Las cinco claves de c¨®mo los corruptos se roban el dinero de los ni?os en Colombia

Pocos se sorprendieron el domingo anterior cuando Astrid C¨¢ceres denunci¨® la corrupci¨®n que carcome al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad que encabeza desde hace un a?o. No importaba que la propia directora declarara que 220 contratos firmados entre 2019 y 2023 estaban en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, domicilio y fecha de constituci¨®n. Tampoco que los sobrecostos hubieran afectado de manera directa a la alimentaci¨®n de ni?os vulnerables. ¡°Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido una gran cantidad de casos de muertes de ni?as y ni?os asociados a la desnutrici¨®n¡±, dijo C¨¢ceres. El problema, al final de cuentas, no es nuevo. Colombia lo ha naturalizado.

La muerte de ni?os por desnutrici¨®n, sin embargo, es una crisis humanitaria que todos los a?os suma decenas de nuevas v¨ªctimas. Seg¨²n el Ministerio de Salud, 243 menores de cinco a?os fallecieron por falta de comida en 2023. Simult¨¢neamente, persisten los problemas de corrupci¨®n en la entidad encargada de velar por la alimentaci¨®n de esos menores ¡ªla cartera de Educaci¨®n maneja el Programa de Alimentaci¨®n Escolar (PAE), tambi¨¦n conocido por la corrupci¨®n, para los ni?os mayores¡ª. Y las irregularidades implican que la comida est¨¦ en mal estado, en porciones reducidas o que directamente nunca llegue. Es una corrupci¨®n que produce muertes y problemas de largo plazo para los menores malnutridos o desnutridos.

Hay todo un sistema que hace que el problema haya subsistido durante d¨¦cadas. A continuaci¨®n, cinco claves de c¨®mo los corruptos se roban los alimentos de los ni?os en Colombia.

Contrataciones y convenios irregulares

El ICBF provee gran parte de sus servicios a trav¨¦s de instituciones privadas y particulares, a las que le aporta cuantiosos recursos. El problema es que los corruptos han sabido aprovechar la flexibilidad de las normas que buscan que el instituto pueda llegar a todo el pa¨ªs. Un r¨¦gimen especial de contrataci¨®n y un decreto de 2017 permiten acuerdos directos con los privados que se comprometan a aportar el 30% del capital necesario para un proyecto pertinente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pese a que la capacidad real del contratante o socio a veces sea dudosa. Asimismo, incluso una selecci¨®n competitiva puede ama?arse con facilidad, seg¨²n explica por videollamada un ex procurador delegado que prefiere mantener su identidad en reserva. ¡°Pones t¨¦rminos y requisitos espec¨ªficos de idoneidad del se?or que est¨¢ enfrente de tu escritorio sin un estudio real de mercado¡±, comenta.

Los expertos consultados enumeran una amplia variedad de m¨¦todos fraudulentos. El exfuncionario de la Procuradur¨ªa se?ala que se han registrado casos en los que un proponente le ha pagado a otros para se retiren de la contrataci¨®n y algunos en los todos pertenec¨ªan a una misma organizaci¨®n cartelizada. Tambi¨¦n remarca que los corruptos sortean las sanciones con facilidad: ¡°Los condenaban y castigaban. Y al d¨ªa siguiente ellos abr¨ªan otras organizaciones de papel... dec¨ªan que una inhabilidad no les imped¨ªa crear otra fundaci¨®n¡±. La congresista Catherine Juvinao, por su parte, agrega por tel¨¦fono que hay amplias redes en las que se falsifican certificados de experiencia en colegios y jardines infantiles para respaldar a las organizaciones fantasma.

Cada director ha buscado nuevas soluciones y ha fracasado en el intento. Cristina Plazas (2014-2017) intent¨® limitar el n¨²mero de ni?os que pod¨ªa atender un mismo contratista, pero las mafias crearon operadores con nombres distintos para sortear la prohibici¨®n. Juliana Pungiluppi (2018-2020) implement¨® BETO, un sistema con inteligencia artificial que al final tambi¨¦n benefici¨® contratistas dudosos y que dej¨® de lado a otros de larga trayectoria. La actual directora ha apostado por flexibilizar los requisitos para involucrar a las organizaciones locales. La congresista Juvinao, sin embargo, se?ala que es ¡°arriesgado¡± porque puede que los nuevos socios no tengan la capacidad y experiencia adecuada.

