La fiscal pone un acelerador al punto ciego de la justicia transicional: los terceros civiles en el conflicto armado

La responsabilidad de empresarios, pol¨ªticos y civiles en el conflicto armado colombiano es el cap¨ªtulo menos claro y sobre el que pesan m¨¢s deudas de la justicia. Durante la conmemoraci¨®n por los 19 a?os del sistema de Justicia y Paz, un mecanismo creado en 2004 con la desmovilizaci¨®n de los paramilitares, la fiscal general de la Naci¨®n, Luz Adriana Camargo, dijo que priorizar¨¢ ¡°desmontar la impunidad¡± en esos procesos y destinar¨¢ m¨¢s recursos para que los fiscales que tienen a cargo esos expedientes puedan sacar adelante las investigaciones. Su anuncio podr¨ªa destrabar los procesos judiciales contra quienes aportaron a la guerra con dinero, influencias o poder.

¡°Desde la Fiscal¨ªa General de hoy somos conscientes que las principales deudas del modelo de Justicia y Paz, con la sociedad, se concentran en la falta de resultados en la investigaci¨®n de los financiadores del paramilitarismo, en la persecuci¨®n de bienes con fines de reparaci¨®n a las v¨ªctimas, y en el hallazgo de las v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada¡±, dijo la fiscal. Una de sus prioridades entonces, para el primer punto: ¡°judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder econ¨®mico¡±.

La nueva fiscal general no es ajena a estos temas. Gran parte de su trayectoria en el mundo judicial fue como fiscal de casos de parapol¨ªtica, y luego como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevan a cabo las investigaciones a los congresistas y al alto Gobierno. Por eso, su intervenci¨®n en la conmemoraci¨®n por los 19 a?os del sistema de Justicia y Paz representaba, para muchos, un adelanto de lo que puede pasar durante los pr¨®ximos a?os de su mandato con los expedientes de paras. Para lograrlo, dijo este martes, tendr¨¢n que depurar m¨¢s de 700 compulsas de copias y ordenar pruebas para corroborar lo que han dicho los exintegrantes.

Fuentes de la Fiscal¨ªa le confirmaron a este diario que se trata de una de las apuestas m¨¢s grandes y ambiciosas de Camargo, que no busca quitarle los procesos al sistema de Justicia y Paz, sino ¡°fortalecer el equipo interno para darle celeridad a los casos que se encuentran represados y que no se han resuelto¡±. Pero, adem¨¢s, buscar¨¢n priorizar los resultados de las investigaciones a los terceros responsables ¡°con mayores recursos econ¨®micos¡±, es decir, el gremio empresarial.

Su anuncio de responsabilizar a los terceros civiles, y especialmente a los m¨¢s adinerados, llega poco despu¨¦s de la hist¨®rica decisi¨®n contra la multinacional bananera Chiquita Brands el 10 de junio pasado, cuando un juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), la conden¨® a pagar una millonaria indemnizaci¨®n a ocho v¨ªctimas del conflicto colombiano. La decisi¨®n judicial se?alaba que los dineros que la empresa pag¨® peri¨®dicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron utilizados por los paramilitares para cometer cr¨ªmenes de guerra como homicidios, secuestros, desapariciones, torturas y extorsiones. Es decir que, con recursos de una empresa privada, se financi¨® parte de la guerra que desangr¨® al pa¨ªs.

Algunas de las pruebas que se sumaron al expediente fueron las mismas confesiones de exparamilitares como Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC; ?ver Veloza, conocido como HH; o Ra¨²l Emilio Hazb¨²n, alias Pedro Bonito, quienes han dicho ante jueces colombianos y estadounidenses que hubo varias empresas que financiaron su accionar terrorista. Mancuso, quien el 10 de julio pasado recobr¨® su libertad luego de pasar 18 a?os en prisi¨®n, ha dicho en audiencias p¨²blicas que empresas bananeras de la subregi¨®n del Urab¨¢ antioque?o, Ecopetrol, la minera Drummond y multinacionales como Coca Cola, Bavaria y Postob¨®n pusieron dinero que sirvi¨® para que el m¨²sculo de la guerra paramilitar se fortaleciera en Colombia. Ahora, que recobr¨® su libertad, el excomandante paramilitar ha dicho estar comprometido a dar las pruebas para que estos procesos contra los terceros civiles contin¨²en. La fiscal general est¨¢ dispuesta a escuchar. El actuar de las AUC se consolid¨®, en parte, gracias al m¨²sculo financiero que aportaron civiles.

