Los ¡®sheriffs¡¯ recuperan poder para cumplir el objetivo de las deportaciones masivas de Trump

Cumplir los deseos de Donald Trump de deportar a 11 millones de indocumentados no es tarea f¨¢cil y al organismo encargado de hacerlo, el ICE (Servicio de Inmigraci¨®n y Control de Aduanas de Estados Unidos), le faltan medios para llevarlo a cabo. Y el implacable zar de la frontera, Tom Homan, se ha mostrado insatisfecho con el ritmo de las detenciones y tres altos cargos del ICE ya han sido degradados por no cumplir las expectativas de arrestos. La colaboraci¨®n de las fuerzas de seguridad locales y estatales es necesaria para una campa?a tan ambiciosa y para ello se est¨¢ recuperando un antiguo programa que permite que agentes de la ley locales realicen funciones propias de las autoridades federales de inmigraci¨®n.

Varios Estados republicanos, como Florida e Indiana, han impulsado leyes para obligar a sus polic¨ªas y sheriffs a colaborar con el servicio de inmigraci¨®n por medio del programa 287(g). Creado en 1996, este programa permite que los agentes locales interroguen a las personas detenidas sobre su estatus migratorio y los mantengan bajo custodia hasta entregarlos al ICE, que proceder¨ªa a su deportaci¨®n. El problema, dicen los cr¨ªticos, es que da pie a que muchos agentes act¨²en movidos por el racismo y la xenofobia, arrestando sobre todo a latinos y negros, incluso por faltas menores.

¡°Cuando los agentes locales hacen redadas, pueden identificar a muchas personas que no tienen permisos de conducir y los meten en las c¨¢rceles, donde investigan sus datos migratorios. Solo con el arresto ya los criminalizan¡±, explica Adriel Orozco, abogado del American Immigration Council (AIC).

Para ICE es una buena soluci¨®n, porque llevar a cabo las redadas para las detenciones es m¨¢s costoso y requiere m¨¢s personal que acudir directamente a las c¨¢rceles y deportar a quienes ya han sido detenidos. ¡°Para el ICE es muy importante tener acuerdos con las agencias locales y estatales¡±, sostiene Orozco. Seg¨²n los datos del AIC, desde 2015, solo el 18% de las detenciones del ICE se produjeron directamente en la calle. El 82% restante fueron traspasos de personas que ya estaban en la c¨¢rcel.

Estos acuerdos crean situaciones en las que personas que han sido arrestadas por delitos menores y que bajo normales circunstancias ser¨ªan puestas en libertad, con o sin fianza, deben permanecer en la c¨¢rcel hasta que el ICE se hace cargo de ellas. Y a partir de ese momento, el delito es ser un indocumentado. A los ojos de Homan, objeto de expulsi¨®n del pa¨ªs. ¡°En el momento en que pasan a la custodia del ICE, solo importa el delito de migraci¨®n y no pueden acudir a las citas de la corte para defender sus casos¡±, explica Orozco.

Trump asegur¨® que su campa?a de deportaciones se limitar¨ªa, al menos al principio, a los delincuentes, pero en algo m¨¢s de dos semanas de actuaci¨®n, la mitad de las detenciones han sido de migrantes sin antecedentes penales. En Estados Unidos hay entre 11 y 13 millones de indocumentados y casi el 90% no tiene antecedentes penales. La mayor¨ªa de los delitos cometidos son leves, como multas de tr¨¢fico o conducir bajo los efectos del alcohol, pero por los acuerdos los detenidos en estas circunstancias se mantendr¨ªan en prisi¨®n hasta ser deportados.

Redadas en las calles

En la actualidad el programa 287(g) solo se aplica con los detenidos en las c¨¢rceles, pero Homan se ha mostrado a favor de que se ampl¨ªe y los agentes locales puedan detener en las calles, como los efectivos del ICE. Esa pr¨¢ctica ya se utiliz¨® en el pasado, pero el presidente Barack Obama la elimin¨® despu¨¦s de que se comprobara que se estaba produciendo discriminaci¨®n racial en las detenciones y su aplicaci¨®n se limit¨® a las c¨¢rceles.

En 2011, una investigaci¨®n del Departamento de Justicia encontr¨® que los agentes del condado de Maricopa (Arizona), dirigidos por el antiguo sheriff Joe Arpaio, segu¨ªan un patr¨®n de discriminaci¨®n racial. Los agentes realizaban redadas de manera rutinaria en vecindarios hispanos, y los conductores latinos ten¨ªan hasta nueve veces m¨¢s probabilidades de ser detenidos que otros conductores. En consecuencia, la Administraci¨®n Obama rescindi¨® el acuerdo 287(g) con ese condado.

