El caso de Leticia, la beb¨¦ ap¨¢trida que reaviva el debate sobre los vientres de alquiler en Colombia

Leticia, una ni?a que cumpli¨® dos a?os el pasado 11 de julio, no sabe que poco antes de su cumplea?os la Corte Constitucional de Colombia tomaba una decisi¨®n clave sobre su nacionalidad. La menor, cuyo nombre verdadero est¨¢ protegido en la sentencia que emiti¨® el alto tribunal el pasado 18 de junio, es hija de un ucranio ¨Dllamado Boris en el texto¨D que consigui¨® un ¨®vulo donado por una mujer an¨®nima, e hizo un contrato con una colombiana ¨DLiliana, en la sentencia¨D para que gestara a la beb¨¦. Ambos hicieron lo que suele llamarse un contrato por vientre de alquiler, o gestaci¨®n subrogada. Pero la beb¨¦, Leticia, durante casi sus dos a?os de vida, ha sido ap¨¢trida: ni Colombia ni Ucrania reconoc¨ªan su nacionalidad. La sentencia de la Corte cambia el rumbo de su vida, al reconocerla como colombiana, y tambi¨¦n sienta un precedente para otros peque?os en situaciones similares que nazcan en el pa¨ªs a trav¨¦s de la gestaci¨®n subrogada.

Al nacer Leticia, Boris necesitaba un pasaporte para sacarla del pa¨ªs y llevarla a Europa. Registr¨® a la ni?a en una notar¨ªa colombiana, con Liliana como la madre, y as¨ª obtuvo el pasaporte colombiano. Luego impugn¨® la maternidad, porque a Liliana no le interesaba ser madre sino solo la gestante, y los tribunales accedieron. Pero, cuando se hizo oficial que la ni?a perdi¨® el v¨ªnculo con una ciudadana colombiana, se le cancel¨® el pasaporte. Y, como Boris no ten¨ªa residencia en Colombia porque hab¨ªa entrado solo como turista, tampoco pod¨ªa ¨¦l reclamar la nacionalidad colombiana para su hija. Boris logr¨® viajar a Madrid con Leticia y pudo entrar al espacio Schengen gracias al registro civil, pero la ni?a lleg¨® sin nacionalidad.

El paso l¨®gico entonces era conseguir la nacionalidad ucrania para Leticia, que naci¨® cuatro meses despu¨¦s de la invasi¨®n de Rusia a Ucrania. El pa¨ªs estaba en guerra y Boris prefer¨ªa llevar a la ni?a a Australia, donde ¨¦l ten¨ªa una oferta de trabajo. Pero no pod¨ªa llev¨¢rsela sin pasaporte. Cuando consult¨® en la Oficina de Registro de Ucrania, el asunto se torn¨® m¨¢s kafkiano: le dijeron que no pod¨ªan reconocerlo como padre soltero de la ni?a sin el pasaporte del pa¨ªs donde ella naci¨®. Aunque Boris tramit¨® una visa en Australia para llevarse a su hija, no lo pudo hacer, porque la ni?a no ten¨ªa nacionalidad y, por ende, tampoco pasaporte.

Leticia qued¨® al cuidado de la madre y de la hermana de Boris. ?l no pod¨ªa quedarse en Ucrania porque, si no pod¨ªa demostrar con documentos que era padre soltero, pod¨ªa ser reclutado para prestar el servicio militar en la guerra. En otras palabras, cuando Colombia cancel¨® el pasaporte de Leticia, se le cerraron tambi¨¦n las puertas para ser ucrania y vivir junto a su padre.

Un caso legal ic¨®nico para volver a abrir una puerta para Leticia

Fue entonces cuando Boris decidi¨® acudir a la justicia colombiana con una tutela ¨Dun recurso jur¨ªdico al que se acude para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales¨D contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y contra la oficina de pasaportes de Magdalena ¨Dla que le neg¨® el nuevo pasaporte a Leticia¨D. En la tutela exig¨ªa, b¨¢sicamente, proteger los derechos al nombre, la nacionalidad, la igualdad y el inter¨¦s superior de la ni?a, y ratificar la ciudadan¨ªa colombiana para ella.

Al principio no funcion¨®: el 16 de enero de 2023 un juzgado de Santa Marta concluy¨® que, con la impugnaci¨®n de la maternidad, la ni?a perdi¨® la posibilidad de ser colombiana debido al ius sanguinis ¨Den lat¨ªn, ¡°derecho de sangre¡±, que indica que la nacionalidad se hereda de padres a hijos¨D. Para el juez, adem¨¢s, Leticia no estaba en riesgo de ser ap¨¢trida, porque en Colombia hay una embajada de Ucrania en la que el padre podr¨ªa tramitar la nacionalidad para ella.

