Colombia debate c¨®mo cerrar su guerra

Aunque existe m¨¢s o menos un consenso sobre cu¨¢ndo se empez¨® a escribir la compleja guerra colombiana, entre 1948 y 1964, a¨²n no existe un consenso sobre c¨®mo ponerle su punto final. A pesar de que los dos grupos armados m¨¢s grandes y poderosos del conflicto armado se desmovilizaron¡ªlos paramilitares en 2004 y la guerrilla de las FARC en 2016¡ª los antiguos comandantes de esos dos ej¨¦rcitos han expresado recientemente su descontento con los procesos de justicia transicional a los que se acogieron: Justicia y Paz para los paramilitares; la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, o JEP, para los guerrilleros y la fuerza p¨²blica. Tribunales donde, a grandes rasgos, confiesan sus cr¨ªmenes ante las v¨ªctimas de la guerra y pueden recibir a cambio penas alternativas de c¨¢rcel. Pero en ninguna de las dos jurisprudencias, dicen, parece vislumbrarse a¨²n el punto final del conflicto¡ª o de sus casos. M¨¢s bien, consideran, parecen abrirse nuevos laberintos.

Son tribunales que ¡°deben tener una vocaci¨®n de tribunal de cierre, de lo contrario seguiremos alimentando el c¨ªrculo vicioso de nuestras violencias¡±, escribi¨® en una carta Salvatore Mancuso, ex comandante paramilitar que regres¨® la semana pasada a Colombia despu¨¦s de m¨¢s de una d¨¦cada en una c¨¢rcel de Estados Unidos. Se acogi¨® a Justicia y Paz en 2006. ¡°Nos preocupa es que vamos a morir debi¨¦ndole al pa¨ªs¡±, dijo d¨ªas antes Pastor Alape, antiguo comandante de las FARC, a la revista Semana. ¡°No se vislumbra el cierre de todo esto¡±, a?adi¨® su compa?ero Joaqu¨ªn G¨®mez. Los dos est¨¢n en la JEP desde 2018.

Estos deseos de cierre tambi¨¦n los ha expresado el Gobierno, a principios de a?o, en boca del canciller, ?lvaro Leyva, frente a la ONU. ¡°Ha surgido la idea, entre negociadores contempor¨¢neos de paz, que bien vale la pena ir pensando en un tribunal, en una corte h¨ªbrida, para eventualmente encontrar un mecanismo de cierre definitivo, un pasar de la p¨¢gina¡±, dijo en enero el ministro, antes de que fuera suspendido temporalmente de su cargo por otros asuntos.

El sistema de justicia transicional colombiano, con sus complejidades, es tambi¨¦n uno de los m¨¢s admirados del mundo. El fiscal de la Corte Penal Internacional hace dos a?os cerr¨® su proceso en Colombia porque consideraba que el Estado colombiano estaba haciendo un trabajo ¡°imaginativo y funcional¡± para juzgar los cr¨ªmenes del conflicto armado cumpliendo satisfactoriamente con los valores del Estatuto de Roma, algo que tambi¨¦n ha aplaudido la misi¨®n de la ONU en Colombia. ¡°Colombia tiene la experiencia internacional m¨¢s valiosa en crear mecanismos, jurisprudencia, para juzgar y para reparar a las v¨ªctimas, y esa experiencia no es nada despreciable¡±, dice a EL PA?S el senador oficialista Iv¨¢n Cepeda, v¨ªctima de la guerra, y quien ha dedicado su carrera a promover procesos de verdad y memoria en el pa¨ªs.

Hay dos razones por las que estas cr¨ªticas a los tribunales transicionales ocurren en este momento. La primera es que ahora hay un Gobierno dispuesto a escucharlas. En la Presidencia anterior, del uribista Iv¨¢n Duque (2018-2022), las antiguas FARC no lanzaban dardos a la JEP por ser lenta o compleja. La defend¨ªan sin titubeos ante los esfuerzos del uribismo de ¡°hacer trizas¡± el acuerdo de paz. La JEP sobrevivi¨® a esa Administraci¨®n y lleg¨® la de Gustavo Petro, que le dio todo su respaldo. Ahora, las antiguas FARC se?alan m¨¢s tranquilamente lo que no les gusta. Saben que ahora hay alguien que est¨¢ pendiente. ¡°La principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las v¨ªctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podr¨ªamos analizarla¡±, dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna, en respuesta al debate. A este tambi¨¦n se han sumado el expresidente Uribe (¡±La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera p¨²blica he propuesto una amnist¨ªa pol¨ªtica¡±) o el exministro de Justicia Yesid Reyes (¡±la JEP es minimalista por naturaleza. Si esta ¨²ltima pretende establecer la verdad de nuestra confrontaci¨®n armada interna, exceder¨¢ los l¨ªmites de su mandato¡±), entre otros.

