Colombia en ascuas
En medio de las denuncias de Nicol¨¢s Petro sobre que dinero ilegal habr¨ªa entrado a la campa?a de su padre, el presidente colombiano, y a falta de pruebas, se requiere calma y sobre todo que impere el Estado de derecho
Colombia atraviesa un momento de gran fragilidad para la legitimidad presidencial. No porque los anteriores presidentes no hayan sido investigados por el irregular financiamiento de sus campa?as presidenciales, muchas probadas y otras impunes. Los dineros del narcotr¨¢fico y m¨¢s recientemente de la multinacional Odebrecht han estado presentes en por lo menos las ¨²ltimas tres d¨¦cadas de procesos electorales en el pa¨ªs. La mayor¨ªa de las campa?as investigadas fueron favorecidas por la preclusi¨®n o la absoluci¨®n. El caso m¨¢s sonado fue el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) con el proceso 8.000 por el ingreso de dineros de los narcotraficantes del Cartel de Cali a su campa?a. La comisi¨®n de acusaciones del Congreso, encargada del juzgamiento de los mandatarios, siempre les ha garantizado la absoluci¨®n.
Como ha explicado el analista H¨¦ctor Riveros, la importancia del papel de las mayor¨ªas parlamentarias hoy est¨¢ a la orden del d¨ªa como garante de la gobernabilidad, y digo yo de la impunidad tambi¨¦n. Por eso, que el presidente Gustavo Petro no las tenga, lo coloca como a ninguno de sus antecesores en una casi condena anticipada. A menos de que los tres investigadores que atienden sus procesos se encarguen de dilatar o establecer que no hay m¨¦ritos para avanzar. Son ellos Olga Luc¨ªa Vel¨¢squez, de la Alianza Verde; Wilmer Carrillo, del Partido de la U; y Alirio Uribe, del Pacto Hist¨®rico. Con el Gobierno o en la independencia, los tres son aliados de la causa petrista.
En el escenario en que su hijo Nicol¨¢s Petro pruebe la utilizaci¨®n de dineros de procedencia corrupta ¡ªcuestionada, dir¨¢n los m¨¢s permisivos¡ª de Santander Lopesierra, el llamado Hombre Marlboro, y del conocido Turco Hilsaca, en gastos de la campa?a pol¨ªtica, es obligatorio el juzgamiento del presidente y la investigaci¨®n penal al gerente de la campa?a, y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
El momento requiere de calma y sobre todo de que impere el estado de derecho. Est¨¢n a prueba los est¨¢ndares investigativos para que, probada la comisi¨®n de delitos, sean castigados los responsables. No importa si se trata del primer mandatario, porque precisamente ese discurso del cambio que vendi¨®, y que es menester reconocer que Colombia debe transitar con ¨¦l o sin ¨¦l para romper el statu quo que sigue defendiendo la oposici¨®n, debe ser posible. Lo dem¨¢s es el acomodamiento en una izquierda que no fue capaz de hacerse al poder sin los pecados que tanto critic¨®. Ojal¨¢ no fuera as¨ª.
Es el momento de las grandezas de la institucionalidad judicial, de los liderazgos de conciencias limpias y de la obligaci¨®n de enfrentarnos a los fantasmas del pasado, con los cuales no podemos seguir conviviendo para garantizar estabilidades aparentes. Este proceso tampoco puede violar la intimidad de los acusados, ni sus conversaciones personales, ni sus desnudos. Los funcionarios judiciales que llegaron a hacer la captura de Nicol¨¢s Petro grabaron desnuda, en embarazo de ocho meses, a su actual pareja; d¨ªas despu¨¦s se revel¨® una conversaci¨®n privada con su hermana. Necesitamos pruebas, no declaraciones producto de heridas por abandonos o malas crianzas, que siempre cobrar¨¢n su cuota de venganza.
Es l¨®gico que las desafortunadas declaraciones de Petro de ¡°yo no lo crie¡± en relaci¨®n con su hijo o que ¡°reflexione en la c¨¢rcel por sus errores¡±, resulten en un escenario de rupturas y cicatrices familiares dif¨ªciles de sanar. Pero este caso se refiere a otros temas, a las tentaciones de la riqueza f¨¢cil que, como lo anterior, deber¨¢n ser sic¨®logos y soci¨®logos quienes analicen. Pero para los procesos penales es necesario material probatorio, pruebas que no dejen dudas sobre lo ocurrido y no dejen espacio para narrativas de que a este Gobierno no lo dej¨® gobernar el establecimiento.
Porque no ha sido el establecimiento el responsable del proceso judicial, aunque siempre haya sido c¨®mplice silencioso y garante de impunidades sociales. Lo han sido los mismos dineros del narcotr¨¢fico, que han permeado a la sociedad colombiana y que nos mantienen en el infierno de una violencia sin fin. Los responsables son Nicol¨¢s Petro y su expareja. Ahora falta que pruebe el ingreso de los dineros que recibi¨® a la campa?a de su padre. Mientras no lo haga, el presidente debe tener garantizada la continuidad de su mandato.
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