DeSantis propone la pena de muerte obligatoria para los indocumentados culpables de delitos capitales

Donald Trump hablaba en serio cuando prometi¨® en campa?a que volcar¨ªa todas sus fuerzas en hacer frente a la inmigraci¨®n ilegal. Para ello no est¨¢ solo, sino que cuenta con sus fieles partidarios de Florida. Adem¨¢s del temor con el que desde hace casi un mes viven los inmigrantes ¡ªcuando mandan a sus hijos a la escuela, asisten a una consulta m¨¦dica o van de compras al supermercado¡ª, el gobernador republicano Ron DeSantis est¨¢ convencido de que los indocumentados deben pagar ciertos delitos con la m¨¢s extrema de las sanciones, es decir, con su vida. Varios legisladores del Estado del Sol pretenden implementar la pena de muerte de manera ¡°autom¨¢tica¡± y ¡°obligatoria¡± para quienes permanecen de forma ilegal en el pa¨ªs y hayan sido condenados por delitos capitales.

La propuesta despierta desacuerdos entre republicanos, dem¨®cratas y aquellos conocedores de la ley que la tildan de inconstitucional. Se trata de un proyecto de ley que asegura que el tribunal ¡°condenar¨¢ a muerte a un acusado que sea extranjero no autorizado¡± y que haya sido declarado culpable de un delito capital, lo cual limita el margen de decisi¨®n del juez o un jurado, condenando a todos por igual sin analizar las individualidades de cada caso, sin tener en cuenta factores ¡°agravantes¡± y ¡°atenuantes¡± en el proceso.

Los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C dar¨ªan luz verde a que los tribunales apliquen la pena m¨¢xima a inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado, violaci¨®n de menores de edad, as¨ª como el tr¨¢fico de sustancias controladas, que constituyen delitos capitales en el Estado de Florida. Tambi¨¦n extiende la pena capital a los inmigrantes ilegales que sean miembros de bandas delictivas.

En un memorando dirigido a los legisladores, el presidente del Senado, el republicano Ben Albritton y el presidente de la C¨¢mara, Danny P¨¦rez, aseguraron que el prop¨®sito principal de aprobar estas leyes era ¡°combatir la inmigraci¨®n ilegal¡±. ¡°Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violaci¨®n de un menor, la pena de muerte es obligatoria¡±, sostuvieron.

Maria DeLiberato, la directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en ingl¨¦s), una organizaci¨®n que trabaja para poner fin a la pena de muerte en el Estado, comparti¨® con EL PAIS la carta enviada al Comit¨¦ de Asignaciones del Senado de Florida. El texto asegura que este proyecto de ley ataca directamente la 6? Enmienda, eliminando ¡°el derecho a un juicio con jurado en una sentencia capital¡±, y exige que un tribunal imponga una sentencia de muerte ¡°obligatoria de manera inmediata¡±, algo que considera ¡°constitucionalmente inadmisible¡±, ya que conlleva la anulaci¨®n de 50 a?os de precedentes legales establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Los miembros de FADP est¨¢n convencidos de que se trata de una oportunidad por parte de los legisladores para utilizar la inmigraci¨®n como pretexto para imponer este tipo de sentencias. ¡°Cualquier expansi¨®n de la pena de muerte en Florida es alarmante, pero esta expansi¨®n, colada en una legislaci¨®n que pretende abordar la inmigraci¨®n, es particularmente peligrosa¡±, aseguraron en un comunicado. Seg¨²n la organizaci¨®n, el proyecto de ley SB 4-C no aborda los visados, las fronteras u otros aspectos relacionados con las pol¨ªticas de inmigraci¨®n. Por tanto, ¡°no reducir¨¢ el n¨²mero de inmigrantes indocumentados en Florida abordando las causas profundas de la migraci¨®n, ni lo har¨¢ aumentando la aplicaci¨®n de las pol¨ªticas existentes¡±.

La noticia llega d¨ªas despu¨¦s de que Trump firmara desde la Casa Blanca una orden ejecutiva para ¡°restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad p¨²blica¡±, asegurando que la pena capital ¡°es una herramienta esencial para disuadir y castigar a aquellos que cometan los cr¨ªmenes m¨¢s atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses¡±. El documento resalta que ser¨ªan castigados los extranjeros que permanezcan de manera ilegal en Estados Unidos y que hayan cometido alguno de estos delitos. No obstante, contrario a los floridanos, el decreto de Trump s¨ª da margen a que los jueces apelen a la discrecionalidad en caso de dictar su sentencia.

Es parte de la avalancha de decretos y decisiones que est¨¢ implementado Trump en su af¨¢n de echar del pa¨ªs a m¨¢s de 13 millones de emigrantes, que incluye la eliminaci¨®n de toda medida que brinde protecci¨®n temporal o alg¨²n tipo de estatus legal a los indocumentados, el cierre de refugios, las redadas de los agentes de ICE en varias ciudades, la militarizaci¨®n de la frontera y el env¨ªo de aviones con decenas de deportados.

Con la medida que contempla la pena de muerte, DeSantis y los adeptos de Trump en Florida estar¨ªan infundiendo el miedo y garantizando que se cumpla la pol¨ªtica antiinmigrante del actual presidente, en un Estado donde hoy viven m¨¢s de seis millones de latinos. Para ello se proponen destinar 250 millones de d¨®lares en subvenciones a las fuerzas de seguridad locales y 48,2 millones de d¨®lares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, encargados de aplicar la ley.

El nuevo proyecto tambi¨¦n propone convertir en un delito menor la permanencia en el Estado de inmigrantes indocumentados mayores de 18 a?os, ¡°despu¨¦s de entrar en los Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o inspecci¨®n de los oficiales de inmigraci¨®n¡±. Las personas que incurran en este delito deber¨¢n pagar con nueve meses de c¨¢rcel, y los reincidentes podr¨ªan ser condenados a un a?o y un d¨ªa de prisi¨®n. Asimismo, establece penas m¨ªnimas obligatorias de hasta cinco a?os por regresar al Estado despu¨¦s de haber recibido la orden de abandonarlo.