Miner¨ªa delincuencial, militarizaci¨®n y desaf¨ªos ind¨ªgenas en la crisis ecuatoriana

No fue con sorpresa, sino con pesar, que presenci¨¦ la sucesi¨®n de noticias sobre la violencia en las ciudades ecuatorianas. Hace apenas tres semanas hab¨ªa regresado del pa¨ªs, luego de iniciar la filmaci¨®n de mi pr¨®ximo documental. En este momento, en el ¨¢mbito global, Ecuador es observado como una naci¨®n al borde de un abismo social, con consecuencias que se extienden por todo el pa¨ªs, afectando especialmente a los sectores m¨¢s vulnerables del campo y la ciudad, empobrecidos y discriminados hist¨®ricamente, las comunidades ind¨ªgenas, negras y montubias, las comunidades de pescadores y recolectoras de los manglares y campesinas de la sierra y de la costa.

La compleja realidad que enfrenta el Ecuador de hoy, supuesto estado de ¡°conflicto armado interno¡±, declarado as¨ª oficialmente por el Gobierno para justificar una guerra interna contra 22 organizaciones delictivas, es la expresi¨®n de la larga y penosa fractura de tejidos sociales, la descomposici¨®n del Estado sumido en la corrupci¨®n y el modelo de desarrollo, sostenido sobre actividades extractivistas, aplicado a lo largo de m¨¢s de cincuenta a?os y en los ¨²ltimos 20 con mucha mayor vehemencia por cuatro gobiernos, que ha corrompido su institucionalidad, que ha sido secuestrada por intereses de grupos espec¨ªficos.

La reciente implosi¨®n del pa¨ªs y la intervenci¨®n de las fuerzas armadas para frenar la escalada de violencia busca, desde lo b¨¦lico, frenar la escala de violencia criminal que se expandi¨® a lo largo y ancho de su geograf¨ªa. Esta respuesta militar con sus complicaciones sociales y de vigencia del derecho, puede contener el crimen organizado, eliminando a los criminales de la calle y sus pandillas, lo que producir¨¢ un sensaci¨®n de alivio a la poblaci¨®n y una buena imagen al gobierno. Sin embargo, no resolver¨¢ el problema de fondo del crimen, pues la organizaci¨®n criminal y sus ra¨ªces est¨¢n enquistadas en el Estado, y sus m¨¢s altos funcionarios, en la Justicia y la Fuerza P¨²blica, en la Asamblea Nacional y en los partidos pol¨ªticos, verdaderas ¡°camorras¡± que sostienen al delito como conducta y ¨¦tica. En la econom¨ªa que se nutre de ella y de la corrupci¨®n que genera. En esa l¨ªnea, Ecuador ha tenido, en la dos ¨²ltimas d¨¦cadas tres expresidentes enjuiciados por corrupci¨®n, y m¨¢s de una decena de altos funcionarios, vicepresidentes, ministros, contralores, fiscales, generales, jueces, directores y bur¨®cratas, algunos pr¨®fugos, enjuiciados y sentenciados por corrupci¨®n.

La dolarizaci¨®n, si bien trajo estabilidad econ¨®mica, tambi¨¦n cre¨® condiciones propicias para el tr¨¢fico, el lavado de dinero y el comercio de droga, que han convertido a Ecuador en un territorio propicio para el narcotr¨¢fico y, por lo tanto, vulnerable. La infiltraci¨®n del narcotr¨¢fico dentro del Estado ecuatoriano se evidencia, por ejemplo, en el sonado ¡°caso met¨¢stasis¡±, una investigaci¨®n realizada por la Fiscal¨ªa General que tuvo como resultados la detenci¨®n de altos funcionarios como el presidente del Consejo de la Judicatura, m¨¢xima autoridad administrativa de la funci¨®n judicial del pa¨ªs, quien presuntamente us¨® su posici¨®n para favorecer a integrantes de los grupos narcodelictivos.

Frente a la profundizaci¨®n de la crisis carcelaria y el conflicto, la categorizaci¨®n de los grupos de delincuencia organizada como terroristas, la militarizaci¨®n del pa¨ªs y la pol¨ªtica de guerra ha sido la principal propuesta del gobierno, siendo cuestionada por organizaciones y personas expertas advirtiendo que no solo fortalecer¨¢ a los narcos, sino que aumentar¨¢ los conflictos y la violencia en zonas ya afectadas por esta problem¨¢tica, especialmente, en provincias como Esmeraldas y Guayas.