El fallo fue enviado a la Corte Constitucional para su revisi¨®n en abril de 2023. Boris envi¨® un escrito al tribunal en el que, entre otras cosas, expon¨ªa que consideraba una discriminaci¨®n el hecho de hab¨¦rsele retirado el pasaporte a Leticia, ya que con ello se le restringi¨® el derecho al tr¨¢nsito, estaba en riesgo de apatridia y ten¨ªa su vida en riesgo. Para la magistrada Natalia ?ngel Cabo, encargada de la ponencia, el an¨¢lisis de la tutela deb¨ªa hacerse ¡°de manera amplia y flexible¡± debido a que la ni?a es ¡°sujeto de especial protecci¨®n constitucional¡± y se enfrentaba al riesgo de ser ap¨¢trida, de ser separada de su padre y de estar expuesta al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Tras una extensa exposici¨®n, su decisi¨®n final favoreci¨® a Leticia: revoc¨® la sentencia de la tutela y, adem¨¢s, le concedi¨® la protecci¨®n de los derechos a la nacionalidad, a la identidad personal, a no ser separada de su padre y a la igualdad. La ni?a debe ser protegida de la apatridia. La sentencia ordena a la Registradur¨ªa Nacional reconocer la nacionalidad de Leticia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que le expida el pasaporte con los datos que indica el registro civil.

A ambas entidades tambi¨¦n les orden¨® considerar ¡°el especial riesgo de apatridia¡± en que se encuentran los ni?os que nacen en el pa¨ªs a partir de acuerdos de gestaci¨®n subrogada con extranjeros. Entre sus resoluciones, la Corte tambi¨¦n exhorta al Congreso de la Rep¨²blica a que expida una legislaci¨®n acerca de la gestaci¨®n por sustituci¨®n en la que se tengan en cuenta las ¡°dimensiones transnacionales¡± de ese tipo de acuerdos y las medidas para evitar el riesgo de apatridia. Al Ministerio de Justicia lo conmina a presentar un proyecto de ley sobre el mismo tema.

Los vientres de alquiler, en el limbo en Colombia

En 2022, la Corte Constitucional ya hab¨ªa ordenado al Congreso que se ocupara de la reglamentaci¨®n de los vientres de alquiler en el pa¨ªs. Dos a?os despu¨¦s, la sentencia de Leticia recuerda que es un deber pendiente del Legislativo. Las implicaciones de esa omisi¨®n pueden ser enormes, al ser una pr¨¢ctica cada vez m¨¢s com¨²n y a la que se puede acceder con facilidad si los interesados tienen el dinero para pagar por ella.

La gestaci¨®n subrogada es un asunto que divide opiniones en todo el mundo. El papa Francisco pidi¨® en enero la ¡°prohibici¨®n universal¡± de los vientres de alquiler al considerar que es una pr¨¢ctica que ofende la dignidad de la mujer y de los ni?os. La Uni¨®n Europea acord¨® incluir ese m¨¦todo de gestaci¨®n en una ley contra la trata humana penalizable con hasta 10 a?os de prisi¨®n. Ninguna de esas posturas ha evitado que celebridades como Paris Hilton, Naomi Campbell o la actriz espa?ola Ana Obreg¨®n ¨Dque us¨® un vientre de alquiler para gestar a su nieta, hija de su hijo muerto¨D hayan recurrido en los ¨²ltimos a?os a acuerdos y procedimientos de este tipo para dar vida a su descendencia.

La pr¨¢ctica, no obstante, es mucho m¨¢s compleja y delicada de lo que deja ver el mundo de las celebridades. La posibilidad de que se convierta en un negocio o en una forma de explotaci¨®n no penalizada est¨¢ siempre latente. Jennifer Parks, profesora asociada de Estudios de la Mujer y Estudios de G¨¦nero en la Universidad de Loyola (Estados Unidos), dec¨ªa en mayo: ¡°El prop¨®sito de la industria es crear beb¨¦s y ganar dinero. [¡­] No creo que la maternidad subrogada sea intr¨ªnsecamente inmoral, pero no tengo muchas esperanzas de que el sector evolucione hacia un modelo que d¨¦ m¨¢s voz y poder a las mujeres pobres de color, que suelen ser las contratadas para los servicios de maternidad subrogada en el mercado mundial¡±.

