La ruta ambiental en la era Petro: el fin del enfoque militarista y el fortalecimiento de las alianzas ciudadanas
El nuevo Plan Nacional de Desarrollo le da m¨¢s poder a las poblaciones ¨¦tnicas y campesinas para proteger el medio ambiente, pero a¨²n le falta esclarecer el dif¨ªcil camino hacia la transici¨®n energ¨¦tica
![La ministra de Ambiente, Susana Muhamad y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un encuentro con campesinos en Santander, el 3 de febrero de 2023.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZZIY6AXWFVGGDAC4PUQATJMBMA.jpeg?auth=7bdedb8cd5be83513bf154ae367065c39ab7be096c6821400c5b56f6d8e947f6&width=414)
![Camila Osorio](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fcaee19d7-78c6-4567-85b1-1c6b0e6c7097.png?auth=a532e98e4a959eab6f778776d281892e19d65808d610f414d6cb480743183c9d&width=100&height=100&smart=true)
El presidente Gustavo Petro quiere pasar a la historia como un l¨ªder ambientalista. Acorde a esa promesa, puso al medio ambiente como uno de los cinco ejes de su Plan Nacional de Desarrollo (PND), que actualmente eval¨²a el Congreso. En ¨¦l, pide ordenar el territorio ¡°alrededor del agua y justicia ambiental¡±. De acuerdo a varios expertos consultados por El PA?S, si bien deja preguntas en el aire, el extenso documento trae elementos de un enfoque innovador para proteger el medio ambiente. A diferencia del Gobierno anterior, que privilegiaba un enfoque militarista para proteger los ecosistemas, en la ruta del Gobierno Petro el protagonismo lo tienen las asociaciones con campesinos e ind¨ªgenas.
El art¨ªculo 41, por ejemplo, le permite al Ministerio de Ambiente ¡°suscribir con organizaciones campesinas y familias campesinas concesiones hasta por treinta a?os renovables¡± para controlar la deforestaci¨®n en zonas de reserva ambiental y en bald¨ªos de la Naci¨®n. Es un giro de 180 grados con el enfoque del Gobierno Duque para detener la deforestaci¨®n que, con la Operaci¨®n Artemisa, detuvo a muchos campesinos en la que fue denunciada como una estrategia con graves violaciones a derechos humanos. Adem¨¢s, no fren¨® la deforestaci¨®n. De acuerdo a las ¨²ltimas cifras oficiales, en 2021 se deforestaron 174.103 hect¨¢reas, m¨¢s que en 2020. Y aunque a¨²n no se conocen las cifras oficiales del 2022, en los primeros meses de ese a?o era claro que hab¨ªa de nuevo un aumento.
Otro ejemplo de la propuesta de incentivar la participaci¨®n ciudadana para cuidar el medio ambiente est¨¢ en el art¨ªculo 22, que crea los ¡°consejos territoriales del agua¡± con una gobernanza ¡°multinivel, diferencial, inclusiva¡± para cuidar los recursos h¨ªdricos en zonas estrat¨¦gicas como La Mojana en el Caribe o los p¨¢ramos en la regi¨®n andina. En esa misma l¨ªnea van el art¨ªculo 182, que exige al Ministerio de Vivienda garantizar la participaci¨®n de la poblaci¨®n recicladora en el programa de basuras del pa¨ªs; o el 25, que le permite al Ministerio de Minas y Energ¨ªa crear grupos de ciudadanos que para generar y consumir energ¨ªa renovables. Las minor¨ªas ¨¦tnicas que quieran convertirse en esas comunidades energ¨¦ticas ¡°podr¨¢n ser beneficiarias de recursos p¨²blicos para el financiamiento de inversi¨®n, operaci¨®n y mantenimiento de infraestructura¡±.
¡°Sin duda hay un esfuerzo muy interesante de generar mayor participaci¨®n de las comunidades para determinar el ordenamiento de los territorios, d¨¢ndole centralidad a la gesti¨®n de los recursos h¨ªdricos¡±, dice Luisa Fernanda Bacca, coordinadora de incidencia y comunicaciones en la fundaci¨®n Gaia Amazonas.
Bacca cuenta que las comunidades ind¨ªgenas y fundaciones como Gaia insistieron, durante la elaboraci¨®n del PND, que es imposible cuidar la selva sin darle un rol central a las comunidades ind¨ªgenas que la habitan. ¡°En los territorios ind¨ªgenas de la Amazon¨ªa, un 33% del territorio amaz¨®nico, la deforestaci¨®n es casi nula¡±, explica. ¡°Por eso pedimos fortalecer a esas autoridades ind¨ªgenas como una medida preventiva contra la deforestaci¨®n¡±, a?ade. En varios puntos del PND el Gobierno se compromete a fortalecer, financiera y legalmente, las figuras de gobernanza de estos grupos, como hab¨ªa sido establecido en un decreto del 2018 que estaba en el olvido.
¡°Consideramos que en el PND hay un cambio sustancial en la forma c¨®mo nos relacionamos con el medio ambiente¡±, dice Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales en el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF). Valora, por ejemplo, la determinaci¨®n por ordenar en territorio en funci¨®n de los recursos naturales, con fuerte participaci¨®n de las comunidades locales, y tambi¨¦n nuevos mecanismos para resolver conflictos socio-ambientales.