Respecto de las drogas, el Ecuador ha pasado en el ¨²ltimo cuarto de siglo de ser un pa¨ªs de tr¨¢nsito, a uno de dep¨®sito de lavado y, posteriormente, de lavado, comercio y exportaci¨®n. En los ¨²ltimos a?os Ecuador es el principal pa¨ªs exportador de droga a Europa, y en sus capitales se lavan en el sistema financiero, en la construcci¨®n y en la principal apuesta econ¨®mica de los ¨²ltimos gobiernos: la miner¨ªa.

La otra cara de la moneda, la miner¨ªa delincuencial realizada por grupos que tambi¨¦n se dedican al narcotr¨¢fico, se ha infiltrado en comunidades ind¨ªgenas y campesinas, convirti¨¦ndose en un foco de conflicto que ha alcanzado la regi¨®n amaz¨®nica y el sur de la sierra, aunque la costa se mantiene como epicentro de disputas territoriales. Nuevamente, la militarizaci¨®n propuesta por el Gobierno para enfrentar este problema, lejos de solucionarlo, profundizar¨¢ las brechas sociales, afectando principalmente a los m¨¢s vulnerables, como comunidades ind¨ªgenas y campesinas.

Las actividades de miner¨ªa delincuencial en Ecuador, financiadas por grupos delictivos como Los Choneros y Los Lobos, est¨¢n en aumento y representan una seria amenaza para la seguridad y los ecosistemas sensibles del pa¨ªs. Esta pr¨¢ctica se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para estas organizaciones criminales, facilitando la adquisici¨®n de armamento de calidad y en gran cantidad. La militarizaci¨®n de los territorios afectados se intensificar¨¢ a¨²n m¨¢s en situaciones de conflicto, como lo indica la actual situaci¨®n de guerra interna impuesta por el gobierno ecuatoriano. En Brasil, facciones criminales de R¨ªo de Janeiro y S?o Paulo infiltran la Amazonia brasile?a, cooptando a ribere?os e ind¨ªgenas. El narcotr¨¢fico busca controlar rutas y senderos para transportar drogas, afectando a comunidades locales. En la frontera con Per¨², el pueblo Ashaninka enfrenta amenazas persistentes. Adem¨¢s de antiguos problemas con madereros peruanos, el narcotr¨¢fico persiste y se intensifica, utilizando comunidades como puntos de ¡°reabastecimiento¡±. La ausencia estatal hace que las poblaciones se vuelvan vulnerables. Los l¨ªderes ind¨ªgenas deben resistir amenazas que han evolucionado hacia t¨¢cticas cada vez m¨¢s intimidantes. En las ciudades de la regi¨®n amaz¨®nicas, la violencia urbana se expande a comunidades, con robos recurrentes, mientras el narcotr¨¢fico se infiltra en actividades diversas con el fin de lavar dinero il¨ªcito.

La expansi¨®n de las llamadas actividades il¨ªcitas, necesitara siempre de una cobertura que los sostenga y les d¨¦ certeza y continuidad como actividad econ¨®mica; por lo tanto, el Estado y sus organismos, la pol¨ªtica y sus escenarios de leyes e instituciones de control son una necesidad. Por ello en el espacio pol¨ªtico, ciertos partidos han sido cooptados por la mafia, o se han convertido en paraguas para que el crimen organizado opere desde lo pol¨ªtico. El asesinato hace cinco meses de un candidato a la presidencia, es parte de esta b¨²squeda de control del Estado, forma de advertirle al Gobierno debe ser con ellos y no contra ellos.

Mientras esto sucede, el Gobierno ecuatoriano ha promovido una consulta popular, aparentemente destinada, entre otras cosas, a retomar el control de los territorios con miner¨ªa ilegal, pero que genera interrogantes sobre la real comprensi¨®n del conflicto de la miner¨ªa delincuencial, y la efectividad y claridad de la estrategia gubernamental para resolver el problema, pues, lejos de satisfacer las leg¨ªtimas pretensiones de las poblaciones locales afectadas por estas actividades, busca favorecer a los sectores empresariales alrededor de la miner¨ªa. Esta falta de coherencia en la acci¨®n gubernamental aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecuador, especialmente en relaci¨®n con la gesti¨®n de las violencias y sus impactos en comunidades ind¨ªgenas y campesinas.