La segunda raz¨®n por la que el debate por el punto final llega ahora es que, efectivamente, la justicia transicional puede tener unas metas muy ambiciosas y loables, pero tambi¨¦n se ha convertido en un laberinto sin salida. Justicia y Paz lleva casi 20 a?os en funcionamiento y no ha tramitado a¨²n el 50% de los hechos criminales de los que han sido se?alados los paramilitares. Mancuso lleva casi dos d¨¦cadas dando versiones libres y, si nada cambia en el funcionamiento de ese sistema, durar¨¢ muchos a?os m¨¢s respondiendo por haber sido un comandante de los paramilitares. La JEP, que tiene 10 a?os para la investigaci¨®n de macrocr¨ªmenes, arranc¨® a funcionar en 2018 y no ha logrado emitir su primera sentencia. S¨ª ha abierto, en cambio, nuevos macrocasos para investigar y juzgar a los m¨¢ximos responsables desde el punto de vista ¨¦tnico, o de g¨¦nero, o econ¨®mico. Al ritmo actual de trabajo, los magistrados de la JEP dif¨ªcilmente podr¨¢n tener sentencias para los 11 macrocasos que ha abierto en los cinco a?os que quedan.

Tambi¨¦n hay otras fallas m¨¢s inmediatas. Con el acuerdo de paz con las FARC se desmovilizaron unas 13.000 personas y la mayor¨ªa ten¨ªan derecho a amnist¨ªas para poder reintegrarse a la vida civil¡ªa menos que tuvieran investigaciones penales pendientes. ¡°En estos siete u ocho a?os solamente se expidieron 600 amnist¨ªas. A este ritmo demorar¨ªamos 50 a?os¡±, critica uno de los excomandantes de las FARC, Rodrigo Granda. La JEP ha estado colapsada en este punto, lo que ha afectado sobre todo a los guerrilleros rasos.

Gina Cabarcas, experta en justicia transicional y directora de la oeneg¨¦ Laboratorio de Justicia y Pol¨ªtica Criminal, entiende estas frustraciones como un resultado esperable dada la compleja naturaleza de la justicia transicional. ¡°Estos mecanismos son siempre muy dif¨ªciles por la masividad de los hechos a tener en cuenta: si a la Fiscal¨ªa llegan, por a?o, alrededor de un mill¨®n y medio de noticias criminales, ac¨¢ estamos hablando de ocho millones de desplazamientos, o m¨¢s de 300.000 homicidios¡±, explica. A pesar de que ya se hayan agrupado cientos de hechos violentos en los macrocasos, la cantidad de delitos hace probable que cualquier sistema se desborde. ¡°Y segundo, los mecanismos de justicia transicional siempre tendr¨¢n un reto muy grande: se debaten siempre entre el derecho penal y ser tribunales para la paz; quieren garantizar la justicia y al mismo tiempo ser escenarios de paz. Armonizar esas dos cosas es un desaf¨ªo muy grande¡±, a?ade.

Las FARC y excomandantes paramilitares como Mancuso, sin embargo, pueden aparecer como c¨ªnicos en este debate porque, a pesar de la complejidad, la justicia transicional les ha otorgado unos beneficios excepcionales, que ning¨²n otro ciudadano tiene en Colombia. El exparamilitar fue condenado a 8 a?os de c¨¢rcel en Justicia y Paz, en lugar de los 40 a?os que hubiera tenido en la justicia ordinaria (la justicia norteamericana, sin embargo, lo conden¨® a m¨¢s de una d¨¦cada por el delito de narcotr¨¢fico). Las FARC tendr¨¢n penas alternativas por confesar la verdad de sus cr¨ªmenes. El camino es largo y el punto final est¨¦ lejos. Pero contar la verdad de un conflicto de d¨¦cadas ante millones de v¨ªctimas dif¨ªcilmente podr¨ªa ser un proceso expr¨¦s.

Otros dos factores, m¨¢s complejos a¨²n, impiden llegar al punto final de la guerra. Por un lado, ning¨²n tribunal cobija a¨²n a los terceros civiles involucrados en el conflicto: poderosos empresarios o pol¨ªticos, por ejemplo, que han sido se?alados por los actores armados, pero que no pueden acogerse a la justicia transicional. Inicialmente, la JEP se contemplaba como un tribunal de cierre, pero la negociaci¨®n en La Habana y la Corte Constitucional truncaron esa posibilidad. La deuda con ese lado crucial de la verdad del conflicto sigue abierta. Y, para volver el tema del cierre a¨²n m¨¢s complicado, el conflicto no ha terminado. Aunque miles de paramilitares y guerrilleros se desmovilizaron, hay seis grupos armados o bandas criminales activas en el pa¨ªs negociando actualmente con el Gobierno. En la mesa de negociaci¨®n con el ELN, por ejemplo, uno de los puntos previstos a discutir es c¨®mo van a responder ante las v¨ªctimas. ?Con un nuevo tribunal? ?Uno que prometa el cierre definitivo? ?Uno que incluya a los terceros civiles? ?Uno que simplifique amnist¨ªas y macrocasos? El cierre de este libro a¨²n se vislumbra muy lejos.

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