Por ejemplo, el Gobierno firm¨® en octubre el Acuerdo de Escaz¨² para proteger la vida de los ambientalistas, que se reglamente en las bases del PND: ordena crear una comisi¨®n interinstitucional para implementar el tratado, adem¨¢s de fortalecer veedur¨ªas ciudadanas que verifiquen esa implementaci¨®n.
Otra forma de participaci¨®n que nota tiene que ver con la regulaci¨®n de los bonos de carbono que se venden: las empresas que producen mucho di¨®xido de carbono compran bonos que demuestran c¨®mo esas compa?¨ªas garantizan la protecci¨®n de zonas forestales o selv¨¢ticas que producen un n¨²mero determinado de ox¨ªgeno.
Como ya lo han denunciado varios medios, la falta de vigilancia en este tema ha permitido que empresarios hayan inflado las cifras de ox¨ªgeno que est¨¢n comprando o que se apropien de territorios ¨¦tnicos. El art¨ªculo 184 del PND refuerza la instituci¨®n que debe hacer esta vigilancia (RENARE, o Registro Nacional de Reducci¨®n de las Emisiones y Remoci¨®n de Gases de Efecto Invernadero), pero sobre todo fortalece la participaci¨®n de las comunidades en este proceso.
Barrera explica que el RENARE debe ¡°cumplir con las salvaguardas sociales y ambientales¡± definidas por Naciones Unidas, lo que protege a las comunidades donde se venden bonos de carbono, y cumplir con la consulta previa cuando un proyecto de bonos est¨¦ en ¨¢reas con presencia de comunidades ¨¦tnicas. ¡°Es un art¨ªculo buen¨ªsimo para este tema de mercados de carbono¡±, concluye Barrera.
Preguntas que quedan en el aire
La representante del partido Nuevo Liberalismo Julia Miranda fue directora de Parques Nacionales Naturales durante varios gobiernos y es una de las m¨¢s respetadas ambientalistas en la pol¨ªtica. Celebra varios puntos del PND, como el compromiso de hacer un catastro multiprop¨®sito, una meta que los Gobiernos pasados se han planteado pero no han cumplido, y que es fundamental para ¡°proteger los predios bald¨ªos de la Naci¨®n y los bosques y ecosistemas que se han deteriorado por ocupaciones ilegales y usos indebidos¡±.
Pero Miranda ve preguntas sin respuesta. Aunque celebra que el PND sea un proyecto alrededor del agua y la justicia ambiental, explica que esto supone un enorme reto para el Ministerio de Medio Ambiente, ¡°ya que m¨¢s del 70% de los municipios no tienen planes de ordenamiento territorial o los tienen desactualizados¡±. Si no se les da asesor¨ªa t¨¦cnica, dice, las buenas intenciones pueden quedar como ¡°letra muerta¡±.
Frente a las alianzas con la sociedad civil para proteger el medio ambiente, la representante a?ade que ¡°no se comprende que en el articulado solo haya una menci¨®n a las ¨¢reas protegidas, que se refiere a las construcciones de los campesinos, y nada dice de metas de conservaci¨®n efectiva en el SINAP¡±. (el Sistema Nacional de ?reas Protegidas, cuyas metas define un documento Conpes del 2021 que no menciona el PND).
Otra duda que se ha generado es c¨®mo se construy¨® la meta de deforestaci¨®n. El PND dice que espera que las zonas afectadas se reduzcan en un 20% durante el cuatrenio, para llegar a 140.000 hect¨¢reas o menos en 2026. Esa cifra es menos ambiciosa que la del Gobierno anterior, que hablaba de un m¨¢ximo de 100.000 hect¨¢reas al 2025, aunque dos expertos consultados por EL PA?S consideran que 140.000 es m¨¢s realista.
Giovanni Pab¨®n, director de energ¨ªa en el centro de pensamiento Transforma, considera que hay otras preguntas m¨¢s sin responder, ¨¦stas con respecto a la transici¨®n energ¨¦tica que abandera el Gobierno Petro. ¡°Falta a¨²n claridad frente a qu¨¦ entendemos cuando hablamos de transici¨®n energ¨¦tica justa, asociada a la justicia social, y cuando hablamos de parar la explotaci¨®n de minerales e hidrocarburos¡±, dice Pab¨®n.
Pab¨®n reconoce que algunos art¨ªculos tocan actividades puntuales, como el 186 que proh¨ªbe nuevos proyectos mineros ¡°para la extracci¨®n de carb¨®n t¨¦rmino a cielo abierto clasificados como de gran escala¡±, o el que crea un programa para sustituir la le?a y el carb¨®n para la cocci¨®n de alimentos (subsidiando la conexi¨®n al servicio p¨²blico de gas combustible y otras fuentes energ¨¦ticas de transici¨®n). Pero lo que Pab¨®n echa en falta ¡°es una visi¨®n a largo plazo frente a c¨®mo va a cambiar la demanda y la oferta, c¨®mo va a hacerse realmente esa transici¨®n asociada a la diversificaci¨®n de la econom¨ªa, que el gobierno ha expuesto hasta ahora en otras instancias. Si el PND es la visi¨®n de un Fobierno, ac¨¢ no aparece¡±.
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