La violencia no cesa en el ¡°laboratorio de paz¡± del Pac¨ªfico colombiano
Nuevos asesinatos en Buenaventura y desplazamientos en el Choc¨® preocupan a quienes esperaban un cambio significativo en una de las regiones m¨¢s afectadas por la guerra entre distintos grupos armados
El pasado lunes festivo, cuando Colombia escuchaba c¨®mo se insultaban los congresistas en el ¨²ltimo debate sobre la regulaci¨®n de la marihuana, el d¨ªa termin¨® de la forma m¨¢s violenta en una ciudad que ha vivido directamente las consecuencias de la guerra contra las drogas: el puerto de Buenaventura, en el Pac¨ªfico. Solo ese fin de semana cinco personas fueron asesinadas en los enfrentamientos que se dieron entre las bandas que compiten por controlar el narcotr¨¢fico. Un saldo que no es nuevo en esta ciudad donde se ha reciclado la violencia durante las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, pero que preocupa cuando ha sido considerada como ¡°el laboratorio de la paz total¡±, la pol¨ªtica contra la violencia del Gobierno de Gustavo Petro, tras una tregua entre las bandas Los Shottas y Los Espartanos. En ese mismo fin de semana, en el vecino departamento del Choc¨®, m¨¢s de 300 personas salieron desplazadas de sus casas por combates. Sus hogares estaban ubicados en la misma zona donde hace unos meses el Ejecutivo promovi¨® una ¡°caravana humanitaria¡± para frenar la violencia. Pero ni la caravana ni la tregua han logrado frenar la guerra en una regi¨®n que sigue esperando que el Gobierno concrete la ruta de la paz total.
Arlington Agudelo es secretario de Gobierno de Buenaventura y cuenta que las cifras de homicidios del puerto m¨¢s transitado de Colombia son dram¨¢ticas si se comparan con los primeros seis meses de 2022. ¡°En junio del a?o pasado hubo ocho homicidios, mientras que en este ya llevamos nueve¡±, cuenta. ¡°Y en todo el a?o pasado tuvimos 74 homicidios, mientras que este a?o ya llevamos 54¡±, a?ade. El a?o hab¨ªa comenzado relativamente tranquilo hasta que en abril volvieron a subir los homicidios a 12, para llegar a un pico muy peligroso de 21 asesinatos en mayo.
El funcionario dice que la disputa por el control territorial sigue entre Los Shottas y Los Espartanos, y que tambi¨¦n hay acoso a los j¨®venes que han desertado de un grupo u otro. Considera que es importante reactivar la mesa de di¨¢logo, aprovechando que oficialmente la tregua no se ha roto. ¡°Hay que dinamizar este proceso de paz porque los grupos dicen que quieren sentarse en la mesa. Hemos pedido que se habiliten nuevos compromisarios para contribuir al proceso, pero no hemos obtenido respuesta¡±, afirma Agudelo. ¡°El alto comisionado para la Paz tiene el plato servido pero toca que alguien arranque¡±.
La regi¨®n del Pac¨ªfico colombiano parece vivir una realidad paralela a la de los colombianos en la zona andina: mientras que las ciudades de las monta?as y sus valles debat¨ªan el esc¨¢ndalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia, en este selv¨¢tico litoral una mujer llamada Delfina Murillo muri¨® por el p¨¢nico que vivi¨® al escuchar las balas cerca de su casa. ¡°Es una de las muchas muertes que no se registran en las estad¨ªsticas de la violencia, pero que son igualmente consecuencia de la guerra¡±, dijo un representante del territorio donde viv¨ªa Delfina, el Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), en el departamento del Choc¨®.
De acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo, este departamento de poblaci¨®n mayoritariamente afrocolombiana es el que m¨¢s confinamientos ha sufrido en lo corrido del 2023, con 70 eventos. ¡°El Choc¨® es el epicentro de los eventos de confinamiento, con un 79% de los casos¡±, remarc¨® el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una audiencia p¨²blica realizada en Quibd¨®. Adem¨¢s, la entidad se?al¨® que las instituciones del Estado cada vez retroceden m¨¢s ante los grupos armados: en los ¨²ltimos meses, cuatro alcaldes han sido forzados a desplazarse.
Delfina Murillo viv¨ªa en una zona donde la comunicaci¨®n no es por carretera, sino por r¨ªos, y que desde hace un poco m¨¢s de seis a?os es el escenario de un conflicto entre dos grupos armados: el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo). ¡°Las primeras informaciones indican que en San Miguel hay por lo menos 357 personas¡±, dice un comunicado de Acadesan, el lunes festivo, refiri¨¦ndose al casco urbano al que huyeron cientos de ciudadanos el fin de semana por los enfrentamientos. Tres semanas antes, cuenta, los desplazados en la zona no eran 300 sino unos 1.500.
¡°Ha seguido la misma din¨¢mica de confrontaci¨®n que ten¨ªamos desde el 2017 [a?o en el que las FARC sali¨® del territorio tras firmar la paz]¡å, cuenta una persona que trabaja con Acadesan y prefiere no compartir su nombre por seguridad. ¡°En el San Juan la guerra se vive entre la AGC y el ELN, y de vez en cuando entra la fuerza p¨²blica¡±, a?ade. Por eso dice que el nuevo cese al fuego ente el Ej¨¦rcito y el ELN es bienvenido pero no cambiar¨¢ casi nada la din¨¢mica en esta zona, en la que los enfrentamientos con el Estado no son los que desplazan a la poblaci¨®n.