La chequera que llegaron a tener los paras, seg¨²n Salvatore Mancuso, estaba determinada por los ¡°impuestos¡± que le pon¨ªan a las empresas de los territorios. Aunque los exparas han sido enf¨¢ticos en decir que s¨ª impusieron pagos a las empresas, la justicia tambi¨¦n ha determinado que las compa?¨ªas, lejos de denunciar las extorsiones o frenar sus ventas o servicios en esas zonas, continuaron con operaciones rentables en medio de un escenario de dolor y violencia para las v¨ªctimas.

Mancuso, en una de sus declaraciones ante la JEP, dijo por ejemplo que Postob¨®n deb¨ªa pagarles en el a?o 2000 unos 10 millones de pesos mensuales (cerca de 2.500 d¨®lares), y que el acuerdo con Bavaria era pagar 1.000 pesos (0,25 d¨®lares) por cada caja de cerveza vendida en los territorios donde ellos operaban.

Los terceros civiles que no entraron en el acuerdo de paz con las FARC

La fiscal est¨¢ poniendo el acelerador en uno de los temas m¨¢s sensibles de la justicia transicional. El asunto de judicializar a quienes fuera de las armas contribuyeron directamente al conflicto armado interno ha estado presente en todos los procesos de paz ¡ªlos firmados y los fallidos¡ª.

Lo sensible del tema qued¨® en evidencia en las negociaciones de paz del Gobierno de Colombia con la antigua guerrilla de las FARC, en La Habana (Cuba), durante la presidencia de Juan Manuel Santos. En un principio qued¨® determinado que los pol¨ªticos, empresarios o funcionarios que hayan tenido alg¨²n tipo de responsabilidad en la guerra deb¨ªan rendir cuentas ante la JEP. Es decir que, inmediatamente despu¨¦s de la creaci¨®n de ese tribunal de paz, sus expedientes ser¨ªan compulsados all¨ª de manera autom¨¢tica. Sin embargo, en 2017, cuando la Corte Constitucional emiti¨® una sentencia sobre el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicci¨®n de Paz, eliminaron la obligatoriedad de que los terceros comparecieran all¨ª.

La decisi¨®n del alto tribunal de modificar ese art¨ªculo revivi¨® las molestias que, durante los casi seis a?os de di¨¢logos, hubo entre los negociadores y las v¨ªctimas del conflicto, que reclamaban que los empresarios y pol¨ªticos tambi¨¦n eran actores de la guerra. En su momento, uno de los m¨¢s fuertes opositores a que los terceros tuvieran que comparecer de manera obligatoria fue Germ¨¢n Vargas Lleras, el presidente del partido Cambio Radical, y quien lleg¨® a decir que la JEP no pod¨ªa convertirse en una ¡°cacer¨ªa de brujas¡± contra las empresas que estaban en los territorios y que, seg¨²n ¨¦l, se vieron obligadas a pagar las ¡°vacunas¡± o ¡°impuestos de guerra¡± a los grupos ilegales. Eso, pese a que en el mismo acuerdo de paz fueron enf¨¢ticos en explicar que los financiadores procesados ser¨ªan aquellos a quienes se les demostrara una participaci¨®n activa y sistem¨¢tica en la comisi¨®n de delitos de la guerrilla.

Hasta junio pasado, con casi siete a?os de funcionamiento, la JEP ha recibido a 184 terceros civiles y agentes del Estado (distinto a la Fuerza P¨²blica) que est¨¢n rindiendo cuentas ante el tribunal de forma voluntaria. Una de las diligencias judiciales m¨¢s documentadas de la JEP este a?o fue la de Carlos Eduardo Reyes, exdirector del Incoder, una antigua entidad del Estado encargada de la administraci¨®n de tierras en Colombia, en la que dijo que hubo predios obtenidos irregularmente llegaron a ponerlos a nombre de testaferros de los paramilitares. Esas verdades, aunque se han abierto parcialmente, todav¨ªa est¨¢n por conocerse. La fiscal las tiene en la mira.

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