En Colombia ya ha habido grandes pol¨¦micas al respecto: buscar personas interesadas en alquilar sus vientres est¨¢ a un computador de distancia. En redes sociales abundan las ofertas para hacer ese tipo de acuerdos, que con frecuencia se cierran en cifras que parten desde los 3.000 d¨®lares (unos 12 millones de pesos colombianos). La ausencia de reglas es un vac¨ªo peligroso en el que cabe todo. La abogada Mar¨ªa Cristina Hurtado dec¨ªa a este diario en febrero: ¡°Esto es un negocio multinacional que produce casi tanta plata como la pornograf¨ªa. Los lobbies que est¨¢n detr¨¢s son las cl¨ªnicas de reproducci¨®n asistida y las parejas extranjeras que en Estados Unidos o Europa que compran ni?os por 60.000 d¨®lares y aqu¨ª no les cuesta casi nada¡±.

Diana Roc¨ªo Bernal, directora de la Maestr¨ªa en Bioderecho y Bio¨¦tica de la Universidad del Rosario, considera que, dado que el Legislativo en Colombia es ¡°muy retardatario¡± para avanzar en este tipo de temas, con la gestaci¨®n subrogada va a terminar pasando, desde su punto de vista, lo mismo que con la muerte digna y con el aborto ¨Dsobre los que no hay ley¨D: ¡°Que, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, los dem¨¢s ¨®rganos administrativos terminen expidiendo resoluciones¡±. Tambi¨¦n explica que la decisi¨®n de la Corte en este caso obedece a una mirada contextual: ?c¨®mo le niegan la nacionalidad a una menor de un pa¨ªs que est¨¢ en conflicto? ¡°El riesgo de que no tuviera nacionalidad era evidente¡±, dice. Por eso, se apela a la excepci¨®n de inconstitucionalidad para decir que, si bien la ley establece un requisito, no se le puede dar cumplimiento porque afecta al inter¨¦s superior de un ni?o.

La abogada tambi¨¦n explica que, entre l¨ªneas, se puede leer la sentencia de la Corte como una postura de aceptaci¨®n de la pr¨¢ctica, ante la ausencia de legislaci¨®n sobre la gestaci¨®n subrogada. No obstante, matiza que no significa tampoco una v¨ªa libre: ¡°La Corte no dice que est¨¢ bien que el se?or contrate, ni que est¨¢ bien la gestaci¨®n subrogada, ni que haya que proteger los contratos. Lo que dice es que, en este caso, ya se hizo, se reconoce que es una realidad y hay que ver c¨®mo se protegen los derechos de los menores que nacen por esta v¨ªa¡±. Es decir: no se est¨¢ pensando en el derecho a tener hijos por esa v¨ªa, sino en la necesidad de reconocer los derechos de los ni?os que en todo caso ya nacieron a trav¨¦s de esa pr¨¢ctica.

Bernal considera que la gestaci¨®n subrogada deber¨ªa permitirse y reglamentarse en Colombia. Observa ciertos defectos en las posturas prohibicionistas: ¡°La prohibici¨®n absoluta no va a evitar la pr¨¢ctica realmente¡±. A?ade que, si bien entiende los riesgos de explotaci¨®n, no se debe negar la postura de cada mujer al respecto: ¡°No puedo creer que pensemos que una mujer no tenga la capacidad de tomar la decisi¨®n. Me parece que hay un riesgo de infantilizar sus decisiones¡±. Otro problema que observa es que la prohibici¨®n puede acarrear pr¨¢cticas ilegales, desde la clandestinidad hasta disfrazar situaciones para hacer pasar como pareja a una mujer contratada para una gestaci¨®n subrogada, con todos los riesgos cl¨ªnicos que eso implica. Adem¨¢s, dice, al prohibir la pr¨¢ctica, tampoco puede haber un control efectivo de ella.

Cree tambi¨¦n que autoridades como el ICBF, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de la Igualdad deber¨ªan vigilar los procesos de gestaci¨®n subrogada y los contratos. Aunque tambi¨¦n identifica un nuevo escenario de discriminaci¨®n: ¡°Tenemos ni?os en situaci¨®n de adoptabilidad y nadie mira para all¨¢. Preferir siempre el ¨²tero podr¨ªa generar un riesgo de afectaci¨®n a derechos de otros ni?os¡±, dice. Aclara, sin embargo, que, en caso de que se regularice, debe ponerse mucha atenci¨®n al aspecto econ¨®mico ante el riesgo de que se convierta en un negocio. ¡°Que no vaya a haber titulares que hablen de ¡®El oro de los ¨²teros¡¯, que en Colombia hay un emprendimiento de ¨²teros, no puede ser as¨ª, porque hay unos riesgos de explotaci¨®n econ¨®mica muy fuertes¡±.

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