Tecnolog¨ªa con toga

¡°La justicia tiene un retraso tecnol¨®gico si la comparamos con otros campos¡±, se?ala Nicolas Vermeys a El Pa¨ªs en el laboratorio de ciberjusticia de la Universidad de Montreal que codirige. Vermeys invita a imaginar la reacci¨®n de un cirujano del siglo XIX si pudiera visitar un quir¨®fano del siglo XXI. ¡°Estar¨ªa muy sorprendido, cosa que no ocurrir¨ªa tanto con un abogado en un tribunal actual¡±, afirma el profesor de derecho que funge tambi¨¦n como director adjunto de este centro ¨²nico en el mundo. En este laboratorio nacido en 2010, un equipo de expertos jur¨ªdicos e ingenieros inform¨¢ticos realiza distintas pruebas para que la tecnolog¨ªa pueda facilitar el acceso a la justicia con menores costos y mayor rapidez.

El laboratorio cuenta con una sala dotada de la m¨¢s alta tecnolog¨ªa para simular juicios. Hay c¨¢maras para grabar a cada uno de los participantes en el proceso, un sonido impecable, monitores que proyectan declaraciones por videoconferencia o pruebas f¨ªsicas con detalle. Adem¨¢s, sorprende la ausencia de papel. ¡°Estamos acostumbrados a ver pilas de documentos. Ahora es posible que jueces, peritos, secretarios y abogados puedan consultarlos conjuntamente en pantallas. Hacemos pruebas en esta sala para que la informaci¨®n circule de forma eficiente y la comunicaci¨®n mejore, tomando en cuenta los elementos caracter¨ªsticos del ritual judicial¡±, cuenta Vermeys. Al fondo de la sala hay un cristal que permite a los expertos tomar nota de c¨®mo se llevan a cabo estos simulacros. Cabe destacar que tambi¨¦n cuentan con una sala m¨®vil ¨Ccon varios de estos aditamentos tecnol¨®gicos- desarrollada en colaboraci¨®n con la Universidad McGill, a modo de estudiar las formas de llevar la ciberjusticia a lugares alejados.

El laboratorio comenzar¨¢ el pr¨®ximo a?o a realizar pruebas con instrumentos de realidad virtual, aunque Vermeys precisa que es necesario ir paso a paso. ¡°Hay que tener cuidado con la neutralidad de la tecnolog¨ªa. Debemos saber qu¨¦ ayuda y qu¨¦ puede tener un impacto negativo¡±. Vermeys da un ejemplo que invita a la reflexi¨®n: un estudio de David Tait, profesor de la Western Sydney University, arroj¨® que cuando los miembros de un jurado reciben tabletas m¨®viles, los veredictos de culpabilidad aumentan de forma considerable, ya que las personas prestan m¨¢s atenci¨®n a la evidencia que consultan en forma digital que a las interpretaciones de expertos y a los intercambios orales.

Este centro cuenta de igual manera con una secci¨®n destinada al desarrollo de programas inform¨¢ticos. Un proyecto de inter¨¦s es ISA, que facilita a los actores de un juicio tener acceso digital a distintos documentos. Otro m¨¢s es PARLe, instrumento que permite resolver conflictos desde Internet. Una versi¨®n de este programa ya la utiliza la Oficina de condominios de Ontario. Otra m¨¢s opera en los servidores de la Oficina de protecci¨®n del consumidor de Quebec, donde 70% de los asuntos han encontrado soluci¨®n. ¡°Esto permite que muchos casos no lleguen a los tribunales¡±, subraya Vermeys. El laboratorio ofrece tambi¨¦n capacitaci¨®n a funcionarios de manera presencial o a trav¨¦s de la red. Pese a que los programas son de c¨®digo abierto, es f¨¢cil suponer que incorporar tecnolog¨ªas a la justicia representa un gasto de importancia. Karim Benyekhlef, director del laboratorio, responde: ¡°Es cierto que cuesta dinero al principio, pero a mediano y largo plazo la situaci¨®n cambia. Necesitamos pensar en el costo social de un acceso limitado a la justicia, tal y como lo demostr¨® Trevor Farrow de la Universidad de Toronto: hay costos sobre la salud f¨ªsica y mental y esto tambi¨¦n impacta en otras esferas de la sociedad¡±.

Una imagen que aparece con frecuencia al vincular justicia con tecnolog¨ªa es la de un robot que cumple con las responsabilidades de un juez. Karim Benyekhlef se?ala que hay que evitar estas confusiones, ya que a¨²n estamos muy lejos de encontrar sustitutos para jueces en numerosos asuntos. De hecho, el laboratorio encabezar¨¢ un proyecto sobre los posibles usos de la inteligencia artificial en la esfera judicial que contar¨¢ con la participaci¨®n de 45 investigadores internacionales y 42 instituciones afiliadas. La iniciativa, de 6 a?os de duraci¨®n, tiene un financiamiento de 2.5 millones de d¨®lares canadienses (1.7 millones de euros) provenientes del Consejo de Investigaci¨®n en Ciencias Sociales y Humanidades de Canad¨¢ y de 4.3 millones (2.9 millones de euros) otorgados por otros socios.

Benyekhlef afirma que, gracias al manejo de macrodatos, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para resolver conflictos de ¡°baja intensidad¡±. Esta ser¨¢ una parte fundamental del proyecto. ¡°Pensemos por ejemplo en consumidores insatisfechos. Las personas podr¨ªan conocer sus probabilidades de ¨¦xito o fracaso antes de presentar una demanda, saber qu¨¦ sentencias favorables hay en el tema. Otra idea es trabajar con chatbots (programas que simulan mantener una conversaci¨®n) para apoyar a los ciudadanos en consultas jur¨ªdicas al procesar grandes cantidades de informaci¨®n¡±.

Miembros de Propublica e investigadores de la Universidad de Darmouth han estudiado el programa COMPAS, cuyo algoritmo analiza la posibilidad de reincidencia en convictos reales. Se ha subrayado tanto sus sesgos discriminatorios como su efectividad no mayor a la de los humanos. Karim Benyekhlef llama a la prudencia. Se?ala que justamente uno de los objetivos a corto plazo de la iniciativa que encabeza su laboratorio es realizar un inventario de los programas disponibles que recurran a la inteligencia artificial para temas judiciales, a modo de conocer c¨®mo funcionan en realidad. En esta dimensi¨®n ¨¦tica, Benyekhlef agrega: ¡°Vamos a proponer la creaci¨®n de un organismo, parecido a la FDA (la Administraci¨®n de Medicamentos y Alimentos del Gobierno estadounidense), para certificar los programas de este tipo antes de que lleguen al mercado. Es muy importante que respeten los principios fundamentales de justicia¡±.