Ante la gravedad de la situaci¨®n, en enero el Gobierno organiz¨® una ¡°caravana humanitaria¡± con el ELN en la zona, que redujo temporalmente los asesinatos, enfrentamientos y desplazamientos. Pero una vez acab¨® esa presencia masiva, la violencia regres¨®. Un l¨ªder social en la zona, que tambi¨¦n prefiere mantener en reserva su identidad, tiene dudas respecto a las versiones sobre que el ELN ha perdido espacio en los ¨²ltimos meses ante los embates de las AGC. ¡°Uno escucha que el ELN est¨¢ sacando gente de otras regiones para fortalecerse. Ya van dos a?os de enfrentamientos y no los sacan [del Choc¨®], no creer¨ªa que el ELN est¨¦ debilitado¡±, dice. Asimismo, cuenta que las minas de explosivos, los combates y la presencia de los dos grupos imposibilitan cultivar, cazar o pescar. ¡°Un actor ve a alguien que va a pescar en la noche, no lo identifica y lo mata¡±, comenta.
Acadesan ¡ªque es uno de los Consejos Comunitarios m¨¢s grandes del pa¨ªs¡ª ha pedido nuevas medidas de protecci¨®n al Gobierno nacional, y la oficina de la vicepresidenta Francia M¨¢rquez ha intentado coordinar a distintos ministerios para que respondan con medidas de salud, educaci¨®n o v¨ªas. Pero lo que m¨¢s reclama la comunidad es un cese al fuego multilateral, un objetivo que le ha sido esquivo al Gobierno de la paz total. ¡°Yo s¨¦ que est¨¢n trabajando, pero no est¨¢n logrando resultados¡±, se?ala la persona que acompa?a a Acadesan.
Tres l¨ªderes consultados en la audiencia de Quibd¨® coinciden en que la vida en medio del conflicto es algo a lo que est¨¢n acostumbrados desde hace a?os: no creen que ahora sea peor, sino que nada ha avanzado para resolver lo que viene pasando desde la administraci¨®n anterior. ¡°Lo ¨²nico que ha cambiado es la t¨®nica del Gobierno, que ahora tiene voluntad de negociar¡±, apunta uno de ellos.
Choc¨® es el segundo departamento con eventos de desplazamiento, con 12 este a?o. El primero es Nari?o, el departamento m¨¢s al sur del Pac¨ªfico colombiano, que reporta 20, de acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo. La mayor¨ªa de estos movimientos en Nari?o han afectado a los pueblos ind¨ªgenas Aw¨¢ del municipio de Tumaco, fronterizo con Ecuador. Esta vez por un conflicto entre el ELN y un grupo de las disidencias de las FARC denominado Frente 30.
La mayor¨ªa de quienes pelean en esta guerra, dice un activista de la zona que prefiere no dar su nombre, son j¨®venes desempleados. ¡°Ac¨¢ la gente sigue teniendo esperanza en el Gobierno del cambio, pero sigue esperando que arranque a gobernar¡±, dice esta persona, que pidi¨® la reserva de su identidad por el riesgo. ¡°Sabemos que hay muchas dificultades, pero la m¨¢quina de la guerra est¨¢ en los hombros de los j¨®venes, as¨ª que hay que lograr la paz total, pero tambi¨¦n hay que entregarles oportunidades¡±, a?ade.
El territorio del pac¨ªfico nari?ense vivi¨® el poder casi absoluto durante d¨¦cadas de las extintas FARC. El proceso de paz y el fin de esa guerrilla atomiz¨® el poder, por lo que ahora los grupos compiten entre s¨ª por el control de una salida al mar que les permita dominar el mercado del narcotr¨¢fico. En marzo de 2011, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicit¨® medidas cautelares de protecci¨®n para el pueblo Aw¨¢ e indic¨®, ya entonces, que la zona ten¨ªa un gran n¨²mero de desplazamientos y minas antipersonales. Pero ning¨²n cerco humanitario, tregua u operaci¨®n militar ha logrado calmar la intensa guerra en los territorios que m¨¢s la padecen.
Quibd¨®, la capital asediada por las extorsiones
Las extorsiones son la preocupación principal en Quibdó (129.237 habitantes), la capital del Chocó y lugar escogido por la Defensoría para su audiencia pública del viernes. Las AGC controlan los barrios del norte, mientras que el ELN —o sus bandas criminales aliadas— controlan el sur. Dos de los líderes sociales consultados, uno de cada zona, relatan que los pagos a los grupos son parte del día a día de los comerciantes desde hace apróximadamente 20 años. No es posible cruzar las líneas invisibles que separan la ciudad: “Al otro lado no se puede ir porque uno es un objetivo militar, se cree que uno está pasando información al otro grupo”.
Ambos líderes contrastan con otro de una zona rural en sus perspectivas sobre qué debe implicar una mayor presencia estatal. Uno de los de Quibdó defiende que las instituciones sociales —como Bienestar Familiar— funcionan bien y que la prioridad real es que haya más fuerza pública para enfrentar las extorsiones. El otro comenta que “la policía pasa un momentico, pasa una rueda y se abre”. “Apenas se dan la vuelta, los grupos armados hacen presencia”, dice. El de la zona rural, en cambio, considera que la fuerza pública “expone a las comunidades” y que la solución está en más inversión social e infraestructura.
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