El riesgo de ser mujer en Florida
M¨¢s de un mill¨®n de mujeres latinas en edad reproductiva vive en el Estado donde, desde el pasado 1 de mayo, una ley limita la interrupci¨®n del embarazo a seis semanas. El tema est¨¢ en el centro de la agenda electoral
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El aborto y la justicia reproductiva est¨¢n en el centro de la agenda pol¨ªtica este a?o electoral en Estados Unidos. Luego de que en 2022 se eliminara la sentencia Roe vs. Wade que permit¨ªa la interrupci¨®n del embarazo en todo el pa¨ªs hasta las 24 semanas de gestaci¨®n, cada Estado ha impulsado sus propias leyes. Florida es uno de los m¨¢s restrictivos y es donde vive el 9% de latinas en edad reproductiva; es decir, m¨¢s de 1.4 millones de mujeres que ahora est¨¢n en la primera l¨ªnea de vulnerabilidad.
Desde el pasado 1 de mayo, en Florida rige la denominada ¡°ley de protecci¨®n del latido cardiaco¡±, que condiciona el aborto hasta las seis semanas, tiempo que ¡ªseg¨²n la ciencia¡ª puede resultar insuficiente en algunos casos para detectar un embarazo. Las activistas que defienden el derecho a elegir lo califican como el ¡°cambio m¨¢s radical en medio siglo¡±, y alertan de un impacto mayor en las mujeres racializadas, en situaci¨®n migratoria irregular y empobrecidas.
La legislaci¨®n, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, tambi¨¦n obliga a que el procedimiento se realice en persona y proh¨ªbe el acceso a telemedicina o env¨ªo de pastillas abortivas por correo, pr¨¢cticas que formaban parte del sistema de salud desde hace a?os. Organizaciones como National Latina Institute for Reproductive Justice insisten en que, hist¨®ricamente, las comunidades de color son las que corren los principales riesgos. Las mujeres latinas integran ese grupo.
Y aunque la categor¨ªa ¡°latina¡± representa un grupo diverso por sus historias, culturas, idiomas, pa¨ªses de origen y condiciones socioecon¨®micas, los datos arrojan que, en Florida, del total de latinas en edad reproductiva, el 43% son madres, el 40% no tienen seguridad econ¨®mica y el 5% tiene alguna forma de discapacidad.
Lo que ha sucedido en el Estado es progresivo. Tras el bloqueo del aborto legal hasta las 24 semanas en 2022, inmediatamente se lo limit¨® a quince semanas hasta, finalmente, condicionarlo a seis semanas. ¡°Cuando algo es ilegal, eventualmente alguien va a tener que estar criminalizado. La persona que busca el servicio o quien la ayuda¡±, menciona Charo Valero, directora de la oficina de Florida del National Latina Institute for Reproductive Rights. La ley en vigencia determina que quien asista o le practique un aborto a una persona gestante puede ser sujeto de multas, p¨¦rdida de licencia m¨¦dica y cargos criminales de hasta cinco a?os de c¨¢rcel.
Hasta antes del 1 de mayo, Florida era un destino para miles de mujeres del sur del pa¨ªs que necesitaban acceder a este servicio y en cuyos Estados ya no pod¨ªan hacerlo. Los datos oficiales exponen que, en 2022 ¡ªcuando se elimin¨® Roe V. Wade¡ª del total de abortos realizados en Florida, 8% fueron de personas fuera del Estado; en 2023, el 9%; y, en lo que va de 2024, suman el 8%. Porcentaje que ir¨¢ descendiendo, pues ahora las mujeres de Florida son las que deber¨¢n viajar, si tienen los recursos para enfrentar un aborto pasadas las seis semanas.
¡°Si alguien no puede desplazarse, ?qu¨¦ pasa? Es forzada a parir¡±, recalca Valero. La Agencia de Administraci¨®n Sanitaria de Florida muestra que la econom¨ªa es una de las principales razones para abortar. As¨ª lo indic¨® el 21% de quienes lo hicieron hasta la primera semana de junio de 2024; aunque tambi¨¦n se registraron 51 casos por violaci¨®n y dos por incesto. La normativa actual es un obst¨¢culo para las sobrevivientes de violencia sexual.
Aunque la ventana para interrumpir un embarazo por violencia sexual es de hasta quince semanas, para hacerlo se deben cumplir varios requisitos. Entre esos, presentar una orden de restricci¨®n, reporte policial, registro m¨¦dico o cualquier otro documento legal que pruebe que la violaci¨®n existi¨® y que se est¨¢ cooperando con la justicia.
Cada situaci¨®n es particular; pero Stephanie Loraine Pineiro, directora ejecutiva de Florida Access Network (FAN), afirma que quienes las contactan son personas de bajos recursos, que no tienen otra salida que pedir ayuda a desconocidas. Su organizaci¨®n ofrece fondos y acompa?amiento a quienes necesiten un aborto en Florida, donde el precio de este procedimiento oscila entre los 1.000 y 1.500 d¨®lares y no est¨¢ cubierto por los seguros de salud. Ahora, este apoyo se enfoca principalmente en facilitar viajes a otros Estados donde sigue siendo accesible, reduciendo as¨ª su capacidad de ayuda. Los traslados implican costos adicionales de transporte, alojamiento, alimentaci¨®n y cuidado de hijas e hijos.
¡°Las inmigrantes latinas venimos huyendo de pa¨ªses con represi¨®n y de Gobiernos autoritarios¡±, dice Valero, que recuerda que en pa¨ªses como El Salvador y Honduras el aborto est¨¢ prohibido en cualquier circunstancia y hasta se criminalizan emergencias obst¨¦tricas. Esas experiencias vividas en Latinoam¨¦rica funcionan como hoja de ruta para sortear la realidad: desde el norte se mira al sur para aprender y replicar estrategias de incidencia pol¨ªtica, tanto a escala comunitaria, como a gran escala, en la legislaci¨®n.
As¨ª surgi¨® la posibilidad de cambiar la ley en las elecciones del pr¨®ximo noviembre. Seg¨²n una encuesta realizada a inicios de 2024, ¡°la justicia reproductiva es una prioridad absoluta para las votantes latinas¡±. Y espec¨ªficamente en Florida, el 57% de las personas consultadas cree eso. En ese contexto, adem¨¢s de la papeleta para presidente, en el Estado se votar¨¢ una consulta popular para decidir si est¨¢n a favor de limitar la interferencia del Gobierno en el aborto. Se requiere el 60% de votos favorables para garantizar la salud sexual y reproductiva de millones de mujeres.
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