Falta de control en la ejecuci¨®n

El segundo problema es el control deficiente de la ejecuci¨®n de los contratos y de las m¨²ltiples subcontrataciones que pueden hacer los operadores. Los expertos indican que es dif¨ªcil identificar sobrecostos o la simulaci¨®n de servicios que en realidad no se adquieren. Adriana Torres, investigadora de Dejusticia, explica en una videollamada que un funcionario de un ¨®rgano de control no va a estar en un centro infantil de La Guajira en el momento que se entregan 10 manzanas en vez de las 15 reportadas. Los informes, adem¨¢s, no dicen que la carne entregada pudo estar descompuesta o haber sido comprada a precios menores por su baja calidad. ¡°Es f¨¢cil diluir alimentos y es dif¨ªcil verificar qu¨¦ se entrega. Adem¨¢s, no est¨¢n claras las rutas para denunciar¡±, subraya Torres.

Tanto el ICBF como los ¨®rganos de control est¨¢n desbordados y tienen dificultades para monitorear los contratos, sobre todo en las regiones m¨¢s apartadas del pa¨ªs. El ex procurador delegado consultado por este peri¨®dico se?ala que esto se suma a la falta de rendici¨®n de cuentas de los contratistas y produce ¡°un caldo de cultivo¡± para la corrupci¨®n. ¡°De todos los entes de control, el que m¨¢s capacidad tiene es la Fiscal¨ªa... pero tampoco da abasto¡±, afirma.

Cristina Guti¨¦rrez de Pi?eres, directora de la United Way Colombia, cuenta en una conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico que pudo presenciar de primera mano los robos a los ni?os cuando era contratista del ICBF con otra fundaci¨®n y que todo qued¨® en la impunidad. ¡°?ramos una organizaci¨®n privada, honesta, poniendo recursos de m¨¢s. Y nos hicieron jugadas sucias¡±, remarca. ¡°Trabaj¨¢bamos en Choc¨® y un d¨ªa est¨¢bamos mandando por lancha la leche de la alimentaci¨®n de unos ni?os. El subcontratista nos cambi¨® las cajas por leche vencida y los ni?os terminaron intoxicados. (...) Pusimos la denuncia y nunca hubo una resoluci¨®n¡±, a?ade.

Cooptaci¨®n de direcciones regionales

Las direcciones regionales y zonales del ICBF han protagonizado varios esc¨¢ndalos de corrupci¨®n a lo largo de los a?os. La exdirectora Cristina Plazas denunci¨® durante su gesti¨®n a varios de sus subalternos y se?al¨® que varios eran cuotas pol¨ªticas de congresistas: acus¨® al exsenador Bernardo El¨ªas, conocido como ?o?o El¨ªas y condenado por corrupci¨®n, de apropiarse del ICBF de C¨®rdoba; denunci¨® al director en Nari?o, H¨¦ctor Fabio Quiroz, por cobrar coimas a un contratista; y forz¨® la salida del responsable de La Guajira. ¡°Es una mafia peor que el narcotr¨¢fico¡±, dijo en ese entonces.

La representante Catherine Juvinao comenta que este es uno de los principales problemas que enfrenta la instituci¨®n. ¡°Son mafias que no son f¨¢ciles de extirpar. Hay congresistas que llevan teniendo de fort¨ªn al ICBF de su regi¨®n durante 10 o 20 a?os. Vaya y saque a esa gente de all¨¢... hay veces que no hay c¨®mo hacerlo¡±, apunta. ¡°El director del ICBF desde Bogot¨¢ no tiene dientes, ni facultad ni capacidad para extirpar a esos funcionarios que llevan a?os en las regiones¡±.

