El futuro de internet se juega en el Tribunal Supremo de Estados Unidos

Los abogados de Google, Facebook y Twitter acuden este martes y este mi¨¦rcoles a defender a sus empresas en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Con ellos, el futuro de internet tiene una cita ante los jueces. Se celebran dos vistas orales, las de los casos Gonzalez contra Google y Twitter contra Taamneh. En ellos se cuestiona el alcance de la secci¨®n 230, la norma que ha servido de piedra angular de internet tal y como hoy lo conocemos. Esa norma, b¨¢sicamente, da poder a las tecnol¨®gicas para moderar el contenido que generan sus usuarios, pero al tiempo las blinda de asumir responsabilidades por ¨¦l.

Los dos casos est¨¢n relacionados con el terrorismo y la pregunta que late tras ellos es: ?ni siquiera son responsables redes sociales como YouTube (propiedad de Google), Facebook y Twitter de evitar que se difunda propaganda terrorista en la Red? La selecci¨®n de esos dos casos apunta a que los jueces quieren matizar esa exenci¨®n de responsabilidad que da la ley a las tecnol¨®gicas por los contenidos de terceros.

La frase clave de la secci¨®n 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones establece: ¡°Ning¨²n proveedor o usuario de un servicio inform¨¢tico interactivo ser¨¢ tratado como editor o difusor de informaci¨®n facilitada por otro proveedor de contenidos informativos¡±. En funci¨®n de ello, se exime a las plataformas de responsabilidad por los contenidos de sus usuarios. Es una ley de 1996, cuando las firmas de internet a¨²n eran peque?as y parec¨ªa adecuado protegerlas.

La regla es aplicable a las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitch o Twitter, pero va mucho m¨¢s all¨¢. Numerosas funcionalidades de Google, TripAdvisor, Yelp, Reddit, Craiglist, Apple o Microsoft dependen de alguna manera de las aportaciones de sus usuarios y ese blindaje de responsabilidad ha sido clave para el florecimiento de sus contenidos. Dichas compa?¨ªas se han personado en los casos para defender su posici¨®n en un frente com¨²n.

Nohemi Gonzalez, estudiante universitaria estadounidense de 23 a?os, fue una de las 131 personas asesinadas por los terroristas del Estado Isl¨¢mico en una serie de atentados que conmocionaron Par¨ªs el 13 de noviembre de 2015, en la sala de conciertos Bataclan y otros lugares de la capital francesa. Gonzalez fue asesinada en un restaurante donde se encontraba cenando ese d¨ªa y sus familiares han demandado a Google.

Reynaldo Gonzalez critica que YouTube no se limitaba a un papel pasivo, de permitir sin m¨¢s que los usuarios busquen lo que ver, sino que su algoritmo recomienda v¨ªdeos basados en el historial de cada usuario. Con ello, quienes ve¨ªan v¨ªdeos de propaganda islamista recib¨ªan m¨¢s contenidos de ese tipo, facilitando su radicalizaci¨®n. Los familiares de Nohemi se quejan de que la compa?¨ªa del grupo de Google, cuya matriz ahora es Alphabet, permitiese la difusi¨®n de v¨ªdeos de propaganda radical que incitaban a la violencia. La familia de la v¨ªctima cree que Google viol¨® la ley antiterrorista al permitir la difusi¨®n de esos v¨ªdeos y al insertar publicidad, compartiendo ingresos.

Gonzalez ha salido derrotado en los tribunales inferiores. La cuesti¨®n que plantea al Supremo es si la exenci¨®n de responsabilidad alcanza a esas recomendaciones que hace el algoritmo. Google argumenta en su ¨²ltimo escrito ante el tribunal que los algoritmos son la ¨²nica forma de organizar la ingente informaci¨®n que se vuelca cada d¨ªa en la Red. ¡°La clasificaci¨®n y agrupaci¨®n de v¨ªdeos es la quintaesencia de la edici¨®n¡±. Si organizarlos elimina el blindaje de responsabilidad, argumenta la empresa, no habr¨¢ forma de salvar ¡°las recomendaciones de b¨²squeda y otras herramientas b¨¢sicas de software que organizan una avalancha de sitios web, v¨ªdeos, comentarios, mensajes, listados de productos, archivos y otra informaci¨®n por la que, de otro modo, ser¨ªa imposible navegar¡±.

