°cabe destacar que el fen¨®meno de la trata con fines de explotaci¨®n sexual, sin perjuicio de que la prevenci¨®n, atenci¨®n integral y reparaci¨®n a las v¨ªctimas est¨¦ prevista en la ley, este delito tiene un tratamiento penal diferenciado en nuestra normativa, en tanto en cuanto el consentimiento de la v¨ªctima es irrelevante y se tiene por no puesto¡±.

En cualquier caso, en un proceso judicial por violencia sexual, como en cualquier otro, los hechos de los que se acusa al presunto agresor han de ser siempre probados. Aunque hist¨®ricamente, por el propio funcionamiento de la violencia sexual y por los estereotipos que la rodean, en muchas ocasiones la falta de pruebas f¨ªsicas, o la paralizaci¨®n habitual ante una amenaza que sufren las v¨ªctimas, ha llevado a penas reducidas o incluso absoluciones de los agresores.