En este contexto, la Confederaci¨®n de Nacionalidades ind¨ªgenas de la Amazon¨ªa Ecuatoriana (Confeniae) y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se han pronunciado por la defensa de los derechos territoriales y culturales. Con once nacionalidades y 23 pueblos, la Confeniae ha liderado hist¨®ricamente la lucha por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Su reciente pronunciamiento, emitido el pasado 5 de enero a trav¨¦s de Facebook, rechaza vehementemente el Plan F¨¦nix propuesto por el presidente Daniel Noboa, su m¨¢xima estrategia para enfrentar la situaci¨®n de inseguridad que se vive en el pa¨ªs.

El Plan F¨¦nix busca establecer una mega c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad en la provincia amaz¨®nica de Pastaza, que ha generado preocupaci¨®n y oposici¨®n por parte de la Confeniae. El pronunciamiento destaca la violaci¨®n de los derechos a la consulta previa, libre e informada, y al consentimiento de las nacionalidades que habitan los territorios de Pastaza. Adem¨¢s, critica la explotaci¨®n hist¨®rica de la Amazon¨ªa ecuatoriana por parte de diversos gobiernos, que han extra¨ªdo recursos naturales bajo la falsa promesa de progreso, causando profundos da?os ambientales y de salud.

La Confeniae enfatiza que los territorios ind¨ªgenas no deben convertirse en ¡°zonas de sacrificio¡± en medio de la crisis de inseguridad del pa¨ªs. La construcci¨®n de m¨¢s c¨¢rceles, como la propuesta en el Plan F¨¦nix, no aborda las causas estructurales de las injusticias y desigualdades sociales. La falta de transparencia en las declaraciones del presidente Noboa sobre el proyecto penitenciario genera dudas y preocupaciones adicionales. Las comunidades ind¨ªgenas no pueden ser relegadas a un segundo plano de la manera como el Gobierno aborda estos desaf¨ªos. Dado que son ellas quienes se encuentran en primera l¨ªnea, deben tener un asiento en la mesa para el dise?o de soluciones.

Impactos en las comunidades ind¨ªgenas y campesinas

El riesgo asociado con la miner¨ªa ilegal y la militarizaci¨®n como respuesta principal es especialmente preocupante para las comunidades ind¨ªgenas, principalmente los territorios de la naci¨®n Shuar, y las comunidades campesinas del sur del Ecuador. La militarizaci¨®n no solo amenaza derechos colectivos como la autodeterminaci¨®n y el autogobierno, sino que tambi¨¦n genera preocupaciones ambientales.

Los planes del Gobierno podr¨ªan convertir a los territorios de las comunidades ind¨ªgenas con miner¨ªa ilegal en puntos clave de conflicto, enfrentamiento y lucha entre las Fuerzas Armadas y los grupos delictivos. Este probable escenario no solo implicar¨ªa riesgos sociales para estas comunidades, sino que tambi¨¦n tendr¨ªa consecuencias ecol¨®gicas ya que estos territorios albergan una alta biodiversidad y ecosistemas sensibles.

La consulta popular ha recibido fundamentadas cr¨ªticas y ha generado serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno para abordar la complejidad de la situaci¨®n. Los objetivos gubernamentales de retomar el control de la situaci¨®n de seguridad en los distintos territorios puede chocar con la realidad, especialmente si la consulta no se traduce en acciones realmente efectivas. La falta de claridad en la estrategia gubernamental y la inclinaci¨®n hacia una pol¨ªtica de confrontaci¨®n y militarizaci¨®n generan incertidumbre y fuertes preocupaciones sobre el futuro de Ecuador.

Riesgos de una pol¨ªtica de guerra contra el narcotr¨¢fico

La pol¨ªtica actual del Gobierno, que apunta hacia una guerra contra el narcotr¨¢fico, deriva en riesgos significativos. Experiencias pasadas en pa¨ªses como M¨¦xico y Colombia demuestran que esta estrategia no erradica el narcotr¨¢fico y, en cambio, fortalece a los grupos delictivos y sus econom¨ªas criminales. La posible falta de capacidad del Gobierno para abordar efectivamente la situaci¨®n y la insistencia en esta pol¨ªtica amenazan con sumir al pa¨ªs en un escenario desgarrador y desgobernado.

Por otro lado, la intenci¨®n del gobierno es replicar lo m¨¢s posible el supuesto ¨¦xito del modelo Bukele como panacea para la situaci¨®n del pa¨ªs mientras que voces expertas han alertado que eso ni es recomendable ni es posible. Medidas como la construcci¨®n de mega c¨¢rceles no atienden el problema de manera estructural y corren el riesgo de profundizarlo.