La investigadora Adriana Torres coincide con el diagn¨®stico, pero se?ala que una centralizaci¨®n en Bogot¨¢ no es una opci¨®n. ¡°?C¨®mo har¨ªa el ICBF nacional para hacer veedur¨ªa en un corregimiento del interior de La Guajira? La soluci¨®n no es centralizar porque el seguimiento ser¨ªa a¨²n m¨¢s complejo¡±, resalta. Para ella, tambi¨¦n habr¨ªa problemas en los programas alimentarios. ¡°Lo que se come en Bogot¨¢ no es lo mismo que en el Cauca. En La Guajira, por ejemplo, la comunidad way¨²u no come huevos o sardina¡±, dice.

Vulnerabilidad de las v¨ªctimas

Ruth Consuelo Chaparro, defensora de derechos humanos en La Guajira, pone en el centro de la conversaci¨®n la vulnerabilidad de las v¨ªctimas de la corrupci¨®n en el ICBF. ¡°Creo que es m¨¢s f¨¢cil robarle a los m¨¢s inocentes. Los ni?os no pueden reclamar si les dan la mitad de una manzana en vez de una, o si no les llega el desayuno. En algunos casos pertenecen a comunidades analfabetas o monoling¨¹es que ni siquiera saben que tienen derechos ni conocen qu¨¦ ha sido contratado¡±, comenta en una videollamada.

La ciudadan¨ªa, adem¨¢s, es indiferente a la problem¨¢tica, que ocurre en los departamentos m¨¢s empobrecidos y que se ha naturalizado con los a?os. ¡°Pareciera que los ni?os no alcanzan a hacer los m¨¦ritos para conmover a la sociedad. Hay m¨¢s de 5.000 ni?os que han muerto por desnutrici¨®n y no ha habido ni una sola marcha. Somos responsables con nuestra indiferencia¡±, remarca Chaparro, que es directora de la Fundaci¨®n Caminos de Identidad y trabaja con pueblos ind¨ªgenas desde hace m¨¢s de 40 a?os.

Tambi¨¦n se suma la vulnerabilidad de las comunidades. La defensora de derechos humanos cuenta que una vez les pregunt¨® a los ind¨ªgenas de La Guajira por qu¨¦ no se movilizaban como en otras regiones del pa¨ªs para reclamar por una alimentaci¨®n adecuada y que ellos le respondieron que las condiciones eran distintas. ¡°Mientras est¨¦n buscando todos los d¨ªas la libra de arroz, no habr¨¢ prioridad para establecer consensos, formar estructuras organizativas y desarrollar una cohesi¨®n interna que les permita levantar la cara con dignidad¡±, afirma. Asimismo, Chaparro se?ala que el hambre lleva a algunos l¨ªderes a dar el aval a un operador corrupto y a adultos que tambi¨¦n sufren desnutrici¨®n a quedarse con la comida de sus hijos. ¡°En un sitio donde hay hambre, cogerse la comida de otro es posible¡±.

Amenazas

La ¨²ltima clave es que las organizaciones corruptas amedrentan a quienes se atreven a denunciarlas. Algunas de las personas consultadas para este art¨ªculo se?alan que tienen conocidos que han sido amenazados, entre ellos un exfuncionario del ICBF. Chaparro, por su parte, afirma que hay un temor generalizado en las comunidades ind¨ªgenas de La Guajira con las que trabaja. ¡°Muchos tienen miedo a hablar en las evaluaciones de las Unidades Comunitarias de Atenci¨®n y que haya represalias. Varios de los que han hecho denuncias han sido amenazados de muerte¡±, comenta Chaparro.

Uno de los casos recientes es el de Javier Rojas, un l¨ªder way¨²u que ha denunciado las muertes por desnutrici¨®n y que es parte de los mecanismos de seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira. En septiembre, sufri¨® un atentado cuando llegaba a su casa y sali¨® ileso, pero uno de sus custodios muri¨® tras recibir siete balazos. Unos meses antes, ya hab¨ªa recibido junto a otros l¨ªderes sociales unos mensajes que le advert¨ªan de que deb¨ªa irse del departamento. Ya entonces, ¨¦l hab¨ªa respondido que seguir¨ªa adelante. ¡°Nosotros no queremos meter a nadie en la c¨¢rcel, lo que queremos es que no sigan muriendo m¨¢s ni?os de hambre y para eso pedimos que haya un manejo honesto de los dineros de las instituciones como el ICBF¡±, dijo entonces.

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