Riesgo de ¡°distop¨ªa¡±

Seg¨²n Google, si se hace a la empresa responsable, internet ¡°se convertir¨ªa en una distop¨ªa en la que los proveedores se enfrentar¨ªan a presiones legales para censurar cualquier contenido censurable¡±. ¡°Algunos podr¨ªan cumplir; otros podr¨ªan tratar de eludir la responsabilidad cerrando los ojos y dejando publicar todo, no importa lo objetable que sea. Este tribunal no deber¨ªa socavar un elemento fundamental de la internet moderna¡±, concluye.

El otro caso que se examina esta semana, en este caso el mi¨¦rcoles, Twitter contra Taamneh, no tiene que ver con las recomendaciones del algoritmo, sino que en general plantea si las redes sociales pueden ser demandadas por presunta complicidad en un acto de terrorismo, por albergar contenidos de usuarios que expresan en general su apoyo al grupo que est¨¢ detr¨¢s de la violencia, aunque no vayan referidos a un atentado en concreto.

La demanda es por el atentado terrorista contra una discoteca de Estambul en el que murieron 39 personas en la fiesta de Nochevieja de 2016, a?o nuevo de 2017. Aunque el caso lleva el nombre de la red social propiedad de Elon Musk, junto a Twitter tambi¨¦n son parte Google y Facebook. En este caso, los jueces fallaron contra las tecnol¨®gicas, que son las que han recurrido al Supremo.

Varios jueces del Supremo, entre ellos los conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, hab¨ªan expresado ya su inter¨¦s en admitir a tr¨¢mite casos sobre la moderaci¨®n de contenidos en internet. Los argumentos orales de este martes permitir¨¢n intuir cu¨¢les son sus posiciones, aunque para dictar sentencia tendr¨¢n de plazo en principio hasta finales de junio. Las dos sentencias y la doctrina que las acompa?e pueden tener un calado enorme y abrir paso a una avalancha de demandas si abren una grieta en ese blindaje tradicional.

Las tecnol¨®gicas llevan adem¨¢s tiempo sometidas al fuego cruzado de los partidos pol¨ªticos. Los republicanos las acusan de ejercer la censura con un sesgo progresista. Los dem¨®cratas, con el presidente Joe Biden a la cabeza, critican ese blindaje que les exime de responsabilidades cuando difunden discursos de odio o desinformaci¨®n. Biden public¨® el mes pasado una tribuna en The Wall Street Journal, diario econ¨®mico de orientaci¨®n conservadora, en la que llamaba a republicanos y dem¨®cratas a ¡°unirse contra los abusos de las grandes tecnol¨®gicas¡±. Y dejaba clara cu¨¢l es su posici¨®n en el debate en torno a la secci¨®n 230, que ped¨ªa reformar: ¡°Necesitamos que las Big Tech se hagan responsables del contenido que difunden y de los algoritmos que usan¡±, escrib¨ªa.

Ahora est¨¢ en juego ese blindaje de responsabilidad, una de las dos grandes ventajas que han tenido las tecnol¨®gicas. La otra, el poder para decidir con sus pol¨ªticas de moderaci¨®n qu¨¦ se publica y qu¨¦ no, est¨¢ tambi¨¦n en juego. Florida y Texas han aprobado leyes que impiden a las plataformas negarse a difundir ciertos contenidos pol¨ªticos.

El de los contenidos, por otra parte, no es el ¨²nico frente de batalla. Las grandes tecnol¨®gicas est¨¢n sometidas a un mayor escrutinio regulatorio, fiscal y de competencia, con episodios que van desde la demanda del Departamento de Justicia contra Google por abuso de posici¨®n dominante, la impugnaci¨®n de la compra de Activision por Microsoft o la demanda de algunos Estados contra las redes sociales por contribuir a la crisis de salud mental de los j¨®venes.

En principio, la secci¨®n 230 no afecta a los derechos de propiedad intelectual y no es una patente de corso para su violaci¨®n, aunque en la pr¨¢ctica esas redes sociales han cimentado su ¨¦xito en la violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos de autor. Millones de fotograf¨ªas y v¨ªdeos sobre los que los usuarios no tienen derechos se difunden cada d¨ªa casi con completa impunidad. En la pr¨¢ctica, solo se persiguen los casos extremos de pirateo de contenidos de alto valor econ¨®mico como retransmisiones deportivas y pel¨ªculas de estreno.

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