El Gobierno de Joe Biden no firm¨® ning¨²n acuerdo nuevo, pero tampoco elimin¨® el programa, como hab¨ªa prometido. En diciembre de 2024, el ICE ten¨ªa acuerdos 287(g) con 135 agencias policiales estatales o locales en 21 Estados, la mayor¨ªa en Texas, Florida y Carolina del Norte.

En su primer mandato, Trump impuls¨® el programa y, en su primer d¨ªa de regreso a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, orden¨® que se aumenten los acuerdos. Varios Estados han puesto en marcha iniciativas de cooperaci¨®n con el ICE.

El Senado de Indiana acaba de aprobar fondos estatales para los participantes en el 287(g) y est¨¢ pendiente de aprobarse en la C¨¢mara de Representantes. El senador estatal dem¨®crata Rodney Pol la calific¨® de propuesta ¡°muy, muy peligrosa¡± y ¡°muy, muy inquietante¡±, seg¨²n AP. ¡°Estamos exigiendo demasiado a la gente, en particular a los agentes de polic¨ªa, que se ver¨¢n en situaciones en las que tendr¨¢n que romper sus comunidades¡±, dijo Pol. Uno de los temores es que, debido a una p¨¦rdida de confianza en la polic¨ªa, los migrantes ya no quieran colaborar con las fuerzas del orden y eviten declarar contra acusados o denunciar delitos.

Por su parte, los legisladores de Florida han aprobado un programa de subvenciones para los agentes locales que ayuden a desempe?ar funciones reservadas a las autoridades federales de inmigraci¨®n.

Hay dos modelos que funcionan ahora. El modelo de aplicaci¨®n de la c¨¢rcel (JEM, en ingl¨¦s) permite hacer interrogatorios a los detenidos para determinar su estatus migratorio. Para ello, los agentes reciben un curso de cuatro semanas. El modelo de oficial de servicio de orden (WSO) autoriza a los agentes a cumplir las ¨®rdenes del ICE, pero no les permite hacer interrogatorios. En este caso la capacitaci¨®n solo dura ocho horas. La escasa formaci¨®n, muy lejos de la requerida a los agentes del ICE, que es de hasta 16 semanas, es otra de las cr¨ªticas del programa. Adem¨¢s, el servicio de inmigraci¨®n no tiene capacidad para supervisar la actuaci¨®n de los agentes locales.

¡°La inadecuaci¨®n de la capacitaci¨®n en el programa 287(g) conduce a violaciones de los derechos civiles, como perfiles raciales, arrestos falsos y m¨¢s. Tambi¨¦n puede conducir a un acoso significativo por parte de la polic¨ªa local de la comunidad inmigrante¡±, recoge la ACLU (Uni¨®n Americana de Libertades Civiles) en un informe.

El condado de Nassau, en Long Island (Nueva York), ha anunciado este mes que sus agentes de polic¨ªa se unir¨¢n al esfuerzo de deportaci¨®n masiva del ICE, con una ampliaci¨®n del 287(g). 10 detectives tendr¨¢n el poder de arrestar y encarcelar a personas que est¨¢n bajo ¨®rdenes de deportaci¨®n, una funci¨®n reservada a los agentes federales de inmigraci¨®n.

Algunos condados que tuvieron acuerdos con el ICE los cancelaron por el alto costo que supon¨ªan, como fue el caso de Harris County, en Texas. El ICE se hace cargo de los gastos para formar a los agentes locales, pero no del mantenimiento de los detenidos en las prisiones.

Para facilitar la colaboraci¨®n de los sheriffs y poder usar sus c¨¢rceles, Homan dijo este mes ante la Asociaci¨®n Nacional de Sheriffs que rebajar¨¢ los requisitos para las detenciones. ¡°Muchos sheriffs nos proporcionaron camas durante mucho tiempo, pero algunos se marcharon porque dijeron: ¡®No podemos permitirnos sus est¨¢ndares de detenci¨®n¡¯¡±, reconoci¨®. A lo que a?adi¨® que si los est¨¢ndares locales son ¡°suficientemente buenos para un ciudadano estadounidense de su condado, tambi¨¦n son lo suficientemente buenos para un extranjero ilegal detenido por nosotros¡±.

Pero no todos quieren colaborar con el ICE. Muchos sheriffs prefieren guardar los espacios disponibles en sus c¨¢rceles para los verdaderos delincuentes, en vez de cederlos a los indocumentados para ser deportados.