Una de las ¨²ltimas decisiones del Gobierno ha sido la de remitir a la Asamblea Nacional del Ecuador un proyecto de ley de urgencia econ¨®mica que pretende subir el I.V.A del pa¨ªs del 12 % al 15 %, medida con la que pretende aumentar la recaudaci¨®n para poder financiar su pol¨ªtica de guerra. La decisi¨®n ahora reposa en la funci¨®n legislativa que en d¨ªas anteriores manifest¨® su apoyo al presidente en su lucha contra el narcotr¨¢fico, pero que se pone a prueba con esta medida que ha sido muy cuestionada y rechazada por sectores sociales como la Confederaci¨®n de Nacionalidades ind¨ªgenas del Ecuador (Conaie) y que ha sido calificada como una medida impopular. El Gobierno ha decidido trasladar el coste de sus pol¨ªticas de guerra a la poblaci¨®n, afectando nuevamente a los m¨¢s empobrecidos, pero semanas atr¨¢s decidi¨® condonar, por medio de otra ley de su iniciativa, a grandes deudores del fisco ecuatoriano, incluyendo a empresas pertenecientes a su familia, una de las m¨¢s ricas del pa¨ªs y la regi¨®n.

Llamado a la reflexi¨®n y acci¨®n

En medio de estos desaf¨ªos es crucial reflexionar sobre el impacto en las minor¨ªas, especialmente las comunidades ind¨ªgenas y campesinas. La ¨¦lite ecuatoriana y otros sectores privilegiados pueden mantener su estatus y mayores condiciones de seguridad, pero la agenda militarizante del gobierno afectar¨¢ directamente a las comunidades m¨¢s vulnerables. ?C¨®mo se desarrollar¨¢ esta situaci¨®n y qu¨¦ medidas se tomar¨¢n para proteger a las poblaciones m¨¢s precarizadas del Ecuador? La respuesta a esta pregunta es vital para el futuro de Ecuador.

El camino que Ecuador elija seguir tendr¨¢ consecuencias significativas. La militarizaci¨®n, la miner¨ªa delincuencial y la pol¨ªtica de confrontaci¨®n plantean riesgos sustanciales, pero la resistencia social, la solidaridad y la adopci¨®n de enfoques inteligentes y pluralistas pueden ser la clave para construir un futuro m¨¢s justo y seguro para todas las comunidades del pa¨ªs

Por su parte, en respuesta a esta amenaza, la Confeniae ha convocado a una caminata pac¨ªfica en rechazo a la construcci¨®n de la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad en Pastaza, invitando a todos los sectores sociales a unirse en nombre del ¡°buen vivir¡±. Este llamado a la resistencia pac¨ªfica destaca la importancia de la solidaridad entre los diversos sectores de la sociedad para enfrentar los desaf¨ªos actuales.

La intersecci¨®n de la miner¨ªa delincuencial, la militarizaci¨®n y la resistencia Ind¨ªgena presenta un panorama complejo y cr¨ªtico para Ecuador. El Gobierno se enfrenta a la tarea de abordar estos problemas de manera integral, considerando las voces y preocupaciones de comunidades ind¨ªgenas y otros sectores afectados. El camino que elija el pa¨ªs tendr¨¢ consecuencias significativas para su futuro y la protecci¨®n de sus ciudadanos.

Cambiar el rumbo del pa¨ªs exige no solo enfrentar la amenaza del narcotr¨¢fico sino tambi¨¦n transformar un Estado afectado por la corrupci¨®n. La falta de una visi¨®n de pa¨ªs y la priorizaci¨®n de intereses grupales sobre el bien com¨²n han contribuido a la actual crisis. Ecuador no solo enfrenta una crisis interna, sino tambi¨¦n una batalla por la integridad institucional y la construcci¨®n de una visi¨®n de pa¨ªs desde la realidad de ser un Estado plurinacional.

Como me mencion¨® un amigo y director de cine ecuatoriano hace un par de semanas, en Ecuador, el cine de ficci¨®n no se ha encarnado tanto como el cine documental. La realidad que vive el pa¨ªs en estos momentos dista mucho de la ficci¨®n; es m¨¢s bien el m¨¢s aut¨¦ntico cin¨¦ma v¨¦rit¨¦ de Am¨¦rica Latina.

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