Las oportunidades y los desaf¨ªos de la reforma al SGP para los municipios y departamentos m¨¢s rezagados del pa¨ªs

La reciente aprobaci¨®n de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) por el Congreso de la Rep¨²blica marca un hito en la pol¨ªtica fiscal y territorial de Colombia. A partir de 2027, y durante un periodo de 12 a?os, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Naci¨®n (ICN) transferido a las entidades territoriales aumentar¨¢, gradualmente, del actual valor cercano al 27% al 39,5%. Este incremento se proyecta teniendo en cuenta que desde 2024 y hasta 2026 los recursos del SGP han crecido significativamente, tal y como lo demuestra el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que situar¨ªa su participaci¨®n en valores cercanos al 29% al iniciar lo ordenado por la reforma constitucional y tendr¨ªan una tasa de crecimiento de 0,87 puntos porcentuales de los ICN al a?o, hasta llegar al 39,5%. Con ello se busca fortalecer la autonom¨ªa fiscal de municipios, distritos y departamentos, destinando mayores recursos a servicios esenciales como educaci¨®n, salud, agua potable, saneamiento b¨¢sico e infraestructura.

Aunque el cambio promete significativos beneficios, tambi¨¦n genera preocupaciones leg¨ªtimas sobre su sostenibilidad fiscal. Seg¨²n el Comit¨¦ Aut¨®nomo de la Regla Fiscal, incrementar las transferencias al 39,5 % de los ICN podr¨ªa generar presiones fiscales que requieran reformas tributarias adicionales. Tambi¨¦n podr¨ªa llevar la deuda p¨²blica a niveles insostenibles, superando el 71% del PIB y complicando el cumplimiento de la regla fiscal. Estas preocupaciones deber¨¢n abordarse en la Ley de Competencias, que el Congreso y el Gobierno tienen un a?o para tramitar, definiendo las nuevas responsabilidades de los territorios en concordancia con los recursos asignados.

La reforma al SGP abre una ventana de oportunidades para municipios hist¨®ricamente rezagados, como Guapi y Buenaventura, o departamentos como Choc¨® y La Guajira. Con los recursos adicionales, estas regiones podr¨ªan implementar pol¨ªticas p¨²blicas orientadas a cerrar brechas socioecon¨®micas, mejorar la calidad de vida y fortalecer su desarrollo local. Sin embargo, estas oportunidades depender¨¢n en gran medida de la capacidad administrativa y t¨¦cnica de las entidades territoriales para gestionar eficientemente los nuevos fondos.

En este sentido, la reforma tambi¨¦n plantea retos significativos. Aumentar los recursos no garantiza, por s¨ª solo, la soluci¨®n a los problemas estructurales de estas regiones. Su capacidad limitada para ejecutar de manera efectiva nuevas partidas presupuestales genera dudas sobre su preparaci¨®n para asumir estas nuevas responsabilidades. El ¨¦xito de la reforma estar¨¢ condicionado al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, distritos y departamentos. No bastar¨¢ la contrataci¨®n de m¨¢s personal a nivel local; es esencial implementar programas que fortalezcan la presencia territorial de entidades como la Escuela Superior de Administraci¨®n P¨²blica (ESAP), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de V¨ªas (INV?AS), entre otras, posicionando profesionales directamente en las regiones para operar de manera eficiente y efectiva.

Esta descentralizaci¨®n podr¨ªa implicar que la Naci¨®n mantenga el manejo de los recursos pero descentralice su ejecuci¨®n, es decir, que no solo transfiera dinero, sino tambi¨¦n capacidades de trabajo. Esto fortalecer¨ªa las capacidades institucionales regionales mediante profesionales vinculados a nivel nacional operando directamente en los diversos territorios. Este modelo no es novedoso; un ejemplo claro se encuentra en el sector educativo, donde la unificaci¨®n de los docentes bajo una sola vinculaci¨®n nacional fue uno de los pilares de la primera reforma constitucional al SGP. Lo mismo podr¨ªa aplicarse a otros sectores, fortaleciendo la capacidad real y efectiva de respuesta en las regiones con mayores desigualdades socioecon¨®micas.

En esa misma v¨ªa, otro aspecto cr¨ªtico ser¨¢ determinar qu¨¦ competencias deben ser descentralizadas. Si bien la transferencia de responsabilidades es una soluci¨®n l¨®gica que permite avanzar con las promesas de la Constituci¨®n, surgen desaf¨ªos de eficacia y eficiencia para garantizar el goce efectivo de los derechos en las regiones con mayores desaf¨ªos institucionales. La salud, la justicia o la defensa se han gestionado desde el gobierno central debido a las econom¨ªas de escala. Que el Gobierno nacional deje de invertir en la salud del Choc¨® para transferirle esos dineros, por ejemplo, podr¨ªa resultar retador si, al ser ejecutados por el departamento, los costos se incrementan significativamente. En estos casos, para que no se debiliten los potenciales beneficios de la reforma, la descentralizaci¨®n debe definir procesos y procedimientos que reconozcan el impacto de siglos de desventajas en las regiones hist¨®ricamente menos favorecidas para que la nueva ejecuci¨®n no resulte m¨¢s costosa y menos efectiva.

Adicionalmente, para garantizar que los recursos adicionales sean utilizados de manera eficiente, las entidades de control deber¨¢n ejercer una auditor¨ªa m¨¢s estricta. Esto constituye un aspecto central a abordar en el marco de la reforma legal, encargada de concretar las aspiraciones del texto aprobado y garantizar que el incremento del gasto se traduzca, de manera efectiva, en las transformaciones en materia de desarrollo social y territorial que lo motivaron. Es pertinente incluir propuestas como la creaci¨®n del Fondo de Convergencia Econ¨®mica Territorial (FECET). Este fondo, sugerido por la Misi¨®n de Descentralizaci¨®n, puede proporcionar recursos adicionales para potenciar las capacidades productivas de los territorios seg¨²n sus vocaciones, contribuyendo a la convergencia regional. Adem¨¢s, ayudar¨ªa a corregir la debilidad recaudatoria de los departamentos, cuyas bases tributarias son fr¨¢giles y han perdido dinamismo en las ¨²ltimas d¨¦cadas.

La reforma al SGP representa una oportunidad hist¨®rica para los territorios m¨¢s rezagados del pa¨ªs, pero tambi¨¦n plantea desaf¨ªos que no pueden ser ignorados. Para que este cambio cumpla con sus objetivos de equidad, justicia social y desarrollo regional, ser¨¢ esencial fortalecer las capacidades institucionales, establecer mecanismos de control rigurosos y evaluar cuidadosamente las competencias a descentralizar. Solo con un enfoque integral y t¨¦cnicamente s¨®lido se podr¨¢ evitar que la cura resulte peor que la enfermedad.