Gustavo Galv?o, fiscal de Tabatinga: ¡°Los delitos ambientales en la triple frontera entre Brasil, Per¨² y Colombia no est¨¢n siendo castigados¡±

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La triple frontera amaz¨®nica entre Brasil, Colombia y Per¨² se ha convertido en un foco de delitos, muchos de ellos ambientales. La extensi¨®n del territorio sumado a que es una zona de tres pa¨ªses, pero tambi¨¦n de nadie, le ha dado la oportunidad a el crimen organizado de desarrollarse, fortalecerse y cooperar . ¡°En Brasil tenemos 500 kil¨®metros de frontera, as¨ª que el reto es c¨®mo auditarla¡±, se pregunta Gustavo Galv?o, fiscal de Tabatinga y jefe de la cuarta Oficina Especial de Amaz?nia Protege, un proyecto ideado por el Ministerio P¨²blico Federal que tiene como objetivo combatir la deforestaci¨®n ilegal en la selva amaz¨®nica brasile?a.

Entre los panelistas y asistentes que hicieron parte del V Foro Internacional de Delitos Ambientales que convoc¨® la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, celebrado en Villavicencio, Colombia, Galv?o est¨¢ entre los de la corriente que defienden que la regi¨®n necesita legislaciones con penas m¨¢s severas frente a la deforestaci¨®n, la miner¨ªa y la pesca ilegal, los principales delitos ambientales que se registran en la zona. ¡°Son cr¨ªmenes que est¨¢n relacionados con homicidios, corrupci¨®n, tr¨¢fico de drogas y violaciones¡±, asegura en entrevista con Am¨¦rica Futura. ¡°Por esto, la forma de atacarlo, desde mi punto de vista, es sofocar sus actividades financieras y con penas m¨¢s fuertes¡±.

Pregunta. ?Qu¨¦ hace espec¨ªficamente el proyecto Amaz?nia Protege en el que est¨¢ vinculado?

Respuesta. Se trata de una iniciativa que usa im¨¢genes satelitales de la amazonia legal, junto al Instituto Brasile?o del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama), y las comparte con el Ministerio P¨²blico para responsabilizar de forma civil ¨Cno penal- a los deforestadores que han talado m¨¢s de 60 hect¨¢reas.

P. ?Y han logrado buenos resultados? En general, identificar a los autores intelectuales de la deforestaci¨®n no es f¨¢cil¡­

R. Hasta el momento, en esta etapa, lo que hemos logrado es identificar qui¨¦n es el due?o legal del predio, que casi nunca es el financiador del proyecto de deforestaci¨®n. ?Qu¨¦ pasa cuando lo identificamos? Que esa tierra vuelve a dominio p¨²blico y entra a iniciativas de reforestaci¨®n. El objetivo de Amaz?nia Protege no es identificar toda la cadena de deforestaci¨®n, porque eso est¨¢ m¨¢s del lado penal, sino detener la deforestaci¨®n. Es un proyecto que empez¨® en 2019 y que no tiene fecha de caducidad por ahora.

P. Lo habl¨® durante su panel. ?C¨®mo se est¨¢n relacionando y cooperando los grupos ilegales de los distintos pa¨ªses para cometer no solo delitos ambientales, sino otros?

R. Esa trazabilidad la ha hecho m¨¢s la polic¨ªa federal, pero lo que se sabe es que en la triple frontera, hay, m¨ªnimo, seis grupos criminales organizados. Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), de Brasil; el Carolina Ram¨ªrez y otras disidencias de las ex FARC, de Colombia; un cartel mexicano, y un grupo local, Os Cr¨ªas, que algunos dicen que todav¨ªa existen y otros que ya se acabaron. Para desarticularlos, creo yo, hay que sofocarlos, llev¨¢ndolos a la c¨¢rcel. Una persona que deforesta tambi¨¦n puede ser alguien que mata a ind¨ªgenas, que viola a mujeres y, si les dieran penas mayores, de 40 a?os, quiz¨¢ s¨ª pensar¨ªan m¨¢s si hacerlo. Pero hay un problema legislativo. Estos cr¨ªmenes no est¨¢n siendo castigados.

P. Tambi¨¦n ha hablado de asfixiarlos financieramente. ?C¨®mo se lograr¨ªa?

R. Es dif¨ªcil, porque, por ejemplo, la producci¨®n de coca¨ªna en Per¨² es la que abastece el crimen organizado en Brasil que, a su vez, deforesta y se refleja en la miner¨ªa ilegal tanto all¨¢ como en Colombia. As¨ª que toca entrar a ver la capacidad que tiene cada grupo. El PCC es muy fuerte, incluso ha financiado a estudiantes para que se conviertan en jueces p¨²blicos en S?o Paulo. Pero aqu¨ª, en la regi¨®n, ganan dinero de tr¨¢fico de droga y de la explotaci¨®n de madera m¨¢s hac¨ªa la parte de Colombia. As¨ª que lo que se necesita es una colaboraci¨®n internacional. Incluso una policial y de inteligencia entre los tres pa¨ªses para entender sus din¨¢micas.

P. De hecho, el a?o pasado, cuando los jefes de los pa¨ªses se reunieron para re impulsar el Tratado de Cooperaci¨®n Amaz¨®nica, se acord¨® establecer un centro de cooperaci¨®n policial en Manaos. En este Foro nos adelantaron que ya se est¨¢ construyendo. ?Qu¨¦ espera de esto?

R. Me enter¨¦ de esta iniciativa durante el Foro y pienso que es magn¨ªfico. Creo que si ese centro logra poner reglas muy claras para que los pa¨ªses puedan compartir informaci¨®n de pruebas, sin que eso las anule, habr¨¢ un avance. Hay que hacer m¨¢s f¨¢cil que la polic¨ªa de los tres pa¨ªses pueda compartir informaci¨®n de inteligencia. Por ejemplo, que si un polic¨ªa federal de Brasil atrapa a un colombiano y este sabe d¨®nde hay un galp¨®n de drogas en Per¨², el polic¨ªa brasile?o pueda comunicarse directamente con la Polic¨ªa de Per¨², sin necesidad de pasar por sus jefes o sus superiores. De volverlo un asunto de cooperaci¨®n internacional. Eso ser¨ªa un gran salto.

P. En este Foro se ha hablado mucho de justicia restaurativa para los delitos ambientales. De sanciones y multas. Usted, sin embargo, incluso habl¨® del modelo de Nayib Bukele. ?C¨®mo se imagina un modelo as¨ª son que viole los derechos humanos o genere abusos?

R. S¨¦ que es un tema sensible, pero es que hay una corriente de minimalismo penal que solo funciona para delitos de poco impacto. Y en la triple frontera estamos hablando de homicidios, de delitos ambientales a gran escala. As¨ª que el derecho penal tiene que actuar de forma m¨¢s r¨ªgida. ?C¨®mo hacerlo sin violar los derechos humanos? Bueno, la verdad es que no es dif¨ªcil: la persona debe tener derecho a un abogado y a defenderse frente a un juez imparcial. Lo que argumento yo es que se necesita una ley con un tratamiento penal m¨¢s duro.