La Corte Suprema de Justicia inspecciona la sede del Ministerio de Hacienda por la trama de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia inspeccion¨® el martes la sede del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogot¨¢, como parte de su investigaci¨®n por el caso de corrupci¨®n de la Unidad para la Gesti¨®n del Riesgo de Desastres (UNGRD), seg¨²n ha informado la misma cartera este mi¨¦rcoles en un escueto comunicado. De acuerdo con el escrito, la visita fue atendida por varios equipos del ministerio y, tras la inspecci¨®n, ¡°entreg¨® a los delegados los elementos que fueron solicitados¡±. La visita incluy¨® tambi¨¦n la casa de Andrea Ram¨ªrez, una antigua enlace de la cartera con el Congreso, tambi¨¦n se?alada en el caso. El ministerio estuvo encabezado hasta el mi¨¦rcoles pasado por Ricardo Bonilla, se?alado por tres funcionarios de haber participado en el entramado corrupto. De momento, la Sala de Instrucci¨®n del alto tribunal no ha informado de los resultados de las diligencias.

El caso de corrupci¨®n de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores problemas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. M¨¢s all¨¢ de la gravedad de los hechos, el entramado es llamativo por involucrar a funcionarios que han trabajado con el jefe del Estado desde mucho antes de su llegada al poder. Bonilla es el principal de ellos. A pesar de que Petro le ha expresado su confianza incluso despu¨¦s de las acusaciones, la semana pasada le pidi¨® la renuncia a su cargo como ministro para que se defendiera sin afectar al funcionamiento de una de las carteras clave para el proyecto pol¨ªtico de este cuatrienio. El ahora exministro, que ten¨ªa en sus manos la defensa de una enredada pero fundamental reforma tributaria, ha declarado de forma reiterada ser inocente.

Las acusaciones contra el economista, sin embargo, han causado mucho ruido. En julio pasado, Olmedo L¨®pez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector bajo L¨®pez, se?alaron al por entonces ministro ante la Corte Suprema de haber ordenado el ofrecimiento de contratos de la entidad a congresistas a cambio de obtener votos que sirvieran al Gobierno en el Legislativo. Y el pasado 2 de diciembre, Mar¨ªa Alejandra Benavides, quien fue reemplazo temporal de Ram¨ªrez en las relaciones con los congresistas, dijo que a finales de 2023 su entonces jefe trat¨® de dirigir millones de pesos a la UNGRD para canalizarlos a la comisi¨®n de cr¨¦dito p¨²blico del Congreso, con la que el Ministerio de Hacienda tiene un v¨ªnculo constante, pues requiere de sus avales para aumentar el techo de la deuda del Estado. Benavides dice haber actuado por indicaciones de Ram¨ªrez.

Tras las denuncias, la Sala de Instrucci¨®n de la Corte Suprema, que se encarga de investigar a los congresistas, anunci¨® el inicio de una pesquisa contra los seis parlamentarios que conforman la mencionada comisi¨®n por presuntamente participar del entramado: ¡°Los investigados, como miembros de la Comisi¨®n Interparlamentaria de Cr¨¦dito P¨²blico (CICP), habr¨ªan aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de cr¨¦dito p¨²blico presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de d¨¢divas que se materializar¨ªan en contratos de la UNGRD¡±. Se trata de los senadores Wadith Manzur (cordob¨¦s, del Partido Conservador), Liliana Bitar (cordobesa, tambi¨¦n del Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (risaraldense, del Partido Liberal); y los representantes Juli¨¢n Peinado (antioque?o, Partido Liberal), Karen Manrique (representa a las v¨ªctimas de Arauca y pertenece a un movimiento independiente) y Juan Diego Mu?oz (metense, Alianza Verde, ya no est¨¢ en el Congreso). Todos han acudido ya a las audiencias ante la Corte y